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Una serie de expedientes administrativos que tocan de forma directa a las campañas de dos de los candidatos con mayor intención de voto, y a quienes el grueso de la opinión identifica como los representantes de los dos polos que con más fuerza se disputan el poder, sacudieron una agitada campaña. Incluso, se llegó al punto de que sirvieron de base para reeditar una fuerte polémica institucional derivada de las acciones de algunas entidades.
Las dos fuerzas a las que les llegó este envión son las que rodean al senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) y al abogado Abelardo De la Espriella (Defensores de la Patria), cuyas actuaciones proselitistas —aunque solo en una parte— están siendo verificadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Es la misma organización que hace menos de una semana ratificó la campaña de 2022 del hoy presidente Gustavo Petro, si violó los topes de financiación.
¿Cómo encajan los tres episodios? Las campañas han dicho que se trata de revisiones politizadas y que, incluso, se relacionarían con la intención de afectar sus guarismo. Y el jefe de Estado, por su parte, advirtió que no reconoce la capacidad jurídica del fallo que salió en contra de su núcleo político.
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En el caso de De la Espriella, se solicitó la revocatoria de su candidatura por posibles irregularidades en la recolección de los 5 millones de firmas que recogió para viabilizar su aspiración. Y en de Cepeda, se comenzó a revisar la financiación que usó para la consulta que la izquierda realizó el pasado 26 de octubre y la cual le dio al legislador 1,5 millones de votos, los cuales lo catapultaron como la ficha para disputar la sucesión de Petro.
Eso sí, tras consultar con fuentes del CNE, se estableció que hasta este 4 de mayo no hay ninguna indagación administrativa caminando que toque a alguno de los otros 11 aspirantes presidenciales, que medirán fuerzas el 31 de mayo.
“Mi candidatura presidencial está en firme”. Esa fue la frase con la que respondió De la Espriella a partir de los ruidos que desató la indagación preliminar del CNE. El proceso se originó a raíz de una petición interpuesta por Marceliano Julio Fonseca Bolívar, quien solicitó la nulidad de la inscripción del candidato.
Según el denunciante, la campaña habría radicado “de mala fe documentos falsos y firmas de apoyos que no corresponden al puño y letra de los ciudadanos registrados en los formularios”, señalando que estas conductas podrían “encuadrar en delitos como falsedad en documentos públicos, fraude procesal y concierto para delinquir”.
El tribunal electoral le solicitó que “allegue el material probatorio que considere útil, conducente y pertinente a la solicitud objeto de estudio”. Sin embargo, Fonseca aseguró en medios no tener pruebas directas y que está a la espera de documentos que solicitó la Registraduría para presentarlos ante el CNE.
En todo caso, el organismo electoral le pidió a la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría que en un máximo de cinco días hábiles –contados desde la semana pasada– le remita copias de los formularios E-6P y E-8P de la inscripción de esa candidatura. Además, exigió copia de la certificación del número total de firmas entregadas por la campaña, cuántas de estas fueron declaradas válidas y cuáles fueron los motivos legales para rechazar o anular los apoyos invalidados.
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Tras el anuncio del tribunal, De la Espriella aseguró que “todas las firmas recogidas fueron verificadas y validadas por la Registraduría. Y con ellas se sustentó mi aval; la inscripción fue aceptada y respaldada por el Consejo de Estado. No hubo irregularidades”.
Por su parte, Germán Calderón, uno de los asesores jurídicos de esa campaña, consideró que la actuación del peticionario, como la del despacho que avocó conocimiento de la demanda, debió ir en la vía de rechazar la solicitud por falta de requerimientos. Dijo que, como actuaron contrario a ese camino, presuntamente se “demuestra que existe cierta persecución o actuaciones administrativas de ponentes que no están dentro de la órbita política, y lo que hacen es producir unas decisiones antijurídicas”.
También defendió la legitimidad de su candidatura avalada en un inicio por firmas. Pues, según le dijo a El Espectador, al hacer la contabilidad de los 5 millones de rúbricas entregadas a la registraduría, el ente “certificó 2 millones de firmas válidas y se tenían que presentar 635.000. El resto no fueron admitidas. En la certificación que nos entregaron establecieron las causales, algunas porque no coincidían con el censo electoral y otros aspectos, pero en ningún ítem aparece ni siquiera una sola firma porque fueran falsas”.
Por los lados de la izquierda, al ungido del petrismo le toca responder por “presuntas irregularidades en la financiación de la campaña a la consulta”. Esto es algo que en todo caso ha sido rechazado con fuerza por el Pacto Histórico y el propio presidente Petro.
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El caso se desprendió de varias peticiones para investigar la financiación de esta candidatura, entre las que se cuentan las elevadas por el exconcejal conservador de Cali Juan Martin Bravo, el senador Jonathan Pulido Hernández (Alianza Verde) y el exministro de Justicia Wilson Ruiz; este último es activista de la campaña de De la Espriella.
Solo entre el 15 y el 19 de enero, el tribunal electoral recibió seis solicitudes de investigación a los reportes de financiación de la participación de Cepeda en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre. En esa contienda electoral, el senador ganó con más de 1,5 millones de votos y, según su reporte en la plataforma de Cuentas Claras, gastó cerca de COP 964 millones, derrotando a su entonces contendora, la exministra Carolina Corcho, que sumó 666.609 votos.
Según le dijo Martin a El Espectador, la razón de solicitar la investigación se debe a que desde su concepción esa campaña “estuvo muy arraz del tope electoral; aunque no se lo pasó, hay varias inconsistencias. Entre ellas está que el dueño de Samat ha salido a manifestar que él no tiene nada que ver con Cepeda, pero aparece como donante. Y esta empresa que tiene un capital de cero pesos sale a donarle COP 600 millones”.
Según el reporte de “relación de contribuciones o donaciones de los particulares”, que la campaña de Iván Cepeda remitió al Consejo Nacional Electoral (CNE), el 87 % de la financiación salió de “créditos en especie”. La barranquillera Samat Publicidad S.A.S., dedicada a actividades económicas como impresiones, comercio al por mayor de productos textiles y publicidad, figura como la firma que, según el informe oficial, aportó COP 609 millones en servicios de publicidad mediante un crédito.
En todo caso, desde el equipo de Cepeda le dijeron a este diario en su momento que el candidato no conoce al representante legal de Samat ni a ningún otro de quienes figuran en la base de datos aportada al CNE. Además, aseguraron que el acuerdo con la empresa consiste en pagar esa publicidad con los recursos que obtengan por reposición de votos.
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El restante 13 % de la campaña lo puso el senador de su bolsillo. A su vez, el secretario general del Polo Democrático Alternativo, Antonio Peñalosa, le dijo en ese momento a El Espectador que “en la campaña de Iván [Cepeda] no hubo ni donaciones, ni contribuciones; todo corresponde a créditos en especie”.
En el auto del CNE, se ordenó a Cepeda manifestarse en un término de 10 días hábiles. Esta misma petición se la hicieron a Samat, a la que le pidieron acreditar documentalmente el origen de los recursos reportados como aporte a la campaña antes mencionada, los extractos o soportes bancarios. Hasta la fecha de la publicación de este artículo, ninguno de los dos ha respondido ante el ente electoral.
El tribunal, a su vez, pidió al Fondo Nacional de Financiación de Partidos del CNE enviar una copia técnica del informe sobre el reporte de ingresos y gastos de la campaña de la consulta. En ese mismo término, se solicitó a la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil que remitiera copia de los formularios de inscripción, así como de “los documentos en lo que conste el partido o movimiento político avalista y demás anexos que reposen junto con los formularios”.
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Dentro de la Presidencia, así como en el partido del mandatario, el Pacto Histórico, las decisiones del tribunal electoral nunca han sido bien vistas. El 29 de abril, la sala plena del órgano electoral negó los recursos contra la decisión en torno a las sanciones a la campaña Petro presidente en 2022.
Esa determinación fue tomada el pasado miércoles, con una votación de 6 a 2, en la que los magistrados Alba Lucia Velásquez (Pacto Histórico) y Álvaro Echeverry (MIRA) fueron recusados por su participación en la misma campaña. Tras esa votación, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de sus redes sociales y cargó contra el órgano. En un trino días después, afirmó que a su campaña la “juzgó la oposición uribista y sus consejeros sub judice en el CNE, y no aceptamos ese proceso, es nulo y esa decisión”.
Por ello, solicitó “ante la decisión final de la Corte Constitucional que muestra la inconstitucionalidad del proceso que hizo el CNE y los magistrados del Consejo de Estado que la avalaron con su concepto, declarado inconstitucional, iniciar por prevaricato denuncia ante las autoridades penales respectivas”.
De hecho, el congresista Gabriel Becerra —que hace parte del círculo interno de Iván Cepeda— anunció medidas ante el Consejo de Estado e instancias internacionales, pues señaló que el tribunal habría desconocido “abiertamente el término perentorio de la Ley 996 de 2005 y vulnerando el debido proceso. […] Colombia necesita instituciones que respeten la ley, no que la acomoden”. Estas decisiones se suman a la propuesta de Iván Cepeda para reformar el Consejo Nacional Electoral de llegar a la presidencia, tras conocerse que este ente no le permitió ingresar en la consulta de izquierda presentada para el pasado 8 de marzo.
Pero mientras todo esto avanza, y el presidente asegura que tampoco reconoce la jurisdicción de un tribunal que ahora indaga a los dos punteros en encuestas, la confrontación institucional escala al punto de que Cepeda retomó la propuesta de reformar esta institución.
El proceso para realizar esta cirugía en el tribunal tendría que pasar por el nuevo Congreso, que llegará a sesionar el 20 de julio. Y se esperará a ese momento, incluyendo la propuesta constituyente de Petro, debido a que el actual Legislativo negó en 2024 la reforma electoral que planteaba que los magistrados del CNE fueran independientes de los partidos y elegidos por los magistrados de las altas cortes.
De hecho, estas decisiones también impulsan el relato de convocar una asamblea constituyente que se promueve desde el oficialismo, en un momento donde el presidente Petro no solo ha puesto en vilo el papel del tribunal electoral que sancionó su campaña de 2022, sino que ha tirado dardos a otras autoridades como la Registraduría al cuestionar el blindaje del software que se despliega en elecciones; las altas cortes por retener sus reformas en sus salas e incluso con el Banco de la República, donde levantó la mesa de concertación para definir la inflación. Sin embargo, esto último se normalizó hace una semana.
Estas discusiones podrían escalar con la llegada de un nuevo Gobierno que, desde la campaña para llegar al poder, cuestiona decisiones de las institucionales y abre la puerta para que estas tensiones se intensifiquen con su llegada, al punto de replantear el papel de los entes que los cuestionan.
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Por Nicolás Torres García
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