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En un juzgado civil de Cartagena se estudia la admisión de una acción popular que pide indemnizar a 30 personas que invirtieron en uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos en Colombia y del que existen graves denuncias de irregularidades. Se trata del condominio Volare Mare, que pretende construir una isla artificial a las afueras de esa ciudad -inspirada en las ya fabricadas en Dubái-, que albergaría a 2.000 personas. Mientras el juez del caso estudia esa acción judicial, El Espectador conoció un informe que confirma las denuncias realizadas en los últimos años sobre la megaobra: la existencia de serios retrasos y la falta de dinero para continuar con la construcción.
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El documento de 11 páginas, conocido por este diario, fue elaborado por la Fiduciaria Central, entidad que precisamente se encarga de administrar los dineros de la construcción de Volare Mare. El informe advierte que las etapas 1 y 2, que tenían que entregarse hace más de cuatro años, según el cronograma del proyecto, apenas tienen un avance del 50 y 22 %, respectivamente. “Es decir, ¿tendremos que esperar otros cuatro años para que nos entreguen las viviendas?”, le dijo a este diario una inversionista del proyecto, quien invirtió todos sus ahorros en la primera etapa y ahora cree que el proyecto está a punto de fracasar.
Sin embargo, según cifras de la constructora del proyecto, RA Constructores, dirigida por el ingeniero civil Román Monroy Vargas, se espera que ambas etapas estén listas en 2023. El informe de la Fiduciaria Central también arroja otro dato desalentador para los inversores de la tercera etapa: “El constructor no acreditó ante la fiduciaria el cumplimiento de las condiciones para la liberación de los recursos para la etapa 3 del proyecto. Por tal motivo, se está realizando la devolución de los recursos”, puntualizó el informe, en donde se registró que la fiducia le pidió a la constructora actualizar su lista de inversionistas con el fin de cumplir con las leyes colombianas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
“Fiduciaria Central, como administradora del fidecomiso, es la única entidad facultada para recibir los recursos depositados por los compradores para que sean destinados al desarrollo del proyecto (…). Los riesgos en los que puede incurrir por entregar recursos a un tercero diferente a la fiduciaria son: no podremos aplicar el pago para la compra de las unidades inmobiliarias, lo que puede impedir la escrituración y entrega de las mismas. No podremos devolver los recursos aportados. Puede afectar el flujo de caja del proyecto, lo que puede retardar la construcción de la obra, ya que los mismos pueden ser destinados a actividades diferentes”, advirtió el informe de la fiduciaria.
Un nuevo gran inversionista
Entre abril y mayo de este año, el ingeniero Monroy Vargas emitió dos comunicados de prensa, en los que anunció la llegada de un grupo empresarial que le permitirá tener un cierre financiero “que no genere atrasos e intranquilidades, y que permitan sortear las importantes dificultades que el mismo mercado de manera general vive en la actualidad”. Además, señaló que se encuentra realizando el proceso de empalme con el nuevo “gran inversionista” que, según él, salvará el proyecto. Este diario conoció que se trataría de la constructora tolimense Altium Desarrollo Inmobiliario, representada legalmente por John Fredy Moreno Montoya, un hombre del que no se tiene mayor información.
“Debo reconocer que para nosotros no fue fácil aceptar dicha propuesta, ya que logramos llevar al proyecto a un nivel de avance importante con nuestras propias fuerzas, pero haciendo una evaluación de las mismas, somos conscientes de que, al ritmo que vamos, los tiempos de ejecución serían mayores a los que con un aliado como el que hoy tenemos, serán mucho más cortos y precisos, los cuales nos aportarán la solución que todos necesitamos, ya que aparte de tener una solidez financiera considerable, también cuentan con un equipo experto en la construcción de proyectos inmobiliarios”, concluyó Vargas Monroy en uno de los comunicados.
Lo que promete Volare Mare
El condominio Volare Mare estará construido en 177 hectáreas de una zona conocida como Punta Canoa, a 20 minutos del Centro Histórico de Cartagena y al aeropuerto, y una hora y media de Barranquilla. La isla contaría con un canal perimetral, cuyo recorrido de 2.370 metros permitirá a los residentes y turistas realizar un paseo en góndola y recorrer el vecindario. El proyecto contempla un club social con 16 pistas de bolos, gimnasio, salones de billar y un campo de golf de 18 hoyos. Asimismo, habrá un centro de convenciones con un auditorio con capacidad para 800 personas, un centro de negocios y dos salones de eventos.
Para ingresar a los apartamentos solo se podrá hacer por dos sitios: para los propietarios, por el puente que pasará sobre el espejo de agua que forma la isla; los turistas lo harán por un túnel ubicado bajo el agua, el cual llegará a un parqueadero subterráneo, situado debajo de la plaza principal. A su vez, esta plaza tendrá 26 locales comerciales. “La conformación de los apartamentos con las playas artificiales en sus cuatro costados forman una cruz que simboliza la fe en Dios. Esta se podrá ver desde lo alto. Para ello, se viene adelantando el permiso especial para la construcción de una torre de 100 metros de altura”, informaba la página web del proyecto, que desde hace varios días se encuentra fuera de servicio.
Aunque hay varios inversionistas que son optimistas en que el proyecto llegará a buen puerto, hay otros que ya adelantan acciones ante las autoridades para pedir que se les devuelva su plata o que se les indemnice por los retrasos, pero que aun así le entreguen su apartamento en la isla artificial. Un sueño que, según la propia fiduciaria del proyecto Volare Mare, parece bastante lejano.
Por David Escobar Moreno
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