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En la noche del miércoles, la plaza de la Sorbona en París estaba repleta de personas. Entre gritos y pancartas, organizaciones feministas y colectivos reclamaban la constitucionalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). A un poco más de tres kilómetros, en el Senado francés se aprobaba el proyecto de ley que busca inscribir en el artículo 34 de la Constitución “la libertad garantizada de la mujer a recurrir a la IVE”.
La Asamblea Nacional ya había aprobado la medida en una votación de 493 votos frente a 30. En el Senado, la mayoría también fue significativa: 267 a favor y 50 en contra. La cita final será este lunes, cuando, en un Parlamento conjunto, diputados y senadores voten para decidir si Francia se convertirá en el primer país en incluir la IVE en su Carta Magna.
“Hemos escrito una página de la historia de los derechos de la mujer. Este es un voto histórico. Seremos el primer país del mundo en inscribir en la Constitución esta libertad para las mujeres de disponer de su cuerpo”, afirmó el ministro de Justicia, Éric Dupont-Moretti, quien fue el encargado de defender la reforma frente al cuerpo legislativo.
De la despenalización a la constitucionalización
En 1967, la ley Neuwirth abrió el camino con la autorización de la píldora anticonceptiva. Pero no era suficiente. La década de los 70 estuvo marcada por reclamos de movimientos feministas y organizaciones a favor de la planificación familiar, que pedían que el derecho a abortar fuera garantizado. Para 1971 fue publicado en Le Nouvel Observateur el “Manifiesto de las 343″, un texto firmado por 343 mujeres que aseguraban haber abortado y reclamaban una IVE libre y gratuita.
“Un millón de mujeres abortan cada año en Francia. Ellas lo hacen en condiciones peligrosas debido a la clandestinidad a la que son condenadas cuando esta operación, practicada bajo control médico, es una de las más simples. Se sume en el silencio a estos millones de mujeres. Yo declaro que soy una de ellas. Declaro haber abortado. Al igual que reclamamos el libre acceso a los medios anticonceptivos, reclamamos el aborto libre”, se leía al inicio del manifiesto. Las demandas continuaban y el público se sensibilizó ante la cuestión. Así fue que, en 1974, el recién electo Válery Giscard d’Estaing confió a su ministra de Salud, Simone Veil, un proyecto para reformar el aborto.
En enero del año siguiente, la ley Veil, que despenalizaba la IVE, fue adoptada por un periodo de cinco años. Con ella se autorizaba el procedimiento antes de las 10 semanas de gestación y reglamentaba que debía estar a cargo de un médico, en un centro médico. Sin embargo, también dejaba la posibilidad de que el doctor o el establecimiento pudieran negarse a practicarlo y establecía que la persona debía pagar su propio procedimiento. La ley del 31 de diciembre de 1979 sobre la IVE volvió definitivas las disposiciones.
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Desde ese momento, las leyes francesas han ampliado las garantías para acceder a una IVE. En 1982, se estableció que el Estado se haría cargo del costo del procedimiento. La ley del 27 de enero de 1993 creó el delito de “obstrucción a la interrupción voluntaria del embarazo” y suprimió la pena por aborto autoinducido. A inicios de siglo, en el 2001, se pasó de 10 a 12 semanas el plazo legal para acceder al procedimiento. En el 2012, se reglamentó que el 100 % del costo de los abortos estarían cubiertos por el sistema francés de seguro de enfermedad. Hace diez años, se penalizó la obstrucción al acceso a la información sobre la IVE. Para la década actual, salieron varios decretos que pretendían hacer el proceso más accesible. Entre ellos, en el 2022 se alargó el plazo de 12 a 14 semanas de gestación para realizar el procedimiento.
Pero ese mismo año, hubo un punto de inflexión. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el caso Roe vs. Wade, que reconocía el derecho constitucional al aborto desde 1973. A eso se sumaron las situaciones en Hungría, en donde el gobierno conservador de Viktor Orbán ha impuesto medidas que retrasan la realización del procedimiento, y Polonia, en donde el desacreditado Tribunal Constitucional prohibió el acceso al aborto en casi todas las circunstancias. Si llegara un gobierno conservador a Francia, ¿qué pasaría con el derecho a la IVE?
“El panorama en Europa es claro. Mientras siga gobernando la derecha y la ultraderecha y sigan ganando terreno, va a seguir existiendo un riesgo de perder en términos de derechos que las mujeres y la comunidad LGBTQA+ ya habían ganado”, asegura Gabriela Forero, analista política. “Más allá de lo que [el presidente Emmanuel Macron] pueda o no pueda hacer, hay una cultura masculinista que está creciendo en Europa, sobre todo en Francia, que pone también en jaque los derechos de las mujeres y la violencia de género”.
Dupont-Moretti aseguró recientemente que la iniciativa nació porque era “necesario” plasmar el aborto en la Constitución, para que así “en el futuro ninguna mayoría pueda ponerlo en cuestión”. En caso de que la votación de este lunes, que es prácticamente simbólica, tenga una mayoría a favor, se necesitará una mayoría calificada de tres quintos en el Parlamento para volver a modificar el artículo de la Carta Magna.
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Las barreras a la interrupción voluntaria del embarazo
El ministro ha declarado que, en este momento, el derecho al aborto no está amenazado en Francia, pero lo cierto es que tampoco está garantizado.
“Aquí en Francia hay un gran número de centros de la salud [de IVE] que han cerrado porque los medios para la salud han retrocedido cada año. Hoy, hay mujeres que están obligadas a cambiar de departamento para acceder a una IVE”, denunció la diputada Pascale Martin, miembro de la Delegación para los Derechos de las Mujeres de la Nueva Unión Popular Ecologista y Social, al medio francés L’Humanité.
En regiones como Occitania, según denuncias hechas al medio France Bleu Occitanie, la demora para acceder al procedimiento es de al menos tres semanas. En Albi, se garantizó el plazo legal de 14 semanas apenas hace unos meses, aunque la ley que lo reglamentaba salió hace dos años. La situación es más grave en otros lugares, como Aveyron, en donde los centros médicos solo reconocen el plazo hasta las 10 semanas.
Ahí no acaban las dificultades. El medio Ouest France reporta que en los departamentos rurales el costo del transporte y de las consultas es muy elevado, teniendo en cuenta que en algunos casos los centros médicos piden de tres a cinco encuentros para iniciar el proceso médico.
“Los movimientos feministas en Francia, a pesar de tenerlo asegurado, nunca han dado por sentado el derecho al aborto y eso es supremamente importante. Es una de las máximas del movimiento feminista y es que no tenemos los derechos garantizados hasta que estén constitucionalizados”, dice Forero.
Uno de los reclamos de los movimientos, e incluso de las bancadas de la izquierda en el Parlamento, era el cambio en la iniciativa de “derecho garantizado” a “libertad garantizada”, que es como finalmente fue aprobada en las dos cámaras. Forero explica que, en el caso de estar como un derecho, el Estado está obligado a garantizarlo. Sin embargo, cuando es una libertad, cabría la posibilidad de que no lo fuera. Aun así, para ella se trata más de una “cuestión narrativa”, que fue en parte lo que ayudó a que la derecha en el Parlamento no se opusiera a la iniciativa.
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No obstante, una reducida oposición en el Legislativo no significa que en la sociedad francesa el aborto sea completamente aceptado. Movimientos antiaborto o “provida”, que desde la década de los 80 se encadenaban a las puertas de los centros que practicaban la IVE, han hecho una oposición firme a la constitucionalización del procedimiento.
Pascale Morinière, la presidenta de la Asociación de Familias Católicas, le contó a BFMTV que habían escrito cartas a todos los senadores para convencerlos de votar en contra de la iniciativa, que a sus ojos “no es ni simbólica ni histórica”. De igual forma, la organización “Elegir la Vida” envió a los legisladores folletos con imágenes de fetos abortados, textos que hablan de la vida humana que “comienza en la fecundación” y aseguran en sus páginas web que las votaciones en el Parlamento abrían la puerta a una “licencia constitucional para matar”.
De acuerdo con un sondeo del Instituto de Estudios en Opinión y Marketing en Francia y en el Extranjero hecho en 2022, el 83 % de la sociedad francesa está a favor de la constitucionalización del aborto. En un país donde al menos 150 centros de IVE han sido cerrados, de acuerdo con Planning Familiale, y al menos 234.300 personas abortaron en 2022, pasará a la historia el día que “la libertad garantizada de la mujer a recurrir a la IVE” quede plasmada en la Constitución.
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Por María José Barrios Figueroa
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