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Salvatore Mancuso Gómez, el temido exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), regresó al país luego de casi 16 años de haber sido extraditado a los Estados Unidos— junto a la cúpula del grupo criminal— por delitos de narcotráfico. Su arribo ocurrió alrededor de las 2:30 p.m de este martes 27 de febrero y fue escoltado por un fuerte esquema de seguridad de la Policía para hacer los respectivos trámites migratorios ante las autoridades. Ante el regreso del narcoparamilitar hay pocas certezas sobre qué le deparará judicialmente a este aliado de los hermanos Carlos y Vicente Castaño en el proyecto paramilitar que sumió en el terror a varias zonas del país durante los años 90 y los 2000.
Gran parte de su futuro depende de lo que defina el Tribunal Superior de Bogotá en una decisión que podría abrirle una puerta hacia la libertad. En octubre de 2023, la Corte Constitucional resolvió un fallo de tutela presentado por Mancuso y le ordenó a ese Tribunal que analizara la posibilidad de que el exjefe paramilitar recobre su libertad, ya que, según sus abogados, ya cumplió su pena por narcotráfico en Estados Unidos y que no hay motivo alguno para que siga preso una vez pise suelo colombiano. Sin embargo, en su contra hay más de 30 órdenes de captura por casos sin resolver, por delitos como asesinato, desaparición y lavado de activos, un proceso en el que, al parecer, le habría blanqueado dinero a la fallecida Enilce López, más conocida como La Gata.
El problema de fondo es que el Tribunal Superior de Bogotá no ha cumplido la orden de la Corte Constitucional, por lo que la libertad de Mancuso es incierta. El alto tribunal le dio un mes a esa instancia para resolver el asunto, pero ya pasaron cuatro meses desde que se conoció la decisión. El abogado de Salvatore Mancuso le contó a El Espectador que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá solo la semana fue notificada de la orden la semana pasada y, en consecuencia, el Tribunal no podido cumplir con la orden de la Corte y evaluar la situación judicial de Mancuso.
Este diario consultó en la Corte Constitucional qué había demorado la notificación de ese importante fallo, conocido el 18 de octubre de 2023, y la respuesta fue que el tema estaba en Secretaría. Sin embargo, a las pocas horas de haber preguntado (el 22 de febrero de 2024*), el alto tribunal envió el expediente al Tribunal Superior de Bogotá con varias aclaraciones, por ejemplo, que se había tardado en mandar los documentos porque había realizado algunos ajustes a la sentencia y estaba recopilando las firmas de los magistrados. Solo hasta la semana pasada, el Tribunal empezó a estudiar qué debe pasar con la libertad de Mancuso, al menos en el caso por el que se generó el debate jurídico: el que lo enreda con Enilce López.
En todo caso, ese es apenas uno de los frentes de batalla judicial para el recién deportado exjefe paramilitar. En su contra no solo hay al menos 30 órdenes de captura que podrían mantenerlo en la cárcel, sino que Mancuso también se juega la posibilidad de acceder a los beneficios que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a favor de quienes han entrado al sistema. Esa puerta se abrió en noviembre del año pasado, cuando esa justicia transicional lo aceptó, de manera excepcional, como sujeto bisagra o punto de conexión, para que pueda contar cómo se movieron los hilos entre paramilitares y estructuras militares, empresariales, políticas y agentes del Estado de alto rango.
Si bien tiene un asiento en la JEP, la propia jurisdicción explicó hace tres meses que la libertad de Mancuso dependerá de lo que resuelva el Tribunal Superior de Bogotá, porque así lo ordenó la Corte Constitucional. Además, la jurisdicción especial fue clara en que el acceso a los beneficios del sistema está predeterminado a lo que pueda contar sobre sus verdades del conflicto colombiano. Aunque la JEP le tiró la pelota al Tribunal, hay otro problema en esta instancia judicial. Aunque Mancuso ha dicho públicamente que regresa al país para contribuir con la verdad y las víctimas, él mismo apeló la decisión de aceptarlo como sujeto bisagra o punto de conexión en ese sistema de justicia especial.
La JEP todavía está estudiando ese recurso, por lo que la permanencia del exjefe paramilitar todavía no está del todo clara. Aun así, Mancuso ha insistido en su compromiso con la paz, que reiteró en una carta que publicó su abogado apenas aterrizó en Colombia. “Tengo la tarea de continuar aportando verdad ante el sistema de justicia transicional, no solo con responsabilidad por las implicaciones que tiene en las personas vinculadas en los testimonios, sus familias y las comunidades víctimas, lo haré bajo estrictos estándares que permitan contrastar y determinar que es una verdad cualificada. Estoy aquí para ser parte de un proceso restaurativo, para escuchar y ser escuchado, y para aportar desde mi experiencia y convicción en la construcción de un país libre de violencias, próspero, avanzado”, escribió.
El historial criminal y la gestoría de Paz de Salvatore Mancuso
El extenso expediente de Mancuso por sus miles de crímenes de lesa humanidad al mando de las Autodefensas Unidas de Colombia le han acarreado condenas y solicitudes de captura por parte de los Tribunales de Justicia y Paz, que se encargan de procesar a los exmiembros de las AUC. Por ejemplo, a finales de enero de 2023, el Tribunal de Barranquilla emitió la orden de captura número 33 por sus crímenes mientras estuvo al mando del Bloque Norte de las AUC y, justamente ayer, la Fiscalía lo vinculó oficialmente al expediente por el homicidio del exdecano de la Universidad de Magdalena, Roque Alfonso Morelli Zarate, ocurrido en septiembre de 2002.
La cantidad de procesos que reposan en contra de Mancuso, tanto en la justicia ordinaria como en Justicia y Paz, han hecho todavía más complicado su destino judicial con su regreso a Colombia. Con un ingrediente adicional para complejizar todavía más su caso: como el sistema de Justicia y Paz solo contempla penas de hasta ocho años, Mancuso ya cumplió ese tiempo en una cárcel de Estados Unidos, por lo que tampoco es claro si judicialmente puede seguir preso o no. Su defensa alega que no, pues ya cumplió con ese tiempo privado de la libertad. No obstante, el exjefe paramilitar todavía tiene asuntos que resolver en la justicia ordinaria, como el caso de lavado de activos de Enilce López. Y, para rematar todavía hace falta entender cómo se van coordinar la JEP y los tribunales de Justicia y Paz.
El reto es enorme. Pero no es para menos, pues el papel de Mancuso en la guerra no fue cualquiera. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), fallos judiciales de Justicia y Paz, el exjefe paramilitar cumplió un papel clave en la estrategia criminal de los hermanos Castaño para ganarle espacios a las guerrillas, lucrarse del narcotráfico, lavar los dineros del grupo ilegal, y cooptar el Estado colombiano a todo nivel. Las AUC fueron responsables de masacres, desplazamientos forzado, despojo, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, magnicidios, entre otros graves crímenes. Su accionar criminal fue de tal magnitud que, de acuerdo con la Comisión de la Verdad, paramilitares dejaron 63.000 víctimas en Colombia.
Mancuso no fue ajeno a esa estela de sangre. Investigaciones judiciales han demostrado que participó en masacres como la de Mapiripán, El Salado y El Aro, las cuales representan una parte del nefasto legado que dejó ese proyecto paramilitar. Además, multiples fallos y declaraciones de las autoridades colombianas dejan claro que Mancuso, los Castaño y otros secuaces, también fueron narcotraficantes, de la mano de curtidos capos mafiosos como Macaco, Don Berna, Gustavo Upegui, el Tuso Sierra, entre otros. A este complejo escenario judicial que carga Mancuso, hay que añadir un asunto más: la designación del gobierno de Gustavo Petro en agosto de 2023 de nombrarlo gestor de paz en medio de su plan de bandera de negociar con los grupos armados para pacificar el país.
Bajo ese nombramiento, Mancuso le dijo a la JEP que estaba comprometido con una larga lista de temas, incluyendo guiar trabajos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Durante sus versiones ante la JEP, en mayo de 2023, señaló que iría hasta la frontera con Venezuela para recuperar los cuerpos que hombres bajo su mando incineraron, haciendo casi imposible su identificación. En esas mismas diligencias, Mancuso habló de un sinfín de hechos que marcaron la historia violenta del país. Para la JEP, hay datos novedosos en su relato, que podrían incidir en la construcción de la verdad. Sin embargo, todavía hace falta ver realmente qué tan real es el aporte de sus declaraciones, pues la gran mayoría de elementos terminaron siendo revelados en encuentros reservados con los magistrados de la justicia especial.
Por ahora, todo está en manos del Tribunal Superior de Bogotá que apenas está arrancando a cumplir la orden de la Corte Constitucional. Mientras eso ocurre, Mancuso será recluido en el pabellón de máxima seguridad de La Picota mientras se define su situación judicial. De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el exparamilitar estará detenido en una celda especial, en donde no tendrá contacto con ningún preso y será monitoreado las 24 horas del día. Allí esperará la decisión que tomen las diferentes instancias judiciales involucradas en los expedientes en su contra. Un reto mayúsculo para un sistema de justicia fragmentado en tres, el ordinario, el de Justicia y Paz y la JEP, mientras los protagonistas del escenario político jalan para su propio lado, la libertad de Salvatore Mancuso por ser gestor de paz. La historia del regreso del exjefe paramlitar apenas comienza.
Nota de la editora*: se aclaró que el 22 de febrero de 2024, fue cuando se consultó a la Corte Constitucional sobre el fallo de tutela de Salvatore Mancuso y que tenía que ser enviado al Tribunal Superior de Bogotá.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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