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La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, sorprendió al país hace un par de días al denunciar una presunta red de corrupción dentro de la entidad que ha acaparado varios contratos. (Lea: Directora del ICBF denunció presunta corrupción dentro de la entidad)
En entrevista con El Espectador cuenta que, a raíz de dos auditorías que se realizaron, encontraron que entre 2019 y junio de 2023, 220 contratos estaban en cabeza de 59 operadores con el mismo representante legal, dirección de domicilio, fecha y características de constitución, así como errores en el objeto y alcance. “Tenían varias maneras de manejarse como un conglomerado empresarial, que había acaparado la contratación durante un buen tiempo en Colombia”, señala.
A poco menos de cumplir un año desde que asumió el cargo, Cáceres también revela que hay enormes retos en La Guajira. En el departamento, dice, “los operadores no tallaban ni pesaban al niño en realidad, sino que cargaban datos falsos”. Ahora tiene un reto al frente de la entidad: empezar a hacer operaciones directas y que el ICBF recupere su carácter público.
En su cuenta de X hizo señalamientos sobre presunta corrupción en el interior del ICBF. ¿Qué está pasando?
Desde el año pasado empezamos un análisis de cómo era el proceso de contratación del ICBF, en particular en primera infancia, que es donde está invertido el monto más alto. Dentro de esos análisis encontramos que el ICBF tenía unos modelos técnicos fuertes, pero los de contratación no le hacían honor a esa parte. Entonces, arrancamos con dos escenarios. Uno era una auditoría de control interno sobre cómo era el proceso de selección de operadores de primera infancia y el otro se basó en la efectividad que tenía ese modelo de contratación.
¿Cómo se estaba dando ese proceso de contratación en el ICBF?
La contratación tenía dos herramientas. Una era por medio de BETO, que es el sistema de selección de operadores de primera infancia y que se vendió al país como una herramienta de inteligencia artificial que iba a seleccionar a los mejores operadores. BETO hacía un proceso de preselección de los operadores y se hacía por medio de un banco de oferentes de acuerdo a cada servicio y a cada manual de operación. De esa manera se hacían invitaciones cerradas. Entonces, el ICBF podía invitarte a ti como fundación a operar este servicio y te contrataba con una invitación cerrada. Eso es legal, pero puede minar un poco la pluralidad objetiva de proponentes que podrían estar interesados.
¿Qué encontraron en esa primera auditoría?
La auditoría de control interno se hizo alrededor de BETO. En términos reales, la auditoría rastreó desde el proceso de selección hasta el de operación, para saber si en realidad había sido un mecanismo de inteligencia artificial y si se habían seleccionado los mejores operadores. Las conclusiones nos llevaron a hacer las primeras denuncias a las entidades de control correspondientes, empezando porque el modelo usaba esta tecnología y permitía la acumulación de cuposy puntos que le dieran al operador un mejor perfil para acceder a más contratos. Por el lado del rastreo, que se hizo hasta la operación, se encontró que muchas de las cosas ofertadas y luego puestas en ejecución no eran reales. Ese vacío de selección nos dejó claro que tampoco tenían un control de legalidad de las certificaciones que allí se colgaban y que muchas de las herramientas, como esa y la de IDEAS, habían sido manipuladas en términos subjetivos y no objetivos.
La otra auditoría se centró en La Guajira. ¿En qué consistió?
Es una auditoría forense que trata de rastrear, una vez ejecutados los contratos, cómo eran las relaciones frente a su ejecución. Es coordinada con la Secretaría de Transparencia de Presidencia y fue parte de los equipos anticorrupción que se constituyeron en el ICBF para cambiar esos modelos. Estos equipos comenzon a analizar los contratos en La Guajira, pero cuando empezó ese rastreo se dieron cuenta de que no se trata solamente de unos operadores que están en esta zona, sino en todo el país. Con base en las quejas y los análisis se identificaron que entre 2019 y junio de 2023, 59 operadores acumulaban 220 contratos.
¿Cómo se estaba dando esa acumulación de contratos?
Lo hacían de diferentes maneras. Se presentaban solos o con uniones temporales, lo hacían con diferentes formas de registrarse, pero con el mismo representante legal y la misma dirección de domicilio. Es decir, tenían como varias maneras de manejarse como un conglomerado empresarial, que había acaparado la contratación durante un buen tiempo en Colombia y terminó siendo un modelo de negocio efectivo para ellos. No es que haya un acuerdo entre ellos, ni que haya un nombre que los agrupe a todos.
¿Quiénes están detrás de esa red?
En este momento la Secretaría de Transparencia nos pidió guardar confidencialidad sobre los nombres, porque los procesos de investigación continúan y eso podría dañar la investigación.
(Puede leer: Más de 780 mil niños menores de 5 años llevan un mes sin atención del ICBF: Contraloría)
¿Cuáles son esos departamentos o municipios más afectados por este problema?
Esta última auditoría se centró en La Guajira, Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena, Atlántico, Cesar, Bogotá, parte de Putumayo y de Huila. Pero la idea es mantener este equipo anticorrupción. Vamos a tener grupos, que van a recibir las denuncias ciudadanas e investigar. Vamos a tener grupos en todo el país.
En las auditorías las comunidades adquirieron un rol importante, ¿qué les decían durante los diálogos?
La mayoría de las comunidades nos decían que no sabían quién era el operador que llegaba a su territorio a operar, no lo conocían y hasta nos reclamaban que ni siquiera tenían oficina para ir a poner reclamos. Lo que quisimos en esta ocasión fue cambiar todos esos patrones y empezar otro modelo. Pasamos de esas invitaciones cerradas a una invitación pública. Lo hicimos a través de Secop, y esto les permitió a las comunidades ver quién se presentaba, cómo lo hacía y qué era lo que proponía. Esto nos permitió ampliar la pluralidad de oferentes. También hicimos un tope de contratos, nadie podía tener más de tres contratos, porque se salía la capacidad de darles respuesta a las comunidades. Les pusimos esas reglas de juego para que pudiéramos tener un control más territorializado de la contratación.
¿Cuáles fueron los resultados de ese cambio en las “reglas de juego”?
Esta modificación permitió públicamente que llegaran muchísimas denuncias. Cuando la gente ve quién se presentó, cómo se presentó, qué certificaciones colgó en Secop, nos empiezan a poner observaciones, que son estudiadas y analizadas en el marco de la evaluación. Encontramos que muchos oferentes se querían hacer pasar por asociaciones indígenas para ocupar los primeros lugares o asociaciones de madres comunitarias. La comunidad nos dijo y terminaron cayéndose. Otras pusieron certificaciones falsas. Todavía nos falta y nos siguen llegando denuncias. El diálogo ciudadano es un proceso que debemos mantener.
Usted dijo que estos operadores son los que han tenido más muertes de niñas y niños por desnutrición. ¿A qué se refiere?
El panorama de la desnutrición en Colombia pasa por dos apartados: uno, el capítulo nutricional propiamente dicho y, otro, la atención en salud. Mucha de la atención en salud no ocurre a tiempo y, junto al Ministerio de Salud, nos preguntamos por qué en el primer año de vida, que es durante más controles debe haber por parte de las EPS, es donde más muertes se producen por desnutrición. En el ICBF, el área de nutrición es de las que tienen menos presupuesto dentro de toda la distribución presupuestal y se fue reduciendo solamente a la entrega de bienestarina. Todo este panorama pasa también por los operadores, porque tú estás dando un recurso público para que este tenga en cuenta el tema nutricional, talle, pese al niño y nos tenga los registros a tiempo y las alertas tempranas.
Este tema también lo analizaron en La Guajira. ¿Qué venía sucediendo en el departamento?
Los operadores no tallaban ni pesaban al niño en realidad, sino que cargaban datos falsos. La Guajira es muy grande, es difícil el transporte, pero no podía estar sucediendo esto. El Comité de Emergencia Nutricional de La Guajira nos fue arrojando datos muy certeros de cómo era que se venía dando la situación, si lo habían o no reportado con talla y peso adecuados. La Guajira es un reto, porque es una comunidad dispersa y territorializada, y no hay un ejercicio de representatividad colectiva. No tienes un diálogo con unos líderes que te puedan dar cuenta de toda la zona. Estamos hablando de 4.500 a 6.000 autoridades indígenas, cuya representatividad no va a estar nunca unificada. Tienes un reto de poder comprender las lógicas culturales y tienes el desafío de una economía precaria.
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¿Cómo están contrarrestando estos desafíos en La Guajira?
Hemos tomado dos decisiones. La primera es cambiar el modo como llegamos a las zonas desérticas y semidesérticas, las zonas propiamente de las rancherías Wayuu. Debemos llegar de la mano con las comunidades, no con un modelo de atención únicamente al niño o la niña, sino con uno de atención comunitaria. Arrancó a principios de este año con más o menos 570 comunidades y ya vamos cerca de 3.000. Este modelo busca tener una cohesión cultural con las comunidades. Con el tema de recuperación nutricional nos vamos a unir con los hospitales públicos. Ya empezamos con Maicao, seguimos con Nazaret, Uribia, Riohacha y Manaure. Además, mantenemos una vigilancia epidemiológica conjunta con el Instituto Nacional de Salud. Con ellos se han formado más o menos unos 120 promotores de salud en vigilancia comunitaria que recorren La Guajira y contamos con equipos de base buscando niños.
Recientemente la Contraloría emitió una alerta por el retraso en la contratación de los Centros de Desarrollo Infantil. ¿En qué va esa investigación?
La contratación fue una invitación pública y esto nos permitió hacer un proceso mucho más transparente. Pero un proceso transparente tiene muchos enemigos, eso quiere decir que nos han demorado de diferentes formas el proceso. Ya logramos, por fin, cerrar toda esa contratación, pero nos quedan por ahí uno que otro caso en que se han puesto pleitos jurídicos para impedir hacer el proceso. Tuvimos desde operación tortuga en algunos escenarios hasta estos escenarios jurídicos donde quieren impedirnos avanzar. También tuvimos escenarios de discriminación. Algunas comunidades indígenas ganaron la posibilidad de operar los servicios en sus territorios, y los mismos funcionarios a veces nos decían que no se puede, que iban a volver a evaluar.
¿Y qué ha pasado en estos meses con esos 780 mil niños menores de cinco años?
Lo que hemos hecho es poder llegar a las comunidades más fragmentadas con alimentos, que es lo más complejo en este momento. A partir de un convenio que tenemos con las Fuerzas Armadas se han entregado los alimentos a esas comunidades, sobre todo del Bajo Baudó y La Guajira. Hemos podido mantener un trabajo inicialmente a través de nuestras unidades móviles y de otros equipos territoriales que tenemos. Pero una vez superado esto ya podemos dar un parte positivo de que pasamos esa primera fase de cambiar la contratación, que era un salto que el ICBF tenía que dar para poder ganar en transparencia.
Ahora, ¿qué viene para la entidad?
El presidente nos ha pedido empezar a hacer operaciones directas y que el ICBF recupere su carácter público. Tener tercerizados los servicios de restablecimiento de derechos, de primera infancia o de nutrición le ha quitado el carácter público de lo que tenemos que hacer y ha generado negocios alrededor de los derechos de los niños y niñas. Vamos a ir con una posibilidad de operación directa de algunos Centros de Desarrollo Infantil en acompañamiento con alcaldías, gobernaciones y Ministerio de Educación. Esa operación directa significa que se transforman de Centros de Desarrollo Infantil a Centro de Educación Inicial. Entraría en todo el circuito educativo. Y, por el otro lado, que los centros de recuperación nutricional sean operados directamente por los hospitales públicos.
Mientras se hace tránsito, ¿cómo blindar a la entidad de la corrupción y justamente de la politiquería?
Es todo un reto, y lo que queremos un poco es mantener los equipos anticorrupción, mantener vigentes las investigaciones, escuchar todas las denuncias. También hay denuncias entre ellos y eso se va dilucidando a medida que se va encontrando la información y mantener un contacto vigilante con los entes de control. Necesitamos realmente que los entes de control acompañen este ejercicio de transparencia.
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