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Las delegaciones de los 166 países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se reunirán este 6 y 7 de mayo en Ginebra, Suiza. En el Consejo General se retomarán las negociaciones que quedaron en el limbo por la falta de consenso en la conferencia ministerial que se realizó en Yaundé, Camerún, en marzo pasado. Sobre la mesa está la reforma que evitaría que la organización pierda relevancia en el comercio mundial.
Además, hay dos temas centrales en la agenda. Por un lado, la moratoria de comercio electrónico, una medida impulsada principalmente por Estados Unidos y que en esencia les impide a los países cobrar aranceles por el envío de contenidos o datos a través de internet. Por el otro, la moratoria de propiedad intelectual, una bandera que Colombia impulsó en Yaundé y que, básicamente, impide que los países demanden a otros ante la OMC solo por afectar sus expectativas comerciales.
Como explicó en una columna para este diario Carolina Botero, cofundadora de la Fundación Karisma, sin la moratoria, que suspende la aplicación del artículo 64 del tratado ADPIC, “un país podría iniciar una disputa incluso cuando otro aplica medidas legítimas, como licencias obligatorias para medicamentos, excepciones y limitaciones al derecho de autor o políticas de acceso al conocimiento”. En 2016, contó Botero, Colombia buscó aplicar una licencia obligatoria para el medicamento Imatinib y enfrentó presiones internacionales, incluyendo amenazas de Estados Unidos de retirar recursos destinados a la paz. Sin la moratoria, tensiones de este tipo llegarían a la OMC.
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Hablamos con Mauricio Bustamante García, embajador de Colombia ante la OMC, sobre las claves de la reforma y la estrategia de negociación de Colombia para evitar que naufrague la moratoria de propiedad intelectual.
¿En qué consiste la reforma a la OMC?
A raíz de la crisis del comercio internacional que se profundizó en abril de 2025 con la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, se llegó a la conclusión de que la OMC debía cambiar. En los consejos generales se discutió un mecanismo, a través de un facilitador, para proponer una reforma en torno a tres ejes: cómo lograr decisiones más ágiles y acordes con las necesidades del multilateralismo (actualmente las decisiones dependen del consenso); el trato especial y diferenciado, y cómo crear condiciones equitativas de competencia en el comercio internacional.
Colombia no estaba de acuerdo con limitar la reforma a esos tres ejes y por eso pedimos incluir al menos dos puntos más: los aspectos fundacionales, que mantienen el equilibrio de la organización, y el sistema de solución de diferencias. El plan inicial era concretar la hoja de ruta de la reforma en la conferencia ministerial de Yaundé, Camerún.
¿Qué está pasando con el sistema de solución de diferencias?
Desde hace cerca de 15 años, un país ha bloqueado la designación de los jueces del órgano de apelación, que es la segunda instancia en los procesos jurídicos entre países. Sin segunda instancia, en la práctica quedan bloqueadas las decisiones sancionatorias de la OMC.
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¿Cuál era la postura de Colombia frente a los acuerdos plurilaterales?
Colombia no se opone a los acuerdos plurilaterales, pero decide específicamente si participa o no. El problema es que si la OMC se organiza solo alrededor de acuerdos entre grupos de países, se daña el multilateralismo.
Expertos han advertido que, al incluir los acuerdos plurilaterales en la arquitectura de la OMC, los temas importantes para países en desarrollo no llegarán a discutirse…
Sí. Y hay una dimensión más delicada: alguno de los países desarrollados ha optado, ni siquiera por el plurilateralismo, sino por fomentar acuerdos bilaterales donde los países en desarrollo quedan en una posición de vulnerabilidad. Lo que se requiere es más multilateralismo, porque es ahí donde se equilibran las negociaciones.
Colombia insiste en la reforma porque en la práctica ya se está dando, pero sin negociación ni consenso. El uso creciente de excepciones de seguridad nacional, la imposición de aranceles incompatibles con el principio de nación más favorecida, la proliferación de acuerdos bilaterales y el bloqueo del sistema de solución de diferencias equivalen a una reforma para que el sistema no funcione. El camino es reformar el multilateralismo para defender los principios fundacionales de la OMC; de lo contrario la Organización empieza a perder protagonismo.
¿Qué pasó con la reforma en la ministerial de Camerún?
La propuesta llegó a la ministerial con tres ejes y salió con cuatro, pues logramos que se incluyeran los aspectos fundacionales. También quedó resaltada en el texto la necesidad de no abandonar el análisis del sistema de solución de diferencias, lo que nos permitirá insistir en el tema.
¿Qué tanto se avanzó en la hoja de ruta?
Había dos posiciones. La primera buscaba un documento que dijera que se prepararía la reforma en los próximos dos años, sin mayor detalle metodológico. La segunda planteaba incluir un anexo con la metodología, establecer un monitoreo cada seis meses para poder concretar la reforma.
Se consensuó una posición intermedia: se agregó el cuarto eje, se mencionó el sistema de solución de diferencias y se acordó un anexo no tan completo, pero con algunos elementos para hacerle seguimiento al proceso. El último día la hoja de ruta para la reforma estaba prácticamente lista, pero en la OMC se trabaja bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Por eso, la reforma quedó atada a las moratorias y todo está en el “paquete de Ginebra”, que se discutirá en el Consejo General este 6 y 7 de mayo.
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Hablemos de las moratorias de comercio electrónico, que impulsó Estados Unidos, y la de propiedad intelectual, por la que apostó Colombia. ¿Cuál es el impacto de estas medidas?
La moratoria de comercio electrónico busca no imponer aranceles a las transmisiones electrónicas entre países. Es un tema muy sensible por su relación con la fiscalidad digital, la soberanía regulatoria y los intereses de las grandes empresas tecnológicas y de los exportadores de servicios digitales. Estados Unidos quería que fuera una moratoria a perpetuidad, que es difícil para los países en desarrollo porque limita su capacidad de regulación futura, especialmente con el avance de la inteligencia artificial. Otros países proponían plazos. Se discutieron varias opciones desde dos hasta seis años.
En el caso de Colombia, se adoptó una estrategia distinta: vincular esta moratoria a la de propiedad intelectual en una relación espejo. Planteamos que los tiempos de ambas moratorias debían ser iguales y, como se decide por consenso, teníamos capacidad de negociación. La OMC tiene tres pilares: mercancías, servicios y propiedad intelectual. Este último suele discutirse menos, pero es clave para la salud pública.
¿Cuál es el impacto de que no se apruebe?
La medida protege a los países en desarrollo para que no puedan ser demandados por la industria farmacéutica al asumir medidas de flexibilización en propiedad intelectual frente a temas como medicamentos, por ejemplo, frente a las licencias obligatorias de antirretrovirales para enfrentar el VIH.
La moratoria de los ADPIC tiene implicaciones directas en la salud pública porque le da un margen de maniobra a los estados para priorizar el acceso a medicamentos. Antes, un país con una industria farmacéutica que tiene una licencia obligatoria podía presentar una demanda contra otro argumentando que tenía una expectativa de utilidades por determinado medicamento y, con base en eso, establecer una acción jurídica. La moratoria impide acciones de ese tipo.
Inicialmente fue una medida temporal que se acordó en 1995, pero ha sido prorrogada sucesivamente cada dos años hasta ahora.
Esta vez se acabó la conferencia y no hubo aprobación de ninguna de las dos moratorias. ¿En qué escenario estamos?
Al final quedó incluida en el “paquete de Ginebra”. En el Consejo General, que empieza este 6 de mayo, se retomará el tema. También lo llevamos al Consejo de los ADPIC, en alianza con India, Bangladesh y otros países, como medida preventiva, para evitar que se argumente que no se puede tratar en el consejo general por razones procedimentales.
¿Hoy la moratoria está vigente?
Hay un debate jurídico al respecto y distintos conceptos. Por eso es vital que el tema avance en el Consejo General en Ginebra. En este momento, el desafío de la OMC va más allá de cerrar los acuerdos que quedaron pendientes en Yaundé. Lo que está en juego es definir si el sistema multilateral de comercio será capaz de adaptarse a un mundo en transformación o si quedará subordinado a dinámicas de poder.
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