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Los inocentes

Yohir Akerman
28 de marzo de 2015 – 06:11 p. m.

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La Procuraduría General de la Nación ha generado altísimos niveles de suspicacia en el momento de emitir posturas sobre temas escabrosos como la acusación de corrupción en contra del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Unos ejemplos:

El 16 de marzo de 2015, el procurador general, Alejandro Ordóñez defendió a Pretelt, pidió que no se le solicitara una renuncia prematura al magistrado de la Corte Constitucional y, finalmente, atacó al Gobierno por solicitar su dimisión.

Al poco tiempo se recordó que la esposa del magistrado Pretelt, Martha Ligia Patrón, trabaja como subordinada de Ordóñez, ejerciendo el cargo de viceprocuradora delegada de Familia, y que Pretelt y Ordóñez son bastante cercanos.

Pero este raro hecho no se queda ahí. El listado de indefendibles que la Procuraduría ha salido a defender es larga.

El 11 de febrero de 2014, Ordóñez dijo que Andrés Felipe Arias era considerado inocente para la Procuraduría y fue más allá estableciendo que el exministro de Agricultura no debía ser considerado responsable de las irregularidades ni de la debacle en el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).

Posteriormente, en junio de 2014, la Procuraduría absolvió a Arias en el proceso por enriquecimiento ilícito considerando que no existía evidencia documental que permitiera inferir la participación del exministro en ese hecho.

Sobra aclarar que la justicia encontró suficientes pruebas en ese caso y Arias fue condenado por la Corte Suprema a 17 años de prisión y a una multa de 50.000 salarios mínimos por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, delitos cometidos mientras estuvo al frente de la ejecución del programa AIS.

En otros controversiales casos, el Ministerio Publico defendió y pidió que se dejaran en firme las elecciones de Francisco Javier Ricaurte y Pedro Munar como magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, en respuesta a una investigación del Consejo de Estado por irregularidades en las votaciones de estos togados. La indagación establecía que estos magistrados habían participado en las elecciones de quienes los escogieron para el Consejo Superior, es decir, que todo había sido un cruce de favores.

Como respuesta, el Consejo de Estado anuló la muy polémica elección del magistrado Ricaurte, junto a la del magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, por irregularidades en los procesos de selección. En noviembre de 2014, el Consejo de Estado también anuló la elección del magistrado Munar, buscando atacar la práctica del “yo te elijo, tú me eliges”. Esa decisión fue tan contundente que incluso Munar dijo en ese momento que no presentaría ningún recurso de aclaración.

Según los analistas, estas destituciones constituyeron un golpe letal para los tentáculos del procurador en las cortes y posteriormente se concluyó que por esto el Ministerio Público estaba tratando de defender lo indefendible con esos magistrados. (Ver análisis de La Silla Vacía).

Pero esto no para ahí. El 7 de octubre de 2014, la Procuraduría exigió la presunción de inocencia del expresidente Álvaro Uribe por el caso de las chuzadas y pidió absolver al exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno Villegas de esa investigación.

Ahora bien, todo pareciera indicar que este es otro caso en el que los inocentes para la Procuraduría son demostrados culpables por la evidencia, como ya pasó con Moreno. Solo el tiempo, y la justicia, dirán.

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