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Dos estrategias para el proceso de paz

Santiago Villa
22 de junio de 2015 – 11:57 p. m.

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Hay dos estrategias que pueden implementarse para darle un nuevo aire al proceso, en especial dentro de la opinión pública, y para reconstruir la confianza entre las partes.

Aunque es evidente que la Mesa de Negociaciones de La Habana sobrelleva su momento más crítico desde las elecciones presidenciales de 2014, hay opciones y estrategias de las que todavía se puede echar mano para impulsar el proceso, y al mismo tiempo poder contemplar un acuerdo final que dé inicio a la fase de desmovilización.

Hay dos en particular que son complementarias, y cuya implementación puede resultar atractiva para las distintas partes de la Mesa, para la opinión pública y para los grupos políticos que son favorables o neutrales al proceso de paz.

Con el objeto de abrir el camino hacia un eventual cese al fuego bilateral, que es hacia donde debe estar encaminado el proceso en sus fases finales, y crear confianza entre las partes, es posible crear una o más zonas especiales donde se establezca un cese al fuego bilateral. Puede ser cualquiera de aquellas donde se han producido recientes episodios de violencia, sea el Catatumbo, el Chocó, Nariño, Cauca o Putumayo.

Estas zonas de paz serían espacios piloto para poner de nuevo en marcha programas como el de desminado, y serían zonas donde se mantendría una tregua bilateral hasta que terminen los diálogos, sea porque culminaron favorablemente o porque se rompieron.

La ventaja de que sean zonas y no una tregua bilateral nacional es que, aunque sin duda tendría un grado considerable de impopularidad dados los ánimos actuales, es más fácil la aceptación gradual de una tregua nacional.

El que estas zonas funcionen depende de que haya un acompañamiento internacional creíble. Como señala Sylvie Mahieu, del Centro de Estudios Internacionales Avanzados, luego de analizar varios escenarios de cese al fuego bilaterales en conflictos armados, estos resultan más efectivos cuando ya se están negociando puntos políticos de fondo en los diálogos, y cuando hay un mediador internacional con autoridad, sea política, moral o militar, que haga costoso romper la tregua.

Sería el momento en el que los mediadores internacionales, que han jugado un importante papel en la discreción, asuman un rol más visible.

La otra propuesta es la de Claudia López y Antonio Navarro, senadores del Partido Verde. Según ellos, en las elecciones de octubre debería haber una opción en la votación, que en la práctica funcionaría como una encuesta pero con un altísimo valor simbólico y político, para que la gente vote SÍ o NO a si el plazo de finalización de los diálogos debería ser el 9 de abril de 2016. Es previsible que arrasaría el SÍ.

Como describí en una columna anterior («El problema de los plazos», 20 de abril, 2015), este sería un plazo «simbólico», que se daría en una fecha conmemorativa, pues el 9 de abril de 1948 fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán, y este magnicidio es visto como uno de los detonantes primigenios de los continuos ciclos de la violencia en Colombia.

En la columna cité a Jamie Pleydell-Bouverie, de Crisis Action, quien describió en un documento titulado «El uso de los plazos en las negociaciones de paz» los distintos tipos de plazo y los contextos en los que han resultado efectivos.

La ventaja de un plazo «simbólico» como éste es que su incumplimiento representa un costo político y de imagen para las partes, y en especial para las Farc, así que introduce un elemento de presión y de tensión que obliga a acelerar el ritmo y a acordar puntos finales, cuando ya se está llegando a un momento climático de las negociaciones.

Aunque no es la situación ideal, como el plazo es «simbólico» también existe la ventaja de que es posible extenderlo si las conversaciones van por buen camino pero todavía no han terminado. Es preferible un plazo de este tipo que un plazo final y definitivo, pues un plazo definitivo incluso podría ser aprovechado por las Farc para presionar a favor de concesiones en la Mesa. No hay que olvidar que el gobierno y sus aliados también tendrían que pagar un altísimo costo político si las negociaciones fracasan.


Twitter: @santiagovillach 

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