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“Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud”, dijo Gustavo Petro el día de su elección como presidente, en referencia a personas que hicieron parte de la denominada Primera Línea durante las protestas sociales que se organizaron contra el actual Gobierno en el 2021 y que pocos días antes fueron capturadas.
Frente a las críticas que generó esta petición, algunos de sus cercanos colaboradores lo justificaron diciendo que era “una solicitud respetuosa que la Fiscalía debe revisar con carácter inmediato”. Creo, por el contrario, que fue una frase desafortunada tanto en la forma como en el fondo. Una muestra de respeto hacia los administradores de justicia es la de dirigirse a ellos por los conductos regulares y exponiendo las razones que sustentan las peticiones que se les formulan. Sugerir de manera general y al calor de un discurso que en ninguno de esos casos había motivos para privar de la libertad a dichos individuos es lanzar a la opinión pública la idea de que las actuaciones de sus jueces no son fiables, un pésimo mensaje en un país que necesita fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
En cuanto al fondo, la afirmación parte del errado supuesto de que la Fiscalía tiene la facultad legal de detener y liberar a quienes considere sospechosos de cometer un delito, lo cual no es cierto. Todas las aprehensiones que haga la Fiscalía son inmediatamente sometidas al escrutinio de un juez de control de garantías, quien es el encargado de decidir no solo si la persona fue legalmente retenida, sino también si existen en su contra evidencias que justifiquen mantenerla en detención preventiva. Una vez que eso ocurre, la Fiscalía no puede disponer de su libertad, lo cual la imposibilita para acceder a la solicitud del presidente electo; eso puede llevar a la gente a creer equivocadamente que si esas excarcelaciones no se producen es por capricho de los fiscales.
Ignoro qué elementos materiales de prueba existen en contra de decenas de hombres y mujeres que fueron capturados en todo el país en relación con actividades atribuidas a la denominada Primera Línea y cuya detención fue avalada por distintos jueces; pero si respecto de algunos de ellos hay razones para pensar que no cometieron ningún delito, son sus abogados, la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría General de la Nación quienes deben acudir ante los jueces que conocen de esas investigaciones —no ante los fiscales, que solo son una parte más dentro del proceso— para pedirles con argumentos legales que reconsideren su situación jurídica.
También hubo quienes justificaron la intromisión de Petro en la independencia judicial aduciendo que el actual Gobierno lo ha hecho de manera reiterada. Es verdad que Duque ha criticado abiertamente decisiones de las altas cortes y que el fiscal general no siempre se ha comportado con prudencia. Pero no se llega al poder con la bandera del cambio para continuar haciendo lo mismo que se critica. El presidente Petro no necesita áulicos, esos le van a sobrar en los próximos cuatro años; lo que requiere es gente que le aconseje bien y le ayude a reconocer sus errores.
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