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La práctica por parte de las fuerzas militares de asesinar campesinos y hacerlos pasar por guerrilleros, para cumplir con las cuotas de bajas impuestas por el Gobierno y cobrar las recompensas que desde 2005 se establecieron por cada baja, desató sobre todo entre 2006 y 2008 los abominables falsos positivos.
Más de 6.000 civiles, según los reportes más confiables, se presentaron como guerrilleros dados de baja. Los informes realizados para investigar estos crímenes coinciden en que fue la mezcla de presión por resultados e incentivos perversos lo que motivó la peor violación de los derechos humanos cometida por las instituciones colombianas en su historia.
Estados Unidos está poniendo las fichas para que en su política de arrestos y deportaciones de indocumentados se cometan graves violaciones a los derechos humanos, principalmente a través del Departamento de Seguridad Nacional, creado en 2003 como parte de un paquete de medidas antidemocráticas aprobadas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que le daban más poder al Ejecutivo para vigilar y castigar civiles.
Hay una enorme presión sobre el Departamento de Seguridad Nacional y su brazo policial, los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), para que lleguen a las cuotas de deportaciones que impone el presidente Trump. Esto recuerda a las presiones que el presidente Álvaro Uribe ponía sobre las fuerzas armadas colombianas con respecto al número de bajas que esperaba en el conflicto armado.
A causa de estas presiones, ICE experimenta problemas de moral, según un artículo publicado la semana pasada en The Atlantic. Sus agentes están desmoralizados porque, en lugar de invertir su tiempo investigando y persiguiendo delitos como el terrorismo y el tráfico de personas, están dedicando todo su tiempo a arrestar durante dramáticos despliegues de fuerza a jardineros, obreros y jornaleros que no le están haciendo daño a nadie.
Durante dichos despliegues, además, andan con el rostro cubierto, convirtiéndose en la práctica en la policía secreta del régimen Trump.
Imagino también que están preocupados por lo que se viene. Hace dos semanas se aprobó una ley de presupuesto que aumenta en más de 300 % los recursos de ICE, que tendrá casi el triple de recursos del FBI y el doble de sus agentes de un momento para otro. Esto quiere decir que sus filas se van a multiplicar con agentes mal entrenados y políticamente radicalizados, muchos de los cuales podrían ser de ejércitos paramilitares trumpistas de extrema derecha, como los Proud Boys. Poco a poco, ICE se vuelve un equivalente a las milicias bolivarianas de Hugo Chávez.
Entretanto, los nuevos campos de concentración creados por la administración Trump para apresar a los inmigrantes, en su mayoría latinos, se celebran por estar en los lugares más inhóspitos del país, y la Corte Suprema de Justicia da luz verde para que un civil sea enviado de un momento para otro, sin posibilidad de protestar, a campos de concentración en Libia, El Salvador o Sudán del Sur. Está demostrado que en ese tipo de operaciones se deporta también a migrantes legales y dentro de poco quizás también se incluya a ciudadanos estadounidenses que se oponen a las políticas de Trump. ¿Por qué no?
Durante su primer año de gobierno, Trump está poniendo los cimientos para que sólo sea su voluntad de presidente lo que separe a este país de un Estado policial totalitario. Cuando la Corte Suprema de Justicia se dé cuenta de ello y decida ponerle límites, ya será demasiado tarde.
Threads: @santiagovillach
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