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“Uno está trabajando normal y en segundos todo puede cambiar. Un ruido, una acumulación de gases y ya… no sabes si vas a salir”, dicen los mineros que trabajan en Sutatausa, municipio en el que se registró una explosión el pasado 4 de mayo, que dejó a nueve víctimas. Esos son los riesgos a los que se enfrentan a diario quienes trabajan 600 metros bajo tierra. Los mineros, que extraen carbón, saben que al ingresar a los socavones siempre hay una posibilidad que no regresar.
Ser minero es un oficio peligroso, con una de las tasas de defunción más altas del país. Según el último reporte de la Agencia Nacional de Minería (ANM), entre 2022 y lo corrido de 2026, hubo 494 emergencias, que dejaron 585 víctimas fatales. De estas, en Cundinamarca hubo 88 siniestros y 118 fallecidos.
Pero, entre los mineros, hay una categoría con un riesgo mayor: los que trabajan en la explotación subterránea de carbón, como lo hacían quienes murieron esta semana en Sutatausa. Las estadísticas de la Agencia Nacional de Minería (ANM) indican que, de las 494 emergencias registradas en el país, en los últimos cinco años, 363 fueron en este tipo de yacimientos, las cuales dejaron un saldo de 419 fallecidos. Es decir, siete de cada 10 casos se dieron extrayendo este mineral.
Y detrás de cada accidente hay una cadena de fallas, como lo indican las investigaciones sobre emergencias en explotaciones subterráneas legales, elaboradas por una comisión de expertos integrada por funcionarios de la ANM, los dueños de las minas y la ARL. Sobre Cundinamarca esta comisión publicó 16 informes, sobre casos puntuales, en cinco municipios, en los últimos 10 años. Si bien, esto es apenas una porción de la cantidad de accidentes en el departamento, se podría decir que son los casos más relevantes. Pero ¿cuáles son sus conclusiones?
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Sutatausa y el Valle de Ubaté: El epicentro de las fatalidades
En dichos documentos es claro cómo las fatalidades han marcado municipios como Sutatausa, Cucunubá, Tausa, Lenguazaque, Guachetá y Villapinzón, donde se han reportado explosiones de metano y polvo de carbón; caídas por pendientes de hasta 65 grados, y derrumbes. A esto se suma la ilegalidad, que agrava la crisis, siendo responsable de hasta el 49% de las víctimas mortales en diversas categorías de siniestros, dice la autoridad.
Por cantidad de víctimas, Sutatausa ha sido el municipio más afectado, con 30 muertes. Allí la ANM analizó dos grandes accidentes en la última década: la de abril de 2023, que dejó 21 mineros muertos, a la que se suma la explosión del lunes, que dejó nueve víctimas más. Le sigue Cucunubá, con 27 víctimas fatales, pero con más accidentes reportados.
El 2017 fue el año más trágico para la población, con 13 muertes en un solo hecho, seguido del 2020 con otra gran tragedia, que dejó 11. En 2019, 2023 y 2024 se reportó una víctima por año. Cierran Guachetá, con cuatro incidentes y cuatro víctimas; Tausa, con tres emergencias y cuatro muertes; Lenguazaque, con dos casos y dos víctimas, y Villapinzón, con una emergencia y un fallecido
¿Por qué ocurren los accidentes? Las fallas críticas según la ANM
Según la ANM, en casi todos los casos hay algo en común: un patrón que apunta a una deficiente gestión y fallas sistémicas del riesgo, así como precariedad de los controles de ingeniería, representadas en fallas críticas en los planes de ventilación, falta de monitoreo permanente de gases y una supervisión técnica que brilla por su ausencia en los turnos críticos. Además, la correlación directa entre la explotación informal/ilegal y la pérdida de vidas.
Deficiencias en ventilación y gases: El enemigo invisible
Las fallas más comunes, al menos en los casos más trágicos, apuntan a deficiencias críticas en ventilación y monitoreo de gases. Los informes resaltaron que muchas minas operaron sin un diseño de circuito de ventilación o con sistemas inapropiados; la ausencia de medición de gases (CH4, O2, CO); la falta de equipos multidetectores en los frentes de trabajo; la conexión entre minas, que permitió que las explosiones y los gases tóxicos se propagaran masivamente, y el ingreso a zonas que debían estar selladas y estaban mal ventiladas.
En los accidentes fatales por derrumbes identificaron fallas como la falta de diseños técnicos de sostenimiento y cálculos geomecánicos; distribución deficiente de elementos de soporte (madera o arcos) o el uso de materiales sin capacidad para resistir las presiones del macizo rocoso, y la falta de rellenos en los espacios entre el sostenimiento y el techo, facilitando colapsos.
Sin embargo, no es lo único. Los incumplimientos en las redes eléctricas, instalando equipos no aptos para la minería subterránea, convirtiéndose en una fuente común de chispas de ignición, y la falta de mantenimiento o uso inadecuado a equipos mecánicos, lo que ha generado accidentes fatales.
Ilegalidad y falta de supervisión técnica
A esto se suman los factores humanos como la falta de una supervisión adecuada, que revise las condiciones de seguridad; entrenamiento deficiente de muchos trabajadores, que realizan actos inseguros como ingresar sin equipos de protección, y falta de procedimientos de trabajo seguros.
Finalmente, las explotaciones ilegales. En siniestros por atmósfera viciada (2019-2020), entre el 39% y el 43.75% de las víctimas pertenecían a explotaciones ilegales, cifra que fue más alta en derrumbes y caídas (2017-2018), donde hasta el 49% de las víctimas ocurrieron en sitios sin título minero vigente o bajo explotación ilícita.
Es por esto que, agregan las investigaciones que “muchos accidentes, como las asfixias por atmósferas viciadas o las caídas mortales por falta de sistemas de anclaje, se habrían evitado con una cultura de autocuidado y el estricto cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro”.
La gran lección es que la seguridad minera no puede ser un anexo administrativo, sino el eje de la operación. Es urgente priorizar los controles de ingeniería y el monitoreo continuo sobre el simple uso de elementos de protección personal. Solo mediante la capacitación técnica rigurosa y la inversión en infraestructura eléctrica antiexplosiva se podrá garantizar que el descenso a la mina no sea, para muchos, un viaje sin retorno.
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Por Alexánder Marín Correa
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