Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El recuerdo de la voz del defensor de derechos humanos, José Eduardo Umaña Mendoza, todavía hace eco en aquellos sindicalistas, presos políticos, familias de desaparecidos y demás víctimas de violencia estatal que solamente él defendió. Su voz, la misma que fue silenciada tras su asesinato el 18 de abril de 1998, se mantiene vigente en la memoria del liderazgo que, lamentablemente, sigue siendo el blanco de opositores a la justicia y la verdad en Colombia.
Después de 25 años, son pocos los avances para determinar la culpabilidad de militares y paramilitares que, según la familia Umaña, planearon y ejecutaron su asesinato junto con la banda delincuencial La Terraza. Todavía se mantiene impune el crimen de lesa humanidad que le arrebató la vida, las luchas, y su quehacer como profesor, abogado y defensor de los derechos humanos.
Lea también: “Mejor morir por algo que vivir por nada”
El 16 de febrero de 1998, Umaña puso en conocimiento de las autoridades su inminente asesinato. Llamadas con amenazas y hostigamientos habían sido parte de su álgida existencia como defensor desde hacía más de 20 años. El abogado llevaba casos de personas con pocos recursos que llegaban a su oficina buscando justicia por ser, principalmente, víctimas de violencia estatal.
Desde los años 70, el abogado asumió la defensa de varios crímenes de Estado. Además, fundó el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y, más tarde, fue también uno de los abogados (entre los que estaba su padre) que empujaron hacia los primeros pasos, como representantes de graves violaciones a los derechos humanos, al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).
En su archivo reposaron, por ejemplo, investigaciones relacionadas con los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia (luego de la toma del M-19 y la retoma del Ejército entre el 6 y 7 de noviembre de 1985); el magnicidio de Carlos Pizarro; y ayudó al exilio de varios sobrevivientes de la Unión Patriótica (UP). Incluso, en 1996, el abogado demostró que la Fiscalía, aprovechando el sistema de justicia sin rostro, clonó testigos para incriminar a 12 integrantes del sindicato de Ecopetrol de colaborar con la guerrilla del Eln.
En contexto: Caso Umaña: la solicitud de exclusión a Don Berna de Justicia y Paz que se embolató
Todos estos casos que llevaba Umaña y señalaban a personas con poder en el país, incluyendo a las Fuerzas Armadas, terminaron doblegando su vida, al igual que la de otros líderes sociales. Su homicidio, el 18 de abril de 1998, se ejecutó dos meses después del de Jesús María Valle en Medellín y casi un año más tarde del de Elsa Alvarado y Mario Calderón, investigadores del Cinep que fueron asesinados en Bogotá.
El 21 de abril de 1998, una caravana masiva acompañó el féretro con el cuerpo de Umaña, desde la Universidad Nacional de Colombia hasta el cementerio Jardines de Paz en Bogotá. Su padre, Eduardo Umaña Luna, dijo durante el sepelio: “La muerte de José Eduardo Umaña Mendoza es culpa mía, y exclusivamente mía, porque desde muy niño oyó palabras de combate contra la justicia social”.
El homicidio contra Umaña fue perpetrado por tres integrantes de la banda criminal La Terraza, la cual era dirigida por el jefe paramilitar y narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, y contó, al parecer, con la participación de agentes del Estado, un pedazo de la historia cuyo esclarecimiento, a manos de la Fiscalía, va a paso muy lento. Lo único que ha dicho Don Berna es que Carlos Castaño fue quien dio la orden de matar a Umaña Mendoza.
No fue sino hasta el 16 de agosto de 2016 que el asesinato fue declarado crimen de lesa humanidad, es decir, puede pasar el tiempo que sea y el hecho no va a prescribir: la justicia tendrá que actuar.
Más tarde, en 2018, una fiscal de derechos humanos pidió la exclusión de Justicia y Paz de Don Berna, por no colaborar con el esclarecimiento del crimen. En agosto de 2022, el representante jurídico de la familia de Umaña apeló ante la Corte Suprema de Justicia la expulsión de Don Berna, y, hasta el momento, no existe respuesta al respecto de parte de este tribunal.
Le puede interesar: ‘Gracias por no doblegarte, papá’
Para agosto de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó a estudiar si el Estado colombiano es responsable por el asesinato del defensor de derechos humanos, además por los escasos avances investigativos en el proceso de juzgamiento de los responsables.
A la fecha, no hay más que un informe de admisibilidad donde la corporación internacional dice que el caso probablemente representó una violación a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión, protección a la familia, derecho de circulación y de residencia, y protección judicial. Es decir, el proceso, por el que el Estado podría ser declarado responsable en el sistema interamericano, apenas va en sus primeras etapas.
Hoy, 25 años después del asesinato, recordamos las palabras que en 2013, su hijo, Camilo Umaña, actualmente viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, le escribió en una carta: “Estos años no han sido de despedida, sino de memoria viva. Jaime Garzón me diría en el funeral de mi padre que él hacía lo que hacía inspirado en Eduardo Umaña. Esa inspiración está ahí en tantos corazones y mentes, de activistas que luchan por la libertad, que escudriñan la verdad, que saltan y sortean el acoso que sufren quienes luchan por la justicia”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Valentina Arango Correa
Conoce más