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Las calles de Tunja ya no eran seguras para Lidia Patricia Cardozo. Desde hace más de un año, la lideresa feminista oriunda de Puerto Boyacá había denunciado amenazas en su contra. La solicitud de un esquema de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) que había radicado desde 2022, apenas tuvo respuesta efectiva con la llegada de unos escoltas el pasado martes, una noche después de que fue atacada con ácido por un desconocido en el Parque Santander de Tunja (Boyacá).
Durante la mañana de ese 10 de abril, la lideresa participó de un encuentro para exigir respuestas institucionales ante un posible caso de violencia de género. En horas de la tarde, se desarrolló en Tunja una reunión del mecanismo articulador departamental de prevención de violencias de género, un encuentro donde se hicieron presentes las insistencias de una psicóloga y la abogada de la Casa de la Mujer para que atendieran el caso de Patricia Cardozo con un mecanismo de protección. Irónicamente, al salir de esos dos encuentros, la lideresa fue atacada con ácido.
Los conocimientos de primeros auxilios le permitieron a Patricia Cardozo autoprotegerse. Inmediatamente después de haber sido atacada, alrededor de las 6:00 de la tarde, llegó hasta su casa y atendió las quemaduras. Esta es la razón por la cual pasó casi una hora para que realizara la llamada de emergencia y así recibiera la atención de la ambulancia y el traslado al Hospital Universitario San Rafael. Según este centro médico, el ataque afectó el 4 % de su superficie corporal, sobre todo, en su rostro, tórax y muslos.
Además de ser la jefe de enfermeras y coordinadora del programa de las rutas de atención de violencias en el Hospital Universitario San Rafael, precisamente en donde se encuentra todavía hospitalizada, la lideresa Cardozo también construyó y encabeza la organización de derechos humanos Asseinsa ONG. A través de su trabajo, la lideresa ha aportado, desde hace más de 10 años, a la construcción de planes de desarrollo en temas de salud pública con enfoque de género. Patricia Cardozo es también esposa, madre y abuela.
Laura Zabala, directora de la Casa de la Mujer, coincidió con Cardozo tejiendo una amistad desde hace más de cinco años en el activismo feminista en Boyacá. Construyeron, junto con otras mujeres, un conglomerado de varias organizaciones y colectivas del departamento en la fundación de la Plataforma Feminista Boyacense. Ante el ataque de su compañera, Zabala cuenta que alertaron a la Defensoría del Pueblo que, según ella, “es la primera y la única entidad que nos ha respondido siempre”.
En las redes sociales de la lideresa se ven imágenes con invitaciones, como un diplomado dirigido a mujeres, que comenzó a coordinar en marzo pasado para la formación en derechos humanos y liderazgo. También ha liderado talleres en empoderamiento femenino, aunque una de sus pasiones, por su labor en el hospital, es la medicina con enfoque de género. “Es una mujer muy empoderada, con unos conocimientos enormes en la perspectiva de género, y una abanderada de los derechos humanos”, dice una de sus compañeras de la plataforma. El trabajo de Cardozo como defensora de la vida de muchas personas “es lo que hoy tiene su vida tristemente en un riesgo tan inminente”, agregó una de ellas.
Las amenazas y la presunta negligencia de la UNP
En 2021, el trabajo de Patricia Cardozo como defensora de derechos humanos en Boyacá comenzó a ser amenazado. A través de redes sociales, recibió intimidaciones que, a mediados de 2022, comenzaron a intensificarse con hostigamientos en presencia de su familia, en las calles de Tunja, y panfletos que ya anunciaban el riesgo en el que estaba su vida. “Hace menos de una semana, Patricia estaba caminando con su nuera y su nieto, y una persona desconocida las accedió y las intimidó sin importar la vida del menor de edad que estaba allí”, cuenta una de sus amigas.
Desde septiembre de 2022, Cardozo insistió ante la UNP para la implementación del esquema de seguridad tipo uno, tal como lo indicó la resolución proferida por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas. En esa ecaluzación quedó claro que Cardozo tenía un riesgo extraordinario para su seguridad. El 20 de diciembre de 2022, la UNP emitió la resolución para otorgar el esquema de seguridad, pero nunca hubo una respuesta eficaz. Para Laura Zabala, de la Casa de la Mujer, hubo negligencia por parte de la UNP.
Alejandro Fúneme, alcalde de Tunja, explicó que fueron más de 15 llamados formales a la UNP, tanto desde la Alcaldía como desde la Defensoría, la Fiscalía y la Personería de Tunja. “La respuesta del delegado regional de la entidad es que están expectantes hasta no tener instrucción”, escribió en su cuenta de Twitter. La Alcaldía de Tunja también afirmó que la Fiscalía tiene dos noticias criminales sobre el caso: una por amenazas y otra por tentativa de feminicidio.
Solamente, después de un día de haberse presentado el ataque con ácido contra Cardozo, el alcalde Fúneme informó que la UNP autorizó la implementación de medidas para garantizar la integridad de la líder. Además, el mandatario local habló ante RCN Radio calificando de negligente, pasiva y omisiva a la UNP, por presunta ineficacia y falta de acciones concretas frente al caso de Cardozo y de otros líderes sociales amenazados en la capital boyacense.
“A los hombres no los atacan con ácido, a mujeres como Patricia sí”
Aunque el trabajo de Cardozo tiene el mismo riesgo de todos los líderes en Colombia, para las mujeres que trabajan a su lado, la situación de seguridad se agudiza. Para Gina Rojas, comunicadora de la Plataforma Feminista y participante de la Fundación Sobreviviente, de la cual Cardozo también es voluntaria, “estos ataques contra una mujer tienen el objetivo de dañar su rostro, le quieren dañar su carne, quieren dañar su vida para callarla para que ellas de que en casa”.
Tanto para Rojas como para Kimberly Ochoa, abogada del colectivo La Ramona, que a su vez integra la Plataforma Feminista, este es un ataque con enfoque de género porque atenta contra el físico y busca disminuir el liderazgo o la presencia pública de la víctima en cualquier tipo de escenario. Además, Ochoa menciona que el caso de Cardozo debería investigarse como una tentativa de feminicidio. “La razón es que los ataques con ácido buscan el castigo hacia las mujeres en cuanto al borrado de su identidad”, expresa la defensora.
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“Los ataques con ácido hacia mujeres se materializan en Colombia a razón de su identidad, el rostro que es la parte más sensible y con la que expresamos nuestra corporalidad de manera continua a través del cuerpo”, añade la abogada. Por lo anterior, Laura Zabala también considera que se deben fortalecer los protocolos de protección a los líderes sociales y de derechos humanos con un enfoque interseccional y de género, “porque no es lo mismo ser una defensora de derechos humanos cuando se es mujer”.
En 2023, a fecha de cierre del 17 de marzo, Indepaz contabilizó 27 líderes asesinados en el país. Por fortuna, coinciden sus amigas, Patricia Cardozo sobrevivió al ataque, aunque estuvo cerca de ser parte de esta cifra. Estas mujeres convocaron el pasado martes 11 de abril a un plantón desde las 9:00 de la mañana frente a la Alcaldía de Tunja pidiendo justicia para el caso de la lideresa. Dicen que gracias a esta acción y las diferentes formas de presión y denuncia que han realizado fue que, finalmente, la UNP asignó el esquema de protección para Cardozo.
Por estos hechos, la Alcaldía de Tunja anunció que se dará una recompensa de hasta $5 millones para dar con la identificación de la persona que agredió a la lideresa. Por su parte, un comunicado desde la Plataforma Feminista Boyacense afirma que: “Las autoridades la dejaron sola, el Estado le falló y hoy solo ella está pagando las consecuencias”. Para estas mujeres, que luchan por sus derechos, esta situación no va a parar sus acciones: “Esto no nos puede frenar. Esto nos tiene que dar más fuerza para seguir adelante”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Valentina Arango Correa
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