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El Ministerio de Salud y la Adres (el llamado “banco de la salud”) preparan los últimos ajustes de una medida con la que buscan darle algo de oxígeno financiero a los hospitales y clínicas, en medio de la crisis de liquidez de la red de salud (pública y privada) del país, que ya ha provocado cierres de servicios y suspensiones de atención en varias regiones.
La medida se viene cocinando desde hace meses y le faltan algunos detalles en los que están trabajando a toda carrera Minsalud y la Adres. En esencia, consiste en que la Adres podrá servir como garante para que las IPS accedan más fácilmente a créditos con entidades financieras. La idea es que clínicas y hospitales puedan conseguir plata para pagar deudas con proveedores, ponerse al día con trabajadores o simplemente sostener su operación mientras atraviesan problemas de caja por retrasos y deudas acumuladas.
Un par de cifras ayudan a entender la dimensión de la crisis. El pasado 21 de abril, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), que reúne a unos 230 prestadores, publicó un estudio de cartera en el que advirtió que, con corte a diciembre de 2025, los hospitales y clínicas acumulaban deudas por COP 25,7 billones, un aumento de un 7 % frente a junio del mismo año. La mayor parte de esa cartera está concentrada en las EPS del régimen contributivo, que adeudan cerca de COP 12,9 billones. Les siguen las EPS del subsidiado, con COP 7,1 billones, y el Estado, con alrededor de COP 1,9 billones, una categoría que incluye a las entidades territoriales, la Adres y el extinto Fosyga.
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El impacto de esa falta de liquidez ya se siente en la operación diaria de parte de la red hospitalaria. Los cierres de servicios y las alertas financieras aparecen en medios de comunicación casi semana tras semana. Uno de los casos más recientes fue el de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, que anunció la suspensión temporal de algunos servicios en Bogotá debido a las deudas del sistema. Esa decisión afecta, entre otros, procesos de tamizaje y detección temprana que atendían a cerca de 2.000 pacientes al mes.
En ese contexto, el Gobierno apuesta a que el nuevo esquema de garantías permita que hospitales y clínicas accedan más fácilmente a créditos para mantener su operación mientras logran recuperar parte de la cartera que tienen represada. Aunque en el sector reconocen la utilidad de la medida, no creen que vaya a ser suficiente para resolver la crisis.
La Adres, como “fiador”
“Nosotros, como gremio, hemos apoyado la construcción de la norma porque uno de los problemas más graves derivados de la falta de flujo de recursos y del crecimiento de la cartera es que la banca prende todas sus alertas. Eso hace que el sector prestador de servicios sea evaluado con un mayor nivel de riesgo crediticio”, explica Juan Carlos Giraldo, director de la ACHC. En pocas palabras, las entidades financieras pueden estar percibiendo que hospitales y clínicas tienen dificultades porque dependen de pagos de EPS que muchas veces no llegan a tiempo, lo que termina afectando su capacidad de acceso a crédito.
Eso último se traduce, básicamente, en dos escenarios: o las entidades financieras terminan negándoles el crédito por considerar que el riesgo es demasiado alto, o aceptan prestarle recursos, pero a tasas más elevadas y bajo condiciones mucho más estrictas.
“Entonces, desde hace mucho tiempo estábamos buscando alguna figura parecida a lo que es el Fogafín. Como un garante de esas operaciones crediticias que ayudara y le diera un plus de confianza al sector financiero frente al sector prestador de servicios. Eso lo hablamos con varios gobiernos y este finalmente escuchó”, dice Giraldo.
El garante sería la Adres, que funcionará como respaldo de esos créditos usando como garantía el flujo de recursos que hospitales y clínicas reciben mensualmente a través del giro directo. La entidad no entregará dinero por adelantado ni asumirá las deudas, sino que ofrecerá a los bancos un “seguro” sobre esos pagos futuros del sistema de salud.
La medida no es algo completamente nuevo. La operación se realiza con cargo a la Subcuenta de Garantías para la Salud, un vestigio de lo que era el extinto Fosyga, y que fue creada específicamente para generar liquidez y sostenibilidad en el sector salud.
A Jorge Toro, director general de la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de Colombia (UNIPS), también le gusta la medida. “Lo ideal por supuesto sería tener un flujo constante de recursos y que nos paguen lo que se debe, pero hoy en día, no hay un flujo y el acceso a crédito es difícil. Hay meses en donde las instituciones no están alcanzando a reunir lo de la nómina, o se daña un equipo y toca si o si traerlo. Esta herramienta ayuda a evitar suspensiones o cierres de servicios. Puede ser muy útil”.
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En esa estrategia el tamaño del crédito dependerá directamente del flujo de recursos que ya mueve cada institución dentro del sistema: se establece que el monto máximo de la garantía será de hasta cuatro veces el promedio de los recursos que la IPS haya recibido mediante giro directo durante los seis meses anteriores a la solicitud. Por ejemplo, si un hospital recibió en promedio COP 100 millones mensuales por giro directo durante ese periodo, la garantía podría respaldar créditos de hasta COP 400 millones. Una de las lógicas detrás de ese límite es que el respaldo tenga relación con la capacidad real de ingresos de cada IPS y que la banca tenga una fuente relativamente predecible de pago en caso de incumplimiento.
“No es posible arriesgarse a más dado el momento del sector”, dice Toro. Pero, al mismo tiempo, eso puede implicar que las instituciones más pequeñas o con menores flujos de recursos tendrán un margen de acceso mucho más limitado, incluso si atraviesan problemas graves de liquidez. Si a eso se le suma, además, que buena parte de la cartera que arrastran hospitales y clínicas no solo es alta, sino además vencida desde hace meses, e incluso años, el impacto de la herramienta puede ser aún más relativo.
La pregunta es qué ocurre si una clínica incumple los pagos del crédito. En ese escenario, la entidad financiera deberá notificar a la Adres sobre el atraso o incumplimiento. A partir de ahí, la entidad descontará directamente el dinero adeudado de los recursos que iban a ser transferidos a la IPS mediante giro directo y se los girará al banco para cubrir la obligación.
El crédito debe usarse exclusivamente para el saneamiento de pasivos (con trabajadores y proveedores de salud) o para fortalecer el capital de trabajo y la Adres solo otorgará garantía para un (1) crédito vigente por IPS. No se permiten garantías simultáneas
En principio, la medida cobija tanto a hospitales públicos como privados, siempre que tengan habilitación vigente y reciban recursos mediante giro directo. Pero la resolución impone varios filtros. Uno de ellos, por ejemplo, es que quedan por fuera las instituciones que tengan vínculos de propiedad, integración vertical o control empresarial con EPS.
“Para la institucionalidad hospitalaria independiente, tanto pública como privada, este es un incentivo real que nos va a diferenciar de todas esas otras entidades de integración vertical que hoy están teniendo ventajas en el mercado”, dice Giraldo. “¿Esto resuelve la totalidad? No, esto no va a resolver todos los problemas y no reemplaza el flujo adecuado de recursos”.
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Los límites de la estrategia
La estrategia tiene límites que en el sector salud y financiero reconocen. “Va a ayudar a que los bancos disminuyan un poco esa posición de riesgo frente a los prestadores, pero esto no es ni un recurso adicional, ni una solución al hueco financiero que existe”, señala Alejandro Escobar, director de Sectorial, una firma de análisis financiero que estudia el comportamiento económico de distintos sectores, incluido el de la salud. “Termina siendo solo una medida coyuntural para tratar de reactivar el acceso al crédito a los prestadores de salud, pero, por ejemplo, no les va a bajar los ciclos de rotación de cartera que hoy tienen”.
Con rotación de cartera, Escobar se refiere al tiempo que tardan hospitales y clínicas en recuperar el dinero que les deben EPS y otras entidades del sistema. Entre más largo es ese ciclo, más tiempo pasan las IPS operando sin recibir efectivamente los recursos por los servicios que ya prestaron. Ese es justamente uno de los principales cuellos de botella.
Wilson Cubides Martínez, director ejecutivo de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, lo resume de una manera más cotidiana: “Nadie que tenga una deuda o no esté recibiendo recursos, se va a endeudar más. No es lógico. Es como cualquiera con una tarjeta de crédito. Lo que hay que garantizar es que exista un flujo constante de plata”.
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