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Los habitantes de Los Cámbulos, en Villavicencio, tuvieron que esperar 27 años para que los declaran un barrio legal. Están al suroccidente del casco urbano y se podría decir que camino al municipio de Acacías, aunque eso no es tan cierto, porque sobre la vía se han ido consolidando otras urbanizaciones a tal punto que desde el barrio hasta el centro de la ciudad el recorrido puede tardar alrededor de 30 minutos en carro.
Es un barrio en la periferia, pero a diferencia a los de invasión, que generalmente se ven en ciudades grandes, está habitado por personas que han construido sus casas, tienen sembrados en sus alrededores y hasta se ven hospedajes con piscina. Su problema había sido por la titularidad de la tierra, y comenzó en 1996, cuando les hicieron una promesa de compraventa de un lote de 24 hectáreas.
Este terreno era parte de la finca La Camelia, donde además se fueron consolidando los sectores de Villa Juliana, Bosques de la Rivera y Ciudad Porfía. El problema es que a pesar de que llevan más de 20 años en el lugar, aparecieron supuestos dueños queriéndose adjudicar los terrenos, al punto de que se fijó una fecha para el desalojo. La acción fue desestimada por un juez que, respondiendo a una tutela, impidió que sacaran a los 1.150 habitantes del barrio, mientras que la Personería y el alcalde, Juan Felipe Harman, denunciaron ante la Fiscalía las irregularidades que habrían cometido funcionarios de la Alcaldía en el proceso.
Esta es solo una cara de lo que ocurre en Villavicencio. En su momento, Mario Romero, exsecretario de Planeación de la ciudad, advirtió al Periódico del Meta que en la capital el 70 % del suelo es informal. “La ciudad generó expectativas en materia económica, que atrajo a población migrante y que generó una dinámica del suelo, en la que predominaron los asentamientos informales”.
Esto se puede evidenciar en un mapa de la ciudad. Al igual que Los Cámbulos, hay barrios que se han ido consolidando en zonas apartadas del centro, lo que ha provocado un crecimiento desigual. Según la secretaria actual de Planeación, Vanessa Sandoval, en este momento ellos estiman que tres de cada cinco barrios de Villavicencio son ilegales, por lo que la legalización ha sido fundamental a la hora de hablar del ordenamiento territorial de la capital de Meta.
“Villavicencio es una ciudad que día a día está creciendo y se está desarrollando de una manera muy acelerada. Desafortunadamente, al hacerlo de manera ilegal hace que incremente el desarrollo informal en los diferentes sectores”, dijo Sandoval.
En esta administración se han legalizado 15 barrios y la meta es que antes de que termine el año queden 15 más. Además de la titularidad, se están haciendo acuerdos con los moradores y, según la funcionaria, se deja pendiente “a la siguiente administración a invertir en la pavimentación de sus vías, completar la instalación de redes fluviales, alcantarillado, acueductos o de incluso algunos servicios o trámites de la solución de redes de gas”.
El proceso
Para legalizar un barrio hay tres grandes etapas: la primera es la social, “en la cual se reconoce la historia del asentamiento, se realiza una cartografía social y unas encuestas que se le hacen a cada una de las personas que viven allí”, explicó Sandoval, quien añadió que en la segunda, que es más técnica, “se hace un levantamiento topográfico, es la etapa más demorada. Nosotros como administración brindamos ese servicio de manera gratuita, pero lleva tiempo. Algunas comunidades de sus propios recursos hacen el levantamiento topográfico”.
Estos análisis terminan cruzándose con las determinantes ambientales, así como con las diferentes problemáticas que hay en la ciudad, como el acceso al agua y se delimita el sector que se puede legalizar, para finalmente pasar a la etapa jurídica, en la que se “reconoce que ese asentamiento que existe en el municipio tiene las condiciones para ser legalizado”, dijo la funcionaria de la Alcaldía.
En este proceso se tienen en cuenta factores como el tipo de consolidación del asentamiento, es decir, la cantidad de construcciones hechas en material y el tipo de posesión que se hace de los lotes. “La legalización es reconocer que existe un barrio, que se debe llevar una inversión del municipio para garantizarles calidad de vida a las comunidades”, por eso el grado de consolidación debe ser superior al 50 % del barrio.
Por último, antes de la legalización se presenta a la comunidad la propuesta urbana, que incluye las intervenciones a las que se compromete la administración y los planteamientos que se incluyen en el Plan de Ordenamiento Territorial para estas zonas. Esto es sometido a votación, donde más de la mitad de la comunidad deberá estar a favor.
Pero la legalización no es tan fácil. Si bien la secretaria Sandoval como el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, destacan que los procesos con el esfuerzo político se están haciendo en cuatro meses, no todos los que se han postulado cumplen con las condiciones y esto ocurre principalmente por la ubicación de los barrios ilegales.
La iniciativa debe surgir de las comunidades, que tienen que buscar a la Alcaldía para que conforme el comité de evaluación, en el que se tienen en cuenta factores como que los moradores lleven más de 10 años en la zona para iniciar el proceso. La secretaria de Planeación indicó que en este paso varias solicitudes han sido rechazadas por otros factores, como la afectación ambiental a sitios protegidos o la invasión de rondas de aguas. “Hay solicitudes de sectores que están al borde del río Guatiquía (que bordea la ciudad). Nosotros debemos respetar una distancia de protección ambiental al río”.
Otra de las zonas que no se puede legalizar es donde están los asentamientos que bordean el bosque de galería. “Han entrado, han eliminado el bosque o han talado especies endémicas y solicitan una legalización, allí hay una determinante ambiental que está sobre cualquier ley y se debe respetar”, señaló Sandoval.
En estos casos los residentes de estos predios deben ser reubicados, y en los casos más extremos, en los que no hay acuerdos, deben ser desalojados, pero para ello existen otros procesos administrativos y judiciales que obligan a la Alcaldía a garantizar un subsidio y opciones para el cambio de vivienda de las familias, así como acciones para la recuperación de las zonas y las garantías de que estos espacios no se vuelvan a ocupar.
Aunque esta administración avanzó en la formalización, sin duda queda un camino largo por recorrer, además del compromiso de los siguientes alcaldes para que en los nuevos barrios haya servicios públicos, vías pavimentadas y un crecimiento formal.
