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El nuevo consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Roselino Guarupe Joropa, aseguró en entrevista con El Espectador que el progresismo que representa el presidente Gustavo Petro se acerca a las comunidades indígenas —razón por la cual lo apoyan—, pero advirtió que ese proyecto político en sí mismo no es una garantía de protección a los derechos de las comunidades que representa.
La elección de Guarupe se confirmó hace una semana durante el XI Congreso Nacional de pueblos indígenas, una cumbre que tuvo una alta carga política. El consejero es del pueblo sáliba y es la primera vez que alguien de este origen ocupa el puesto más alto de este movimiento. Su periodo es por cuatro años al frente de una organización que agrupa a los más de 80 pueblos indígenas del país.
¿Cómo evalúa al presidente Gustavo Petro en estos tres años de Gobierno?
Petro le apostó en su Gobierno a temas estructurales, que obedecían a algunas reformas para beneficiar a la mayoría de los colombianos. Entonces, eso no ha sido fácil para él, porque el Legislativo se ha opuesto mucho a esas reformas que, en su mayoría, son para beneficiar a la sociedad menos beneficiada de este país. Nosotros entendemos cómo funciona el país, pero ya es hora de que se reconozca que aún hay muchos colombianos sobre los que casi no se ha legislado. Entonces, cuando llega Petro, avanzamos en diferentes temas y, cuando empezamos a avanzar en eso, es que nos encontramos con las dificultades en el Congreso.
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¿No es una imposibilidad del presidente de buscar acuerdos?
Este es uno de los países más desiguales del mundo, en buena parte porque no hemos tomado plena conciencia del papel que cumplen el Legislativo y el Ejecutivo. Esos cargos no deben asumirse como lo han hecho, sino como responsabilidades constitucionales al servicio de todos los colombianos.
El Ministerio del Interior está a cargo de la dirección de asuntos indígenas, ¿cómo le ha ido en el diálogo con el ministro Armando Benedetti?
Con Benedetti nos pudimos sentar a conversar en un diálogo de acercamiento porque, como pueblos indígenas, tenemos esa gran garantía constitucional de la consulta del plan de desarrollo. Con él establecimos unos acuerdos sobre la coordinación para poder cumplir con los acuerdos con el movimiento indígena. También creamos una agenda para revisar los acuerdos y las apuestas políticas del movimiento indígena. Eso dejó un buen ambiente, tanto de parte de él como de parte mía, para seguir avanzando.
La ONIC apoya las manifestaciones a favor del Gobierno, ¿los contratos que les han dado en estos tres años motivan ese respaldo en las calles?
Los contratos que han venido saliendo son para el cumplimiento de unas consultas. Son temas que se deben consultar a través de la mesa permanente de concertación, pero no es en la mesa donde se hace la consulta, los temas se bajan al territorio. Tiene que haber una garantía para que las estructuras del movimiento indígena puedan definir los temas que se están consultando. Por ejemplo, con el decreto de autoridad ambiental, eso no es porque el Gobierno se sentó y dijo que “ellos se merecen esto”. No, de hecho eso se había protocolizado en el comienzo del gobierno de Iván Duque. Quedó protocolizado, pero hasta ahí.
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Pero, consejero, ¿motivan su apoyo callejero a las marchas progobierno?
Los contratos se han venido dando en todos los gobiernos para garantizar las consultas. Lo que quiere decir que esos recursos no fueron para la minga. Yo tengo cinco días como Consejero Mayor electo, pero conozco esto porque hice parte de la mesa permanente de concertación sobre estos temas.
¿Ese apoyo se mantendrá en la campaña electoral en la que el presidente busca reelegir al progresismo?
Nosotros apoyamos el proyecto del presidente Gustavo Petro y, dentro de lo que apoyamos electoralmente, teníamos una esperanza de que con él íbamos a avanzar en los sistemas propios. En gran parte fue así, porque el Ejecutivo permitió que avancemos en esos instrumentos jurídicos, pero la ganancia fue a través de la minga. El proyecto del progresismo se acerca mucho a nosotros, pero también tenemos claridad que no es la garantía de nuestros derechos como pueblos indígenas.
De nuevo, consejero, ¿eso es que sí apoyarán ese proceso de reelección?
Nosotros mismos somos la garantía de que nuestros derechos se puedan implementar en nuestra sociedad indígena. La garantía somos nosotros y seguiremos ahí firmes, independientemente de cuál candidato gane las próximas elecciones.
¿Quién debe ser el sucesor del presidente Petro?
Nadie reemplaza a nadie en materia de su conocimiento, sus capacidades y su forma de ser. Pero lo que el presidente debe revisar es quién se compromete a continuar con el proyecto del progresismo. Más que las personas, es el proyecto. La apuesta política aquí es el proyecto del progresismo, que ha tenido mucho cambio al interior del país. También ha generado un cambio en beneficio de muchas más sociedades.
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¿Debería haber continuidad en el 2026?
Pienso que la forma en que el progresismo le está planteando al país un cambio no es precisamente en un periodo de cuatro años, tenemos que resolverlo y de manera estructural. Eso quiere decir que no puede ser un programa de gobierno, eso tiene que ser una apuesta política de país.
El presidente quiere una nueva asamblea constituyente, ¿usted lo apoya?
Pues habría que revisar bien a favor de qué se está planteando la constituyente. Yo pienso que hay temas de la Constitución con los que hemos logrado avanzar y otros que se quedaron solo en la Constitución. El problema radica más en la institucionalidad de, por ejemplo, el plan de desarrollo. La estructura del gobierno en ocasiones pareciera que está diseñada como para no darle viabilidad a ciertos proyectos o ciertos programas dirigidos a ciertos sectores del país. La constituyente habría que pensarla mejor. Hay que darle un análisis sobre si le beneficia al país o le hace daño. Para eso habría que tener un contexto más general, más específico y con más calma.
Como consejero mayor, ¿cuáles son los retos que tiene para estos cuatro años?
Uno de los mayores retos es la implementación de los instrumentos jurídicos que han avanzado en materia de los sistemas propios de los pueblos indígenas. Eso implica tener un plan de crear mayor capacidad hacia el interior de los pueblos indígenas en conjunto con el Ejecutivo, porque hay que reglamentar algunos instrumentos jurídicos. Por ahora, sabemos que hemos conquistado derechos, pero sigue la puja. Yo pienso que eso se implementará en la medida que nosotros tengamos una buena estrategia de la estructura del movimiento indígena, que tengamos definido claramente cuáles son las apuestas de la entidad territorial y, una vez tengamos eso con las capacidades para su implementación, se viene otro momento que seguramente será una minga para poder desarrollar esos decretos.
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La violencia en los territorios no ha disminuido y los líderes indígenas siguen siendo asesinados. ¿Qué medidas urgentes le exige al gobierno para frenar esta situación?
El conflicto interno ha tenido varias fórmulas para poder resolverlo. Todavía no hemos tenido ese momento de alegría, en el que podamos decir que no va a haber más conflicto. Entonces, la resolución de esos conflictos debe obedecer a una apuesta política de país, no de gobiernos. Aquellos gobiernos que han propuesto la paz, sea a través de negociaciones, o a través de querer exterminar los grupos armados al margen de la ley, no han dado el resultado que queremos los colombianos.
¿Qué se debería hacer?
Los grandes pensadores, los grandes políticos, deben sentarse a pensar a qué obedece el conflicto en Colombia, o si es posible que el conflicto venga desde otro país. El camino para buscar la paz en Colombia es con un análisis de fondo, sobre quién está detrás de la guerra y quién la está financiando. Las disputas que se dan son por temas territoriales, son por temas de contrabando, son por temas de narcotráfico. Pero ¿quién está detrás de todo eso? Eso hay que revisarlo de fondo. La paz de Colombia debe ser un plan de 15 o 20 años que no obedezca a un proyecto político de un gobierno de un periodo de cuatro años. Si es así nos van a poner a pensar que si votamos por este, votamos por la guerra, o si votamos por este otro, pues votamos por la paz. Estos son temas que el país debe reflexionar; no es un tema de los gobiernos.
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Por Daniel Mariño Olivella
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