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En palabras del senador Alberto Benavides, dirigente campesino de vieja data, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que espera la firma del presidente Gustavo Petro es el primero después de la Constitución de 1991 en “involucrar la vida campesina en su integralidad”. Así se lo dice a este diario después de intensas semanas de discusión en el Congreso de la República, en las que un grupo de senadores y representantes, junto con el movimiento campesino del país, lograron que en la hoja de ruta de los próximos cuatro años quedaran artículos claves para el campesinado, varios de los cuales son reivindicaciones históricas.
Pero eso se había empezado a cocinar cinco meses atrás. En la primera semana de diciembre de 2022 a Bogotá llegaron alrededor de 2.000 campesinos de diferentes regiones del país para la primera Convención Nacional Campesina en Colombia, que había sido apoyada por el presidente Petro. Después de tres días de discusión, el movimiento campesino consolidó sus propuestas bases para el Gobierno, que fueron el insumo fundamental para ese tema en el Plan Nacional de Desarrollo.
El artículo 356 refleja la que quizás era la principal exigencia y base para todas las demás: se crea la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos. El movimiento campesino la venía pidiendo hace años, como una instancia en la que sus voceros se sienten con los delegados de alto nivel del Gobierno Nacional. Según el artículo, allí se concertarán las políticas públicas relacionadas con la población campesina, con el fin de promover la materialización del derecho a la igualdad de esta población.
“El Gobierno Nacional reglamentará la composición y el funcionamiento de esta Comisión”, se lee. Según lo que habían propuesto los campesinos, la instancia estaría presidida por el Ministerio del Interior y tendría participación permanente de la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y Planeación Nacional. “No es la primera vez que se hace un espacio de interlocución entre el Estado y los campesinos, pero sí una instancia permanente de concertación; creo que es un avance importante”, le dijo a este diario el senador Iván Cepeda, otro de los artífices de que los artículos campesinos quedaran incluidos.
Pero una de las conquistas que más resaltaron tanto los voceros campesinos como expertos en la materia consultados por este diario fue el reconocimiento y fortalecimiento que otorga el PND a las “territorialidades campesinas”. El artículo 357 estipuló que en los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia del Plan de Desarrollo, el Gobierno formulará e implementará un plan para identificar, caracterizar, reconocer y formalizar los territorios campesinos agroalimentarios y los ecosistemas acuáticos agroalimentarios.
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Se trata de figuras en cierto sentido similares a las Zonas de Reserva Campesina que existen desde la Ley 160 de 1994. El senador Benavides explica que el avance allí es reconocer que además del ordenamiento territorial del que hablan las ZRC están los usos: “Tanto productivos y culturales como organizativos de esos territorios; reconocer los territorios agroalimentarios es reconocer esas formas productivas de manera diversa, porque no son las mismas las de Nariño o del Cauca, a las del Magdalena Medio, Sucre o la Orinoquia”.
Esos territorios han avanzado principalmente en Cauca y Nariño, y en ellos se priorizan la producción agrícola y pecuaria a pequeña escala, así como la economía familiar y campesina. Robert Daza, hoy senador del Pacto Histórico, ha sido uno de los defensores de esa figura y también estuvo entre los congresistas que buscaron que quedara en el PND.
Uno de los voceros de la Agenda Nacional Campesina, que participó de cerca en las discusiones para que los artículos claves quedaran, resalta el artículo 359, dentro del cual se establece el trazador presupuestal específico para “comunidades campesinas”. Una vez creado dicho trazador, las entidades que forman parte del Presupuesto General de la Nación, así como las entidades territoriales, registrarán la información presupuestal en las plataformas que el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional dispongan para ello.
Otra de las claves está en el artículo 55, que estipula la concesión forestal campesina para quienes habitan en zonas de reserva forestal, de acuerdo con la Ley 2ª de 1959. Lo que se dice allí es que los beneficiarios serán las organizaciones campesinas, familias campesinas asociadas y asociaciones de mujeres campesinas, entre otras, que se comprometan con la conservación del bosque y la no deforestación. “Las concesiones forestales campesinas se otorgarán por un plazo de hasta 30 años prorrogables (…) siempre que los beneficiarios cumplan con la resolución por medio de la cual se le otorgó la concesión forestal campesina”.
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La fuente de la Agencia Nacional Campesina aseguró que frente a ese artículo algunos sectores campesinos no quedaron conformes, pues se habla de otorgar en concesión y no de titular o adjudicar las tierras. El senador Benavides aseguró: “Hay consenso sobre el avance, algunos esperaban mayor alcance, es decir, no solo hablar de concesiones sino de titulación, no se llegó hasta allá en la discusión”.
“Nos parece muy importante pasar de un borrador donde no se mencionaba a las comunidades campesinas a mencionarlas ya de manera explícita, y más aún con el reconocimiento que se les da”, dijo el miembro de la Agencia Nacional Campesina. En febrero, cuando se dio a conocer el primer documento del PND, las principales asociaciones campesinas firmaron un pronunciamiento en el que reclamaban que “el campesinado se aborda muy tímidamente, sin políticas y propuestas contundentes para la importancia que reviste el papel de esta población en el país”.
Por eso, dirigentes campesinos empezaron a buscar a congresistas particulares, cuyas unidades de trabajo legislativo empezaron a avanzar. Además de Alberto Benavides, Iván Cepeda o Robert Daza, también fueron claves los senadores Álex López, Clara López o el representante Juan Pablo Salazar.
Para el senador Cepeda, el plan “pone las bases para un fortalecimiento de los procesos de organización, afianzamiento territorial, avance en materia de reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y un marco institucional más sólido para poder garantizar esos derechos”.
El reconocimiento para el campesinado en el Plan de Desarrollo llega después de un gobierno que fue difícil para el movimiento campesino del país, no solo porque la interlocución con la administración de Iván Duque se rompió, sino porque líderes significativos para ellos fueron asesinados. El caso qué más recuerda la dirigencia campesina es el de Teófilo Acuña y Jorge Tafur, ultimados a disparos en el sur del Cesar en febrero de 2022, luego de haber venido liderando las exigencias para que el campesinado tenga una vida más digna.
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Por Sebastián Forero Rueda
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