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La cotidianidad para 96 familias, que viven en el barrio El Remanso I, en Bosa, cambió por incertidumbre en la tarde del miércoles, cuando les notificaron un fallo que ordena el desalojo inminente de sus viviendas. El lote donde edificaron sus casas es ajeno y lo quieren de vuelta. Aunque la Personería de Bogotá logró que se suspendiera la diligencia, son 483 personas las que quedarían a la deriva y su futuro, según el abogado que los representa, en manos del Distrito.
Hace 16 años, Mery Escobar compró lo que ella pensó era, por fin, su casa propia. Esta madre cabeza de hogar vive en una casa de tres pisos junto a sus tres hijos, dos sobrinos, su mamá y su tío, que son adultos mayores. En 2011, cuenta, vio en un lavaseco el aviso donde promocionaban la venta de lotes a COP 20 millones. “Mi intención era buscar un lugar seguro, porque ya tenía a mis niños y casi no me arrendaban”, recuerda.
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Cuando llegó al predio del barrio El Remanso I, un hombre le ofreció el lote explicándole que era de una familia y estaba en proceso de desenglobe, proceso legal y técnico mediante el cual un terreno se divide en varias unidades. Confió en la promesa de tener las escrituras en máximo cuatro meses y Mery sacó un crédito para adquirir el predio, el cual, asegura, sigue pagando. “Con lo que trabajaba día a día iba pagando. Hasta aguantar hambre nos tocó para no atrasarnos. Y mire, 16 años después y no tengo mis escrituras. Yo no estoy tranquila”, lamentó.
Para ella, como para sus vecinos, soporta a diario el miedo de ser desalojados de su casa. Daniel Maecha, de 40 años, es otro propietario. En 2016 compró su vivienda ya construida. “Yo la adquirí, porque las personas llevaban ya varios años de posesión. En atención a eso fue que muchas de las personas que estamos acá compramos, pues ya había pertenencias inscritas”, explicó. Tanto Mery como Daniel, así como las demás familias, enfrentan la posibilidad de perder su techo. Reclaman que, después de tanto tiempo, no se les reconozca como propietarios, a pesar de estar pagando impuesto predial y servicios públicos.
Desde la Personería interpusieron una acción de tutela para amparar a las personas de especial protección. En el recurso, además, solicita al Juzgado 50 Penal Municipal emitir una nueva decisión, considerando que el lugar no es una ocupación marginal, sino un asentamiento consolidado con 483 personas, entre ellos 173 menores de edad y 50 adultos mayores; población migrante, y hogares en condiciones de vulnerabilidad. “El cumplimiento de una orden judicial no puede ejecutarse de manera que produzca una afectación desproporcionada de derechos fundamentales”, destacó el Ministerio Público.
El lote en disputa
El predio en disputa tiene casi 5 mil metros cuadrados, que encierra cuatro cuadras y colinda con el Río Tunjuelo. Allí edificaron viviendas, negocios y hasta un jardín infantil del ICBF. El pleito por la propiedad del terreno comenzó en 2011, cuando la Sociedad Transportadora de los Andes S.A. – Sotrandes, denunció que le fue arrebatado mediante ocupación. Ese año la empresa interpuso una querella contra las personas indeterminadas que ocupaban el lote, pero el fallo salió en contra en 2018. De acuerdo con el inspector de policía, los acusados no eran quienes habitaban las viviendas y sí otras personas naturales, que en su momento adujeron ser ocupantes de buena fe y luego revendieron el lote.
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Sin embargo, el antiguo Consejo de Justicia de la Secretaría de Gobierno resolvió la apelación a favor de Sotrandes, argumentando que sí se había perturbado la posesión del lote. “El fallo mencionó al señor Agustín la Rotta, quien junto a otro señor ocupó el inmueble y luego vendieron a otros tierreros, que se aprovecharon de mis clientes. Los que habitan allí son en realidad víctimas”, detalló el abogado Hárold Pierr Rengifo, quien representa a la mayoría de residentes.
Los residentes pudieron seguir en sus viviendas gracias a un fallo de tutela a favor de Amparo Muñoz. El Juzgado 33 Civil Laboral protegió su derecho a la vivienda digna y ordenó un censo de las demás personas, para identificar quiénes hacían parte de poblaciones vulnerables. Pero, según el abogado, hasta la fecha, este censo no se ha realizado.
Piden escrituras
Daniel Maecha, uno de los afectados, tiene claro que solo hay dos salidas: que Sotrandes les venda el predio a precios razonables o que el Distrito, por medio de la Caja de Vivienda Popular, les entregue los títulos. Según el abogado Harold Pierr, desde la administración de la alcaldesa Claudia López viene solicitando la aplicación de la figura de expropiación, con el fin de que la Alcaldía adquiera el lote y otorgue las escrituras a las personas que, por décadas, han vivido en este lugar. A pesar de la gestión, “nunca he recibido una respuesta concreta”.
Ahora, bajo la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, Pierr pidió la aplicación de la Ley 2044 de 2021. “Esto le permite a la administración comprar el terreno por el 10% de su valor comercial. En este caso, estaríamos hablando entre COP 800 y 1.200 millones. Es una figura que ya se ha hecho. El exalcalde Enrique Peñalosa lo hizo con el barrio María Paz”, resaltó el profesional en derecho.
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Aunque El Espectador buscó una respuesta de la Secretaría de Gobierno y de la Caja de la Vivienda Popular, para conocer si avanza algún proceso para la compra de este lote y poner fin a la disputa, señalaron que la Alcaldía Local de Bosa es la primera respondiente. Sin embargo, allí no respondieron. Por ahora, el desalojo quedó suspendido, pero la orden judicial sigue en pie. La comunidad, en compañía de concejales del Pacto Histórico, adelanta mesas de trabajo junto a la Alcaldía de Bosa para buscar una salida. “Yo solo espero mis escrituras y una pronto solución para que yo y mis hijos, por fin estemos tranquilos”, pidió Mery Escobar.
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Por María Angélica García Puerto
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