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“La paz empieza en la justicia, así como la guerra comienza en la impunidad. La guerra necesita de la impunidad para crecer. Por eso ha sido un factor de persistencia en el conflicto”, reza el Informe Final de la Comisión de la Verdad en el octavo apartado de su capítulo de Hallazgos y Recomendaciones. En casi un centenar de páginas, se reconstruye cómo la falta de justicia ha sido combustible para la guerra en Colombia y cómo esto tiene varias explicaciones: desde la extradición a Estados Unidos, la cooptación de la justicia por parte de grupos armados hasta la persecución, amenazas y asesinatos de funcionarios judiciales por cumplir con su labor.
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“La impunidad ha sido un mecanismo de persistencia desde el inicio del conflicto armado”, concluye la Comisión de la Verdad en el Informe. De un estudio de las cifras de investigaciones en la Fiscalía, creada en 1991, el organismo concluyó que “el balance muestra que ha habido un énfasis en el estudio de los crímenes aislados y no tanto en investigaciones sistemáticas y de largo aliento para desarticular estructuras armadas. En esta última materia, no se advierten resultados convincentes, lo que añade un factor más a la hora de determinar por qué el conflicto armado se ha prolongado por décadas”.
La Comisión incluso asegura: “En términos de verdad, debe quedar claro que durante la administración del fiscal Luis Camilo Osorio (2001-2005) se dio la cooptación de la Fiscalía por parte del paramilitarismo”. Si bien la Comisión reconoció esfuerzos de la Fiscalía, como la creación de la Unidad de Derechos Humanos para investigar hechos del conflicto, el Informe Final enumera varios episodios en los que fiscales recibieron represalias. En el periodo de Osorio, por ejemplo, “hubo súbitos traslados a otras ciudades, destituciones, supresión de comisiones para investigar, cierre de sus investigaciones y otro tipo de medidas para obstaculizar su labor”.
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Otra gran conclusión del Informe Final fue: “La militarización de la justicia, en vez de contribuir a la lucha contra la impunidad, derivó en el desconocimiento del debido proceso”. La Comisión de la Verdad resaltó dos formas en las que los militares se inmiscuyeron en la justicia: la justicia militar impuesta con el Estatuto de Seguridad de la era de Julio César Turbay y la justicia sin rostro, creada a mediados de los noventa. Sobre la primera concluyó: “Las justicias de excepción en el marco del Estado de Sitio fueron creadas o utilizadas para atacar a la criminalidad, pero inclinaron la balanza del lado militar y sacrificaron el debido proceso”.
Sobre la justicia sin rostro la Comisión concluyó: “demostró la debilidad de la justicia, que se vio tentada a sacrificar los principios básicos de un proceso justo para salvaguardar la vida de sus funcionarios (…), pues, de cualquier manera, hubo numerosos hostigamientos y asesinatos. La Comisión de la Verdad recaudó varios testimonios que demuestran que, en la práctica, en los expedientes por graves violaciones de derechos humanos, a pesar de la confidencialidad de los funcionarios o testigos, los grupos armados tuvieron plena capacidad para amedrentar a los jueces secretos”.
“A estos agravantes del panorama de la impunidad, se sumaron las acciones de violencia contra los jueces y magistrados, que ya se habían desatado desde los años 80, inicialmente por ataques de la guerrilla y del narcotráfico”, continúa el Informe Final. Desde la recordada masacre de La Rochela, en 1989, en la que fue asesinada una comisión judicial en el Magdalena Medio, hasta mecanismos más sofisticados, aunque no menos tenebrosos, como la infiltración que hiciera el DAS de la Corte Suprema de Justicia, cuando el máximo tribunal colombiano comenzó a investigar las relaciones de decenas de congresistas con grupos paramilitares.
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“La Comisión de la Verdad escuchó a varios exjueces y funcionarios judiciales que vivieron esos momentos”, de persecución de Los Extraditables en los ochenta, “y el común denominador es que sus verdugos tuvieron control sobre sus vidas y la de sus familias en total impunidad. En muchos casos, se ofrecieron prebendas bajo amenaza de muerte en caso de no colaborar con sus propósitos criminales”, asegura el Informe Final. Además, el documento hace un llamado a rescatar el buen nombre de los funcionarios asesinados, perseguidos y exiliados, cuyas agresiones han quedado en la impunidad durante años.
Por ejemplo, la Comisión documentó el caso de una jueza que investigaba masacres de 1988 cometidas por paramilitares y miembros del Ejército. Tuvo que salir exiliada por amenazas y atentados, luego de que hasta el ministro de Defensa de la época la amenazara y su sucesora en el despacho fue asesinada. “Estos episodios muestran que, en buena medida, las pocas investigaciones judiciales en Colombia por violaciones a los derechos humanos se han dado en medio de un recurrente negacionismo del Estado y de las Fuerzas Armadas respecto a sus responsabilidades. La versión prevalente es que se trató de hechos originados a partir de circunstancias locales y que, en consecuencia, las responsabilidades fueron solamente individuales”, dice el Informe Final.
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De ahí que, para la Comisión de la Verdad sea fundamental que se investigue en mayor medida el rol de los organismos de inteligencia en graves violaciones de derechos humanos. “Hubo una misma razón detrás del paso del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en 1960; de la desactivación de la Brigada XX de Inteligencia Militar, en 1998; y de la extinción del DAS, en 2015: la violación de derechos humanos y el barrido de las evidencias de la violencia oficial. La práctica del espionaje local con fines judiciales y políticos ha sido otra forma de utilizar organismos de inteligencia contra la propia justicia y la democracia. Esta no ha sido analizada en profundidad”, dice el Informe Final.
Por solo poner de ejemplo al extinto DAS. Tres de sus últimos directores, Jorge Noguera, José Miguel Narváez y María del Pilar Hurtado, terminaron protagonizando escándalos que dejaron entrever el nivel de cooptación de la entidad. “Los dos primeros dejaron abierta la puerta para que el paramilitarismo actuara, en alianza con el propio DAS, en contra de líderes sociales y sectores de oposición. Y la última desplegó una sistemática acción de interceptación ilegal de comunicaciones, incluyendo la instalación de un micrófono en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia mientras crecía el escándalo judicial de la parapolítica”, añadió la Comisión de la Verdad.
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A este panorama se suma la obsesión del Estado colombiano con la extradición. La Comisión de la Verdad es contundente: “la extradición es una figura jurídica que ha permitido a Estados Unidos incidir en todos los gobiernos desde 1979 hasta la fecha. Por lo mismo, esta genera dudas razonables en términos de soberanía judicial, así como en lo que se refiere a la posible ausencia de garantías para el ejercicio del derecho a la verdad por parte de las víctimas”. De allí que, entre sus recomendaciones, haya incluido unas específicamente a revisar la figura de la extradición cuando se trate de personas investigadas por violaciones a los derechos humanos.
Como fue el caso de los jefes paramilitares extraditados por el gobierno de Álvaro Uribe en 2008 bajo la excusa de que seguían delinquiendo. “Según los testimonios recibidos por la Comisión de la Verdad, las extradiciones fueron llevadas a cabo por motivos políticos, sin tener en cuenta los derechos de las víctimas. Estas limitaron el acceso a la verdad y la justicia en el país. Ninguna de las alertas que se dieron en su momento sirvió para proteger el derecho a la verdad de las víctimas”, dice el Informe Final. La extradición, además, ya no produce en los delincuentes el miedo que hizo tan famosa la frase de Los Extraditables de que preferían una tumba en Colombia.
La Comisión, finalmente, concluyó: “En gran parte de los casos de violaciones de derechos humanos, la investigación casi ha dependido por completo de las víctimas”. Además, para explicar cómo esa impunidad ha sido combustible de la guerra puso como ejemplo que “muchos miembros de grupos armados entrevistados por la Comisión, de grupos paramilitares o guerrillas, habían sufrido hechos violentos cuya impunidad estimuló su incorporación”. En últimas, como dijo un líder social entrevistado para el Informe Final: “La justicia no opera. La mayoría de los casos no se esclarecen de fondo. Como no tiene consecuencias lo que se hace, sigue pasando”.
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