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La distancia entre Diana Pérez y su padre, el campesino Luis Leoncio Pérez, es de más de 15 mil kilómetros, una condena a 25 años y un tratado de repatriación con China que, por ahora, es solo una esperanza. De Luis Pérez su familia no sabe nada desde hace ocho meses, cuando se complicó de la próstata en la cárcel de Qingpu, en Shanghái. Allí ha permanecido desde 2013 pagando prisión por transportar droga, en un presunto caso de trata de personas ahogadas en deudas. Diana, por su parte, representa a decenas de familias bajo condiciones similares, quienes han solicitado por años un tratado con China para repatriar a sus seres queridos.
Aunque se cumple un año desde que el Congreso la aprobó, nadie ha regresado del país asiático bajo la promesa de la Ley 2092: la norma con la que, el 29 de junio de 2021, el presidente Iván Duque sancionó el tratado entre Colombia y China para el traslado de personas condenadas. Familiares de detenidos suplicaron al Gobierno por un acuerdo de esa naturaleza, entre otras cosas por el caso Ismael Arciniegas: el primer colombiano ejecutado tras ser condenado a pena capital por narcotráfico en China, en 2017. Su muerte fue un aviso para los cientos de internos que, por tener desde 50 gramos de droga, pueden ser sentenciados a muerte.
Antes de que se registrara la ejecución de Arciniegas, la Embajada de China en Colombia señaló que era irrevocable y que ese país es un territorio de derechos. Con ese antecedente, los familiares de los condenados continuaron su lucha incansable que, hasta la fecha, no ha dado mayores frutos. En el Congreso, el tratado internacional fue discutido por poco más de un año, y finalmente fue sancionado en 2021 por el presidente Duque. Pero ahí no paró la tramitología. La norma debía pasar por control de la Corte Constitucional. Así aterrizó en el despacho del magistrado Alejandro Linares, en julio del año pasado.
El expediente recibió todo tipo de conceptos, desde la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, la Cancillería y entidades educativas, hasta el impedimento de la procuradora Margarita Cabello. La jefe del Ministerio Público dijo que se apartaba de esa discusión porque el proyecto cobró vida cuando ella estaba en el Gobierno, al frente de la cartera de Justicia. La Sala Plena aceptó el recurso y el concepto fue enviado por el viceprocurador. Todo el trámite en la Corte tardó alrededor de 11 meses, tiempo que para cualquier expediente podría ser prudente, pero para la urgencia de los colombianos condenados en China, y sus familiares, fue una tortura.
“Las familias teníamos la gran esperanza de que cuando se firmara el tratado de repatriación todo iba a hacer más ágil. Que no íbamos a tener tantas piedras en el camino. Quiero hacer ese llamado al Gobierno. Son connacionales detenidos, personas, seres humanos que hoy necesitan apoyo. En mi trabajo me encontré con taxistas y comerciantes. Gente como mi papá que era presa fácil. Que estaba en una muy mala situación económica. Es un tema de bandas delincuenciales que piensan cuál es la persona perfecta para mandar”, dijo Diana Pérez. Su padre fue a Leticia, en 2013, intentando vender su finca. Duró desaparecido 13 días, hasta que el consulado de Colombia en China notificó que había sido capturado por narcotráfico.
La abogada Blanca Henríquez, que representa a una decena de familias de presos en China, entre ellas, a los Pérez, resaltó que envió todo tipo de peticiones a la Corte Constitucional para que el estudio avanzara rápido. “Tuvimos la pandemia y eso no nos ayudó mucho. No trabajaban en el Congreso. Luego miré en la página de la Corte y vi que estaba el proceso pausado por varios meses. Además, todo ya está preparado. Seguramente las personas que China va a entregar en el traslado no son los delincuentes o los jefes de las bandas criminales. En mi concepto, vendrá gente muy ingenua que cayó víctima de tráfico de personas”, le dijo a El Espectador.
Del papel a la realidad
El regreso de Pérez es un sueño que su familia anhela. No obstante, las trabas que tiene una repatriación no son menores. El Ministerio de Justicia ha recibido 30 solicitudes de traslado de connacionales al país en el marco del nuevo tratado internacional. La norma había sido aprobada desde junio de 2021, pero el Gobierno sostenía que no podía dar el trámite correspondiente hasta que la Corte diera el aval definitivo. Esa aprobación se dio, finalmente, el pasado 28 de mayo. Posteriormente, debían pasar 30 días para la notificación entre China y Colombia de que todo el trámite interno estaba saneado.
“Estamos en la última fase porque sale de la Corte Constitucional, viene para la Cancillería y esta tiene que informar al gobierno de China, que ya está aprobado el tratado mediante la ley y mediante sentencia. Eso se llama el canje de notas”, explicó la abogada Blanca Henríquez, apoderada de Pérez. Sin embargo, la Cancillería resaltó, a través de un derecho de petición que le contestó a este diario, que, a la fecha, “la República Popular de China no ha informado sobre el cumplimiento de sus requisitos internos para la ratificación del mencionado tratado, por lo tanto, aún no se ha realizado el canje de instrumentos de ratificación, previo a la puesta en vigor”.
Así las cosas, ante la falta de aplicación del tratado, según la Cancillería, las repatriaciones siguen su conducto normal, como lo disponen las normas y los procedimientos administrativos de ambos países previos a la ley iniciativa del gobierno Duque. Además, sostienen que no han recibido solicitudes de traslado en el marco de la nueva norma. Es decir, existiría una contradicción entre la Cancillería y el Ministerio de Justicia, porque mientras este último dice que tiene 30 solicitudes en cola, el primero asegura que no ha sido radicada solicitud alguna de repatriación.
De lo que sí tiene registro Cancillería es de los colombianos condenados en China: hay 103. Uno de ellos sentenciado a pena de muerte, seis a cadena perpetua, 19 enfrentan penas entre los 20 y 25 años, 24 tienen condenas entre los 15 y 20 años, 29 tienen condenas entre los 10 y 15 años, 12 tienen penas entre los cinco y 10 años, dos tienen condenas menores a cinco años y tres más aún no han sido sentenciados. Estas cifras contemplan a la región de Hong Kong, con una democracia limitada y donde la pena capital fue abolida en 2013.
Luis Pérez está condenado a 25 años. La última vez que su hija lo vio fue en 2016. Entonces, viajó dos días para hablar con él durante 40 minutos, separados por un cristal y conectados por un teléfono. “Mi papá me dijo: ‘Es demasiado duro esto. Hay días que yo no hablo español. Es un tema mentalmente muy duro para mí, porque estamos en hacinamiento’. Si en Colombia hay sobrepoblación, allá hay mucho más. Los colombianos dicen: ‘no importa donde nos toque estar en Colombia, acá estamos igual’. En la celda de mi papá están 13 personas en un solo cuadrito. Duermen en camarotes, pero todo el tiempo las luces están encendidas”, agregó.
Diana Pérez lucha por el regreso de su padre para no correr la misma suerte que la familia de Armando Sánchez Roby, uno de los colombianos condenados a muerte en China que falleció, en noviembre pasado, mientras se surtía todo el trámite de expedición del tratado entre los dos países. No fue ejecutado, sino que murió por cuenta de un cáncer que padecía desde hacía dos años. Y aunque la muerte le respiraba en la nuca por sus cuentas judiciales, la misma le llegó antes de que la justicia china lo castigara, con su característica mano dura, también por tráfico de drogas.
Una situación de similar gravedad vivió la familia Rondón. En mayo de 2021, cuando el tratado estaba a punto de ser sancionado, Francisco Javier Rondón murió de cáncer, tras pasar años condenado en la cárcel Quin-Pu de Shanghái. “La esperanza de las personas que están allá es en el nuevo gobierno, que sí sea humano, consciente que las personas están siendo vulneradas. A mi hermano no le brindaron las garantías en salud. Hay personas que están en delicado estado. Si no se actúa pronto van a seguir llegando como mi hermano, en una cajita”, señaló Manuel Rondón en diálogo con este diario.
Asimismo, El Espectador conoció el caso de Elizabeth Torres, cuyo hermano, Luis Alberto Torres, está detenido desde 2010. Su primera sentencia fue a cadena perpetua y luego, en audiencia, pasó a recibir una sentencia de 19 años de cárcel. También hay casos como el de Gladys Cano Jaramillo, quien tiene a dos hermanos en la cárcel de Dongguan, en la ciudad de Guangzhou, conocida por ser un epicentro comercial en el país asiático y por su gran puerto. Según Diana Pérez, eso explicaría por qué la mayoría de colombianos condenados por narcotráfico en China están en esa región.
La Cancillería sigue a la espera de que China informe sobre el cumplimiento de sus requisitos internos para la ratificación del tratado y, entonces, se complete el trámite diplomático. Entretanto, centenares de colombianos siguen privados de su libertad. Sentenciados, muchos, a pasar el resto de su vida tras las rejas o incluso a pagar con su humanidad porque los pescaron a ellos, como los eslabones más débiles de la gran cadena criminal que implica el narcotráfico. Y los sometieron, a miles de kilómetros de sus familias, a dos castigos erradicados de la Constitución colombiana.
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