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Durante 365 días, Efraín Cepeda (Partido Conservador) fue la cara más visible del Senado. En el transcurso de este año, el presidente Gustavo Petro en varias ocasiones enfiló baterías en contra del ahora expresidente de la cámara alta del Congreso. Y aunque los fuertes choques políticos estuvieron en el centro de las discusiones sobre el Legislativo, lo cierto también es que el político oriundo de Barranquilla se encargó de dirigir una entidad que, para 2025, tuvo un presupuesto de $770.084 millones.
Cepeda, que está a punto de ser sucedido por el liberal Lidio García, sale de la cúpula del Senado como uno de los principales blancos de los dardos del jefe de Estado. Lo anterior, por haber sido el artífice del hundimiento del Presupuesto General de la Nación de este año, de la ley de financiamiento que la acompañaba y de la realización de la consulta popular en una polémica votación que duró tres minutos. Todo esto llevó a que, incluso, el presidente Petro lo acusara de buscar realizar un “golpe blando” y de interponerse en la agenda del progresismo. En todo caso, Cepeda siempre defendió su gestión y advirtió en una reciente entrevista con este diario que “lo que hicimos en este año fue defender los principios de la democracia, la división de poderes y el Estado Social de Derecho”.
En medio de esos choques, El Espectador realizó un rastreo de toda la contratación realizada por el Senado durante estos 12 meses y, de acuerdo con la información disponible en las bases de datos oficiales, se suscribieron 2.211 contratos, la mayoría de ellos por la figura de contratación directa. Todos los convenios celebrados suman $302.000 millones. Estos contratos fueron para personal, mantenimiento y operatividad del Congreso, temas de producción de contenido, entre otros asuntos.
Cepeda, como presidente, no tiene la potestad de decidir administrativamente sobre los contratos que se celebran, aunque la incidencia política tiene impacto. Además, en el total mencionado, también aparecen los integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de los 106 senadores. Pero más allá de esa aclaración, este diario encontró la ejecución de 13 procesos contractuales de la Presidencia del Senado con 11 políticos del Caribe, que suman $524 millones. Entre ellos aparecen varios ligados al Partido Conservador, en el que milita Cepeda hace casi cuatro décadas, y a poderosas casas de esa región.
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Es de anotar que Astrid Salamanca, como directora administrativa del Senado, es la ordenadora del gasto, es decir, se encarga de la contratación. Salamanca está en el cargo desde 2012 y ha sido reelegida en él por la plenaria del Senado en siete ocasiones, la última en 2024. Este medio la buscó sin éxito para conversar sobre cómo son los procesos en el Capitolio.
$524 millones para sus aliados
Del total, dos políticos tuvieron más de un contrato entre 2024 y 2025. Se trata de Anatolio Santos Olaya y Betty del Socorro Echavarría. El primero fue secretario de Desarrollo Económico durante la primera gobernación de Eduardo Verano de la Rosa en Atlántico entre 2015 y 2019. Entre el gobernador y el senador Cepeda hay cercanía. En 2023, por ejemplo, fue Cepeda quien anunció el respaldo de los conservadores a la candidatura reeleccionista para la gobernación de Verano de la Rosa. Además, es cercano a la poderosa Casa Char, con la que el senador godo también ha trabajado en Barranquilla y Atlántico.
El primer contrato de Santos Olaya fue por $40 millones entre el 11 de octubre y el 31 de diciembre del año pasado. Después, celebró otro por $79,5 millones, que empezó el pasado 11 de febrero y terminó este viernes. Es decir, entre octubre y julio, un lapso de nueve meses, Santos recibió $119,5 millones por “prestar sus servicios a la Presidencia del Senado”, como reza el objeto de ambos contratos.
En el caso de Echavarría se trata de un rostro reconocido en las huestes conservadoras. Entre los cargos que ha ocupado están la alcaldía de Juan de la Costa, en el Atlántico, departamento donde también fue diputada. Además, fue cercana del exsenador conservador Roberto Gerlein. En vida, Gerlein mantuvo cercanía con la casa Char y llegó a ser el congresista con más tiempo en una curul, durante 44 años (entre 1974 y 2018), además de verse envuelto en el escándalo de compra de votos por el que terminó condenada Aída Merlano en 2018.
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La relevancia de Echavarría en el Partido Conservador es tal que, incluso, fue la directora del Fondo Nacional Económico, un fondo creado por la colectividad azul para que se encargara del sostenimiento y funcionamiento del partido, sus campañas y sus eventos. Su primer contrato en la oficina de Cepeda duró un mes, entre el 27 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024, por $9 millones. Luego suscribió otro contrato por $54 millones desde el 13 de febrero hasta el pasado viernes.
Uno de los contratos de mayor cuantía fue por $74,5 millones, celebrado con el exdiputado del Cesar Camilo Andrés Lacouture Ackerman, un conservador por herencia. Su padre, Camilo Lacouture Dangond fue un importante dirigente del partido en Cesar durante el siglo XX. En 2023, Lacouture Ackerman buscó, sin éxito, llegar a la gobernación de su departamento por los conservadores.
La lista de personas que han sido cercanas a Cepeda y que estuvieron en el Congreso durante su presidencia la completan el expersonero de Montería Jorge Mario Galofre Rugeles; la exsecretaria de Hacienda de Córdoba María Paula Tejada Bustos; el exalcalde de Ayapel Fabio Miguel Paternina; el exalcalde de San Juan del Cesar Casimiro Cuello Cuello; el exsecretario de Desarrollo de Salud de Montería Lulio Suárez Bedoya; la exconcejal de Uribia (La Guajira) Andrea Paola Gómez Henríquez, y el exalcalde de Calamar Alejandro Arrázola Sagbini.
De acuerdo con registros fotográficos y testimonios de personas conocedoras de la política caribeña tienen cercanía con Cepeda, más allá de los contratos en la Presidencia del Senado.
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El Espectador buscó sin éxito al expresidente del Congreso, pero desde su equipo remitieron un documento en el que se detallan las funciones y las fechas en las que los mencionados en este artículo estuvieron contratados. Además, aseguraron que no hay irregularidades ni en los contratos ni en el hecho de que un congresista contrate a personas que son de su grupo político.
Además de los mencionados, contratados directamente por la Presidencia, El Espectador identificó a por lo menos otros 13 políticos que figuran en la planta del Senado durante los últimos 12 meses, así como exfuncionarios de gobiernos de la Casa Char, como la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico.
Uno de ellos es el exsecretario del Senado Emilio Otero (oriundo de Montería, Córdoba), quien –desde antes del mandato de Cepeda– ha tenido contratos de asesoría al Congreso por su conocimiento en la Ley Quinta (el reglamento de la Rama Legislativa). Durante el periodo del conservador, tuvo un contrato por $37,5 millones entre el 11 de octubre y el 31 de diciembre del año pasado, es decir, 75 días.
Este medio reveló que Otero ha sido señalado por la Fiscalía porque, presuntamente, habría hecho un millonario negocio con Javier Rojas García, alias Maracuyá, un presunto capo oculto del narcotráfico, acusado de tener vínculos con los paramilitares de Carlos Castaño y los carteles de Medellín y Cali.
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También resaltan cinco contratos de Telecaribe, el canal regional, que suman $20.298 millones y fueron celebrados con la finalidad de “prestar el servicio de operación y producción de contenidos del canal del Congreso”. En la presidencia de Iván Name (hoy preso por el escándalo del billonario desfalco a la Ungrd) ese contrato fue para Teveandina (Canal Trece). En los contratos también figura un exgerente de Telecaribe Iván Antonio Ovalle Poveda por $18 millones en un periodo de dos meses (del 25 de octubre al 31 de diciembre de 2024).
Nota de la redacción: este mismo ejercicio de verificación periodística lo realizó este diario con los contratos que se suscribieron durante la presidencia de Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde) en la Cámara. Aquí puede acceder al artículo: La “ola verde boyacense” se fortaleció en contratación de la Cámara con Salamanca
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Por Leonardo Botero Fernández
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