Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Como resultado del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Farc-ep, se creó una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (la Comisión de la Verdad). Esta Comisión, como en otros países, es un organismo oficial, no judicial y de vigencia limitada, que tiene como propósito esclarecer los hechos, las causas y las consecuencias relacionadas con pasadas violaciones de los derechos humanos. Nuestro conflicto no terminó, pero esta semana la Comisión de la Verdad presentó su Informe Final y se aseguró de que podamos usarlo.
El Informe Final es un documento que debe dignificar a las víctimas y hablar de los patrones de la violencia que sufrimos de modo que podamos movilizarnos como sociedad hacía la convivencia. Debería ayudarnos a superar el negacionismo, darnos herramientas para transformar lo intolerable y servir de hoja de ruta para superar los factores de persistencia. Para eso nos deja unas recomendaciones.
Este informe recogió más de 30 mil testimonios y recibió decenas de informes temáticos. Resulta de un proceso en el que los y las comisionadas hicieron varios recorridos nacionales e internacionales para encontrarse con los diferentes actores del conflicto. El mandato de la Comisión termina con la publicación del informe y un par de meses de pedagogía para presentarlo a lo largo y ancho del país. Además del Informe Final, en la plataforma digital de la Comisión estará también el archivo del esclarecimiento, en donde se encuentra la experiencia en forma más amplia (lo que puede ser público, pues habrá documentos que por su sensibilidad no estarán accesibles públicamente).
El legado de la Comisión es entonces un acervo documental (documento en su sentido más amplio, no solo texto, sino multiformato) sobre las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron en nuestro país.
Desde Karisma, donde trabajo, acompañamos a la Comisión en sus reflexiones sobre el acceso al informe y a ese archivo público que dejará como legado digital. En su intención de garantizar el acceso, custodia y preservación de esos documentos, la Comisión ha decidido que su Informe Final sea publicado y circule con una licencia abierta. En cuanto al resto del archivo del esclarecimiento, las condiciones de su circulación dependen de las condiciones en que cada documento haya sido recibido o creado.
Sobre el Informe Final, de acuerdo con sus términos de uso la licencia elegida fue la “Creative Commons atribución —no comercial— compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)”. Es decir, La autorización que la Comisión de la Verdad está dando a cualquiera que quiera usar el Informe Final para reproducir, comunicar públicamente y distribuir el informe. Incluye además hacer modificaciones (como una traducción o adaptación de formato), siempre y cuando se reconozca la titularidad, no se use con fines comerciales y, si hay una obra derivada, la nueva lleve la misma licencia.
Aunque esto parece un detalle menor, realmente no lo es, sobre todo para una entidad que tiene los días contados. La Comisión debe dejar su informe y archivo documental organizado para garantizar que esa memoria sea accesible en el futuro.
Pero, sobre todo en relación con el informe, éste debe viajar, ir a los territorios y ser incorporado y transformado por las víctimas en su propio proceso de reparación o por cualquiera en su exploración de la verdad. Esto significa que podemos esperar obras derivadas, nuevas formas de contar el informe que tengan sentido para otras audiencias y en contextos muy diversos.
Esa función pública podría ser el escenario de tensión entre dos sistemas jurídicos: la libertad de expresión y los derechos de autor. En un terreno como el de la memoria colectiva esto exige un análisis especial.
Por ejemplo, si la Comisión no deja resuelto cómo sus audiencias pueden relacionarse con ese informe, un profesor o una profesora no podrían usarlo con sus estudiantes para crear una obra de teatro en la que se ilustra alguno de sus temas de clase y subirla a YouTube sin acudir a quien haya sido designado legalmente como custodio del informe y solicitarle su autorización, asumiendo que éste tenga esas atribuciones. Esto se da porque los dos sistemas jurídicos definen nuestra relación con las diferentes manifestaciones del pensamiento humano.
El archivo de la Comisión es, en ese contexto, un ejercicio de la libertad de expresión. Tanto en su dimensión del derecho que tenemos todas las personas de acceder a información sobre el conflicto, como en cuanto al derecho que tienen las víctimas y actores del conflicto para expresarse y dar a conocer su versión. Es decir, se trata del derecho colectivo a la verdad. Por otro lado, si lo vemos desde el derecho de autor estamos en otra lógica en donde la prioridad es el control de la obra por su titular, que obliga, por ejemplo, a que muchos de los usos posteriores pasen por la autorización del titular.
El archivo de la Comisión es un archivo estatal de derechos humanos y como tal su vocación de acceso y conservación deberá privilegiarse en caso de tensión. La Corte Constitucional ha dicho que la garantía del derecho a la verdad colectiva, que debe ofrecer la Comisión de la Verdad con su Informe Final y con el archivo, está vinculada con los Principios Internacionales de Joinet – Orentlicher (Comité de DD. HH./ONU/2005) que se relacionan con el derecho a saber y el deber oficial de recordar.
El derecho a la verdad colectiva, un derecho que se ha reconocido para combatir el autoritarismo de Estado en el marco de dictaduras como la argentina o chilena, se desarrolla en documentos como el informe de la Relatoría Especial sobre los derechos culturales “Procesos de preservación de la memoria histórica” (A/HRC/25/49) de 2014 y la Resolución N. 3 de 2019 de la Comisión Interamericana de DDHH sobre “Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas”. Estos documentos vinculan el derecho a la memoria con el de acceso, custodia y preservación de los documentos que forman parte de los archivos de derechos humanos como este.
Cuando la Comisión asigna una licencia pública y abierta a su informe (una de Creative Commons en este caso) está anticipando la mayoría de las dudas que puedan darse sobre la forma como en la cotidianidad la gente circulará y usará ese material. La licencia es una clara manifestación sobre cómo podemos usarlo, da seguridad jurídica, es una declaración pública de su compromiso con el acceso y será especialmente relevante cuando la Comisión deje de existir.
Conoce más