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Son conocidas la representación que tiene el partido Alianza Verde en el gobierno del presidente Gustavo Petro desde 2022, así como la cercanía del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, con el proyecto progresista. Sin embargo, casi que pasaron de agache los hilos que movió un sector de esta agrupación en los procesos de contratación que se adelantaron en la Cámara de Representantes durante la Presidencia de Jaime Raúl Salamanca, representante boyacense que también le caminó a la agenda de la Casa de Nariño y que este domingo deja la mesa directiva.
Lea la otra entrega de esta investigación: Así se usaron $302.000 millones en contratos durante la presidencia de Cepeda.
Entre el 20 de julio de 2024 y ese mismo mes de este año, en la Cámara se firmaron más de 3.500 contratos para vincular personal, adelantar modificaciones tecnológicas, mejorar la iluminación de la corporación o el canal de televisión de la entidad. Entre todos estos procesos a los que accedió El Espectador y que dieron una suma total de $321.812 millones, destacan algunos nombres que están relacionados con conocidos militantes del Partido Verde en Boyacá, como el mismo Salamanca o el gobernador Amaya, o incluso la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, capturada por escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Entre las bases de datos revisadas se evidenciaron personas que hicieron campaña por Amaya en 2023 para llegar a la Gobernación por segunda vez, o en su momento por el ahora representante Salamanca u otros candidatos al Congreso. También hay registros de hombres y mujeres que fueron funcionarios de Amaya durante su primer mandato regional (2016-2019), así como exconcejales, exdiputados y excandidatos del partido.
Salamanca reconoció que, si bien él no maneja directamente la contratación -pues esto lo hace el director administrativo, John Abiud Ramírez, (también con conocidos de su departamento Santander al interior de la corporación)- varias de las al menos 40 personas que tienen vínculos políticos sí pudieron haber llegado al Legislativo con su influencia o su visto bueno.
En contexto: El santandereano que movió los hilos de poder en la Cámara: se firmaron 3.000 contratos.
“Me propuse a abrirles las puertas a los boyacenses para poder incidir en las decisiones del país. Cuando tenía la posibilidad de recomendar a alguien para un cargo lo hice, pues me he rodeado desde un comienzo de gente buena”, indicó.
Abiud, por su lado, defendió la gestión que realizó la Unidad Administrativa de la Cámara, destacando procesos de modernización de la corporación y el fortalecimiento del Canal Congreso, que calificó como uno de los “mejores” de Colombia.
“Cada año tenemos que adaptarnos a los miembros de la mesa directiva y le agradecí a Salamanca por dejarnos trabajar y apoyarnos. Nosotros hacemos un trabajo que a veces no se ve y es que todo funcione correctamente, logramos transformar el salón Boyacá, las oficinas de los congresistas, estamos renovando la página web, recuperando la memoria histórica del Congreso con la digitalización del archivo”, sostuvo el director.
El saliente presidente de la Cámara, por ejemplo, les dio el guiño a sus excompañeros de la Asamblea de Boyacá Germán Tiberio Ojeda Pedraza, quien firmó un contrato por $54 millones para prestar sus servicios como abogado en la Oficina de Comunicaciones y es cercano a Amaya, y a Edgar Vidal Ulloa, a quien se le pagó $30 millones para ocupar el cargo de coordinador de la Oficina Coordinadora del Control Interno.
Pero ellos dos no son los únicos que compartieron la Asamblea con Salamanca entre 2016 y 2019 y unos años más tarde saltaron a un puesto en el Legislativo justo después de que el representante verde ganara la Presidencia de la Cámara contra la congresista Katherine Miranda, pues el señor Jicly Esgardo Mutis Isaza aún cumple funciones y brinda acompañamiento como administrador de empresas tras firmar un proceso por $40 millones.
Igualmente, Salamanca habría “ayudado” a Erika Fletscher, exasesora de Sandra Ortiz, para llegar a la Oficina de Prensa de la Cámara con la firma de un contrato por $40 millones. Según registros contractuales, Fletscher hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Ortiz cuando ella era congresista y con su paso al gobierno Petro, la funcionaria llegó a la Consejería para las Regiones, obteniendo un puesto por más de $52 millones en 2023.
En fotos con Sandra Ortiz también se ve a María Mónica Saavedra Vargas, quien además de haber tenido funciones en la gobernación de Boyacá de Ramiro Barragán (2020-2023) y haber sido candidata por la Alianza Verde al Concejo de Tunja en 2019, obtuvo dos contratos por $19 y $20 millones bajo la presidencia de Salamanca para prestar sus servicios en la Comisión de Ética de la Cámara.
Saavedra, según fuentes de Boyacá, es cercana al equipo político del representante boyacense Wilmer Castellanos, quien también buscó quedarse con la Presidencia de la Cámara el año pasado y por ello se enemistó con Salamanca.
En la corporación también hay fichas de Amaya, quien a pesar de ser consultado, como los demás mencionados, no respondió. El mandatario, pese a haber votado contra Petro en 2022, es hoy uno de los gobernadores más cercanos al proyecto, tanto así que estuvo a punto de renunciar al cargo regional para lanzarse como candidato a la Presidencia para el próximo año por el progresismo. Si bien se reunió con Petro en varias oportunidades para examinar este terreno, optó por permanecer en la gobernación, pero desde ya se ve como un seguro candidato para 2030.
Desde su partido reconocen que el diálogo entre Petro y él es fluido y que su sector político es uno de los más fuertes actualmente en la Alianza Verde, el cual se vio fortalecido con la renuncia de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López.
En todo caso, han firmado contratos con la Cámara la exsecretaria de la Mujer de Amaya Nydia Esperanza Canaria Espitia por $24 millones para acompañar jurídicamente las oficinas legislativas, así como la exasesora para la Primera Infancia Nancy Dulcey Mora, quien firmó un contrato por $23 millones para desarrollar actividades administrativas en el parque automotor de la Cámara, o Nydia Esperanza Espitia.
Igualmente, han tenido contratos la exconcejal verde de Paipa Olga Yaneth Becerra Fonseca por $48 millones; el exalcalde de Moniquirá, también avalado por el Verde, Servilio Caicedo Ulloa por $24 millones; y la exconcejal de Sotaquirá Astrid Lorena Villamizar por $36 millones.
Y es que así como hay hilos en la Cámara, en el alto gobierno permanecen personas claves de la Alianza Verde. Además del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, cuyo nombramiento se oficializó después de un viaje de Petro con Amaya en Dubái, en la gerencia del ICA continúa Paula Andrea Cepeda, quien trabajaba con el gobernador. Asimismo, Wilmer Leal, el excongresista y exjefe de gabinete de Amaya, se sostiene en la dirección de Fondo Colombia en Paz.
Los verdes, que no superan sus divisiones internas por las diferentes posturas frente al Gobierno, vienen fortaleciendo su representación en el Ejecutivo y por lo mismo no cesan los diálogos con la izquierda para examinar vías que les permitan preservar estas “cuotas” de cara al 2026. Una buena parte del sector político boyacense saldrá en los próximos meses con la llegada del nuevo presidente de la Cámara, pero hay una fuerte sintonía en un amplio número de militantes para que su fuerza en la Casa de Nariño no termine.
Nota de la redacción: este mismo ejercicio de verificación periodística lo realizó este diario con los contratos que se suscribieron durante la presidencia de Efraín Cepeda (Partido Conservador) en el Senado. Aquí puede acceder al artículo: Así se usaron $302.000 millones en contratos durante la presidencia de Cepeda
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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