Es conveniente crear una Superintendencia de Educación

La propuesta fue anunciada por el senador Iván Darío Agudelo, del Partido Liberal. Según le dijo a El Colombiano, la idea es que las “responsabilidades de vigilancia y control deberían pasar a la Superintendencia, aprovechando que Colombia tiene una buena cultura de vigilancia, en la medida en que las superintendencias que tenemos han funcionado”.

La nueva Superintendencia de Educación, como la propone Agudelo, tendría 19 funciones, incluyendo la de sancionar (con multas y medidas cautelares) a las Secretarías de Educación y a los propietarios de las instituciones educativas.

Esta tarea, que actualmente es ejercida por el Ministerio de Educación, no se ha podido realizar de manera adecuada por la falta de recursos. Crear un ente de control independiente a la cartera permitiría que el Ministerio se concentre en otros aspectos, como la definición de las políticas públicas nacionales de educación, mientras la Superintendencia hace una vigilancia constante y con más resultados.

Han sido varios los escándalos recientes con instituciones educativas que se crean simplemente para generar dinero, defraudando a los estudiantes y otorgándoles una educación de baja calidad. También se han conocido casos de corrupción y de mala utilización de los recursos entre las directivas de universidades. Los estudiantes también se han quejado de que no tienen la suficiente información para saber a qué tipo de institución están entrando y, una vez allí, no tienen a dónde acudir para presentar quejas que en efecto se tramiten. Eso tiene que cambiar.

En el 2014 ya se había aprobado la creación de una Superintendencia de Educación, pero la Corte Constitucional la tumbó por la manera en que se había formulado. Cualquier proyecto que se presente debe aprender de esos errores y, ojalá, contar con el apoyo entusiasta del Gobierno y del Ministerio de Educación.

Con la creación de una Superintendencia de Educación viene una preocupación. Durante las elecciones del año pasado, Ángela María Robledo dijo que esta medida “atraviesa el límite de la autonomía educativa”. Por su parte, Clara López explicó que “el Estado no se puede entrometer (en las universidades)”.

Es un reclamo válido: la autonomía de las instituciones educativas es su insumo más importante, lo que ha permitido que los colombianos tengan acceso a educación de calidad y con diversos enfoques. Creemos, no obstante, que en la delimitación de las funciones de la Superintendencia puede encontrarse un buen equilibrio entre respetar este derecho y dar las herramientas para juzgar y perseguir aquellos casos donde haya una clara vulneración de los derechos de los estudiantes o un uso inadecuado de los recursos.

Adelante con esta propuesta. Esperamos que el Congreso le dé espacio para discusión.

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