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El presidente Gustavo Petro no cede en su denuncia de la aparente compra del software espía Pegasus en la pasada administración. Según ha dicho, el proceso se gestó en medio de una trama de presunta corrupción y lavado de activos, ya que no existen registros oficiales de las transacciones con NSO Group, empresa israelí dueña de Pegasus.
Este jueves, luego de que la Fiscalía revelara que indaga un informe de análisis financiero de Israel, en el que, al menos, “está claro” un primer ingreso de divisas en efectivo a ese país por 5,5 millones de dólares, el presidente Petro reaccionó con un corto mensaje en su cuenta de X. “Esta es una de las razones por las quieren que este gobierno no continúe”, dijo.
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El pasado martes, el mandatario dio a conocer los nombres de los tripulantes de dos vuelos que, al parecer, habrían llegado de Tel Aviv (Israel) a Bogotá para cobrar los pagos, en efectivo, por las licencias de Pegasus. De acuerdo con esa información, en uno de los viajes habría llegado el propio director general de NSO Group, a quien el jefe de Estado señaló de cometer lavado de activos.
Desde ese momento se han conocido nuevos datos que parecen confirmar la compra del software, pues hasta la firma israelí confirmó que sí existieron transacciones, pero que se hicieron conforme a la ley. Este punto genera amplias dudas, ya que en ninguna entidad pública parece haber registro de la compra o la aprobación de un presupuesto para tal fin.
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Aunque el expresidente Duque y varios de sus altos exfuncionarios han negado el negocio, las últimas informaciones ponen en duda sus pronunciamientos. Petro insisten en que existió un contrato entre NSO Group y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) por cerca de 11 millones de dólares que se pagaron en efectivo y luego fueron consignados en Israel.
La principal pregunta en medio de este cruce de versiones es, de ser así, quién ordenó la compra de Pegasus, en qué casos se usó y dónde se encuentra actualmente. Desde sectores del oficialismo se han aventurado a denunciar que el software podría haberse utilizado para espiar a quienes durante el gobierno Duque hicieron oposición, así como a magistrados, periodistas, entre otros. Según el presidente Petro, la información será puesta a consideración de la Fiscalía y la Procuraduría.
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