Nada para celebrar

Nos cuesta todavía discernir cuál era la intención del Gobierno Nacional con las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El caos institucional que desató el presidente Iván Duque al demorar la entrada en vigencia de una pieza fundamental del Acuerdo de La Habana tiene la agenda legislativa estancada, las leguleyadas en efervescencia, los tribunales de paz con déficit de legitimidad, el país dividido y la comunidad internacional en alerta. ¿No había otra manera de alcanzar la prometida unidad nacional en torno a la paz que, según el jefe de Estado, era su objetivo central?

El presidente Duque, respaldado por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y por voceros dentro de su partido, el Centro Democrático (CD), concentró el debate en la extradición. En síntesis, su posición es que la reglamentación a la JEP no es clara en prohibir que los narcotraficantes se sometan a la justicia transicional y reciban sus beneficios. El objetivo de las objeciones, entonces, era evitar los colados y flexibilizar una de las herramientas punitivas más importantes en la guerra contra las drogas.

No vamos a insistir en la tesis que explica por qué la reglamentación de la JEP evita este tipo de situaciones que preocupan al Gobierno, pues ya le hemos dedicado suficiente espacio en el pasado. Pero sí queremos sugerir que las objeciones no eran la mejor manera de enfrentar esta preocupación.

A todos nos interesa que los narcotraficantes no vayan a sacar provecho de un sistema diseñado exclusivamente para finalizar el conflicto. No hay colombiano al que no le preocupe, de buena fe, la posibilidad de que los beneficios del Acuerdo sean reclamados por personas que no hicieron parte del proceso de paz ni de sus alcances pactados. ¿Era necesario, no obstante, causar este traumatismo institucional para algo que pudo solucionarse de otras formas?

Cuando el Gobierno se vio perdido, se escuchó al senador Álvaro Uribe, líder del CD, convocar a todos los partidos —incluso la FARC— a un pacto político que aclarase la vigencia de la extradición y la exclusión de los narcotraficantes. ¿No pudo hacerse esto antes de objetar la reglamentación y no cuando ya esa propuesta sonaba a un último recurso desesperado?

En cambio, ahora el tema regresa a una Corte Constitucional irrespetada por las objeciones —por más que el Gobierno dé piruetas retóricas para decir que jamás buscó desconocer la cosa juzgada— y que no debería estar acosada por esta tormenta política provocada de manera inútil. Cualquier decisión que tome generará más discusión y polarización.

Nos parece acertada la tesis de que las objeciones fueron derrotadas por 47 votos en el Senado. Ante la captura de Aída Merlano y la resolución de los impedimentos que redujo el número de posibles sufragios a 93, se obtuvo la mayoría absoluta necesaria para devolver la ley estatutaria para sanción presidencial. Acertaron los partidos que decidieron enviar la consulta a la Corte Constitucional sobre este tema.

Incluso si los magistrados no están de acuerdo con esa interpretación, sería extraño argumentar, como hicieron miembros del Gobierno y el CD, que entonces los artículos objetados se eliminarán de la ley. El debate, claramente, no ha terminado. En eso quedó la promesa de una unidad nacional.

Y mientras el país se desgasta en estas discusiones, el Gobierno sigue con sus reformas más ambiciosas haciendo fila en un Congreso saturado y atrasado. Lamentable no haber evitado llegar a esta situación.

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