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Reapareció el fantasme de las interceptaciones ilegales contra magistrados de las altas cortes. Esta táctica, usada en el pasado con el objetivo de manipular sus decisiones y explotar los detalles de sus vidas personales, es una inaceptable vulneración a su privacidad. Ahora el turno, según parece, es para los magistrados de la Corte Constitucional.
“Esto es un horror… aquí nadie está tranquilo”, parece haber dicho en una reunión la magistrada Diana Fajardo, según un reporte de Noticias Caracol. Se refería a las sospechas, compartidas por todos los magistrados, de que sus teléfonos están siendo interceptados (o chuzados, como se dice popularmente).
Según ese mismo informe, el primero en expresar su preocupación fue el magistrado Alejandro Linares, quien luego fue respaldado por los magistrados Carlos Bernal, Cristina Pardo y Alberto Rojas. La semana pasada, el tribunal publicó un mensaje en sus redes: “La Corte Constitucional solicitará información a la Fiscalía, Policía Nacional y Dirección Nacional de Inteligencia sobre eventuales interceptaciones en la corporación. La Corte desmiente señalamientos personales o institucionales sobre las eventuales interceptaciones”.
Ayer, el fiscal Néstor Humberto Martínez y el coordinador de la Fiscalía delegada ante la Corte, Fabio Espitia, se reunieron con los magistrados para discutir el tema. Al finalizar el encuentro, Espitia dijo que “estamos investigando, se establecerá la eventual existencia de irregularidades y su alcance (…) la idea es no ser tan intromisivo en las labores y actividad privada de los magistrados”.
Es decir, todavía no está confirmado quién tiene “chuzada” a la Corte o, incluso, si sus comunicaciones están en realidad interceptadas. Sin embargo, desde febrero, según el fiscal Martínez, se conocen indicios de personas interesadas en las interceptaciones para influir sobre unos procesos de tutela.
Aunque se han mencionado posibles responsables, la realidad es que en este momento sería temerario señalar culpables. Las autoridades están investigando y esperamos respuestas cuanto antes.
Es importante, no obstante, que el rechazo a este tipo de prácticas sea vehemente. El terror que producen es evidente. Un magistrado le dijo a Noticias Caracol: “Esto era un secreto a voces y nadie había tenido el coraje de decirlo”, pero fueron varios meses de temor, presión e incomodidad.
Las “chuzadas” son un acto de vulneración de derechos esenciales para cualquier ciudadano. Cuando se dirigen contra funcionarios que representan los más altos cargos de la rama judicial tienen como propósito desestabilizar al Estado, entorpecer el libre y adecuado ejercicio de la justicia y fomentar la corrupción. Una interceptación a un solo magistrado se debe entender como un ataque contra el país entero. La respuesta, entonces, debe estar en el mismo nivel.
Ya el país sufrió mucho durante los años del Departamento Administrativo de Seguridad, durante la presidencia de Álvaro Uribe, con las “chuzadas” a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No permitamos que la historia se repita. Sea quien fuere quien las esté ejecutando, tiene el propósito innoble de atacar la justicia.
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