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El acuerdo logrado entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia es sin duda histórico. Quien habla de él le añade el calificativo como para decir que es importante, memorable, trascendental. O sea, inmarcesible. Por fin la rebuscada palabreja de Rafael Núñez tiene significado: el acuerdo no se puede marchitar. Pero es histórico porque cambia –o puede cambiar– el sentido de la historia, el rumbo de sangre que la tragedia del 9 de abril de 1948 le impuso al país. Hay que mirar para atrás desde adelante, no con los ojos nuestros sino con los de nuestros nietos, con los que mirará Antonia dentro de un tiempo.
Digamos que el liberalismo, que a finales del siglo XIX era la encarnación de las demandas populares, salió de la feroz Guerra de los Mil Días (1899-1902) muy malherido. Sobre los cadáveres de Palonegro y con una buena dosis de lentejismo antioqueño se fortaleció la Hegemonía conservadora (1886-1930). A partir de Reyes y para evitar otra guerra, el dictador llamó a los liberales, en minoría, entre ellos a Uribe Uribe, a colaborar con el Partido Conservador. Fue un primer ensayo de Frente Nacional, que en realidad se sostuvo hasta el gobierno de Abadía Méndez (1926-1930). El monopolio político del establecimiento, que Gaitán comenzó a llamar “oligarquía”, permitió que los conflictos sociales llenaran el vacío al crear un movimiento político nuevo, hasta entonces desconocido: el Partido Socialista Revolucionario, que luego de su disolución y afiliación a la Tercera Internacional se transformaría en el Partido Comunista. Fue la época de las gloriosas huelgas: la de los sastres en 1919, contra la importación de uniformes para la Policía, que costó una docena de muertos; los enfrentamientos de colonos, arrendatarios y aparceros en Cundinamarca y Tolima, reprimidos brutalmente por las policías departamentales; las huelgas de los obreros petroleros en 1924 y 1927, saldadas también con sangre; la de las bananeras en 1928, que dejó en la línea férrea de Ciénaga y en los campos de cultivo cientos de cadáveres. Fueron movimientos políticos que peleaban derechos que no se conocían antes y que terminaron por imponerse.
El liberalismo logró ganar las elecciones de 1930 gracias a la oscilación del dedo de monseñor Perdomo, que primero llamó a votar por el poeta Valencia –bisabuelito de Paloma– y luego por el general Vásquez Cobo. Rendón, el gran caricaturista, dibujaba el hecho como dos bueyes arriados por el arzobispo. El Mono Olaya, como presidente, nombró alcaldes liberales en pueblos conservadores y recalcitrantemente católicos de Boyacá, Santander y Valle del Cauca, donde nacerían los Chulavitas y los Pájaros. Días después, López Pumarejo buscó arropar los conflictos sociales reformando la rígida y autoritaria Constitución de Núñez y Caro: Los conflictos sociales y políticos creados por el nacimiento de la clase obrera y la recia colonización campesina no daban tregua: o se les daba un marco legal o se fomentaba el levantamiento armado. El intento se llamó Revolución en Marcha, contra la que se alzó el verbo incendiario de Laureano Gómez: “Hagamos invivible la República Liberal” –tal como lo hacía entonces Franco con la República Española–, y a renglón seguido decretó la abstención electoral y legitimó el atentado personal.
El liberalismo, atemorizado, trató de parar la guerra civil con que amenazaban los conservadores unidos con algunos liberales y apoyados francamente por un alto sector del clero con una pausa en las reformas. Eduardo Santos fue elegido presidente con tal mandato. Los cambios políticos se aplazaron y se acumularon a la espera de un nuevo López. Laureano había logrado dividir e intimidar al liberalismo. De tal inmovilidad y postración nació la candidatura de Gaitán, que había creado una corriente popular incondicional que llamó el “País nacional”, opuesto radicalmente al País político, esa férrea y torpe práctica de los partidos tradicionales a la manguala. El País nacional de que hablaba Gaitán no es otra cosa que la sociedad civil de la que hablamos ahora. El País político optó por detener a Gaitán al precio que fuera: las reformas iniciadas por López Pumarejo no podían continuar la marcha. Catorce mil liberales fueron asesinados en 1946, denunció Gaitán con lista en mano antes de ser asesinado el 9 de abril de 1948. Su gente quedó suelta a la espera de un pronunciamiento, a la manera de las guerras civiles, para armarse y avanzar hacia el poder. “¿El poder para qué?”, respondió Echandía.
El Partido Conservador, dueño del gobierno, abrió cárceles, armó fieles y con saña se dio, como programa de gobierno, a la persecución de los liberales que tenían 1’800.000 cédulas falsas, según Laureano. Había que detener también esa marejada popular, motor de un cambio histórico que se gestaba en el País nacional sin autorización del País político.
Fue la violencia. En los Llanos, en Tolima, en Sumapaz, en Antioquia, en el Valle, en los Santanderes, en Boyacá se volvieron a organizar las guerrillas dejadas sin dios ni ley después de la Guerra de los Mil Días. El país se incendió. Y de esa hoguera Laureano quiso sacar una nueva Constitución más reaccionaria que la del 86 para cerrar toda brecha a las reformas. El Estado se deshizo, falló, se derrumbó; 15.000 o 20.000 hombres en armas asediaban las destartaladas instituciones. Un nuevo Frente Nacional, la fórmula salvadora en horas de peligro inminente, se puso en práctica: liberales y gran parte del conservatismo nombraron de común acuerdo un árbitro: el general Rojas Pinilla, probado administrador de la violencia en Boyacá y el Valle del Cauca. Gran golpe de opinión, respaldado por los partidos y tragado de un solo bocado por las guerrillas con el visto bueno de la Dirección Nacional Liberal. Un año después comenzaron a ser asesinados los comandantes de la rebelión, y al mismo tiempo Rojas declaró ilegales todas las actividades comunistas, calificación que puso en manos del Servicio de Inteligencia Colombiano, el terrorífico SIC.
Los grupos guerrilleros, que se habían levantado en armas no sólo para defenderse del gobierno conservador sino para reivindicar las ideas reformistas de Gaitán, no entregaron todas las armas y cuando Rojas los declaró comunistas, se echaron de nuevo en las montañas de Las Hermosas, sur de Tolima, y en los altos páramos de Sumapaz, al oriente de Bogotá. El combustible liberal se fue agotando en favor del social, lo que se trató de evitar mediante la persecución de los fieles al Directorio Liberal contra los reductos rebeldes. Se atacó con aviones y bombas Napalm a los agraristas de Sumapaz y más tarde a los colonos refugiados y armados en Marquetalia y El Pato.
La guerra de hoy, heredera de otras guerras, había comenzado. Mientras tanto, el arbitraje militar se había hecho incómodo y hasta peligroso. Los antagonistas de ayer se convirtieron en los socios de entonces y firmaron un pacto entre ellos que excluía a todos los demás. Y los demás terminaron atrincherándose en movimientos sociales y políticos desvertebrados y sagazmente hostilizados. Ni los liberales de izquierda, ni los populistas, ni los revolucionarios encontraban resquicio por donde metérsele a la fortaleza frentenacionalista. El poder se hizo patrimonio exclusivo del País político. El otro, el País nacional, fue arrinconado en las montañas y en el silencio, lugares que se volvieron amenazantes cuando Fidel expropió los ingenios azucareros y nacionalizó las compañías norteamericanas.
El ejemplo podía cundir y para bloquearlo, EE. UU. impuso una lánguida reforma agraria y un poderoso pacto militar que tomaron cuerpo en la Alianza para el Progreso y en la Doctrina de la Seguridad Nacional. Todo asomo de rebeldía fue resuelto por medio de la combinación de ambas formas de lucha, fórmula que también adoptaron las guerrillas.
La creciente inconformidad fue clasificada como subversiva, un cerrojo que encontró en la lucha armada una válvula de escape. Fueron los años en que se multiplicaron los frentes guerrilleros y tuvieron lugar formidables movilizaciones políticas y cívicas. A Rojas Pinilla le escamotearon el triunfo electoral de 1970 y después destrozaron a bala el gran paro cívico de 1977. Para cortar de tajo tan peligrosa corriente se impuso el siniestro Estatuto de Seguridad, que les daba todo el poder represivo a los militares. Los desafueros de las Fuerzas Militares fueron escandalosos y sangrientos. A la doctrina de la Seguridad Nacional, el País nacional opuso la doctrina de los drechos humanos. De donde salió, como reacción a la brutalidad, el “Sí se puede”, de Belisario Betancur.
Se firmó con las Farc un acuerdo de cese el fuego que hacía posible la transformación de la lucha guerrillera en lucha electoral. Pero los intereses militares se atravesaron en ese camino con la retoma del Palacio de Justicia. Mientras tanto, en veredas y barrios caían asesinados 3.000 o 4.000 militantes de la Unión Patriótica y al narcotráfico se le pagaban con libertades de movimiento sus servicios de victimarios. La presión popular iba en aumento. Las válvulas de escape se tapaban. La caldera amenazaba con estallar. La autoritaria Constitución del 86 llegó a su final, pero la nueva dejó por fuera de su redacción el movimiento de oposición armada. La guerra, pues, continuó ensangrentando el ensayo y anulando los alcances democráticos de la nueva carta.
Los intentos de una nueva negociación en Caracas, Tlaxcala y el Caguán lograron restañar el daño, y la guerra continuó con más fuerza. El escalamiento fortaleció el secuestro y disparó al tiempo los tributos de guerra. Los gobiernos no pudieron –o no quisieron– controlar el paramilitarismo, que pese a su poder y sus apoyos institucionales y económicos, tampoco arrinconó a la insurgencia. La Seguridad Democrática, que condensó todo el peso de la tradición represiva, que desató la más brutal reacción contra la protesta ciudadana y ahogó en sangre la inconformidad del País nacional, que desapareció rastros, terminó sin poder derrotar la lucha armada de oposición al establecimiento. Uribe fue el último intento posible por derrotar el poder de las guerrillas, un poder que pese a su inferioridad tecnológica frente al Ejército, debilitaba gota a gota al Estado y enturbiaba su horizonte económico y su estabilidad institucional.
El gobierno de Juan Manuel Santos entendió la encrucijada y con habilidad y perseverancia fue resbalando la carta de una negociación definitiva con la guerrilla, la que, por las mismas razones, encontró eco en Alfonso Cano. El país en son de guerra amenazaba con derrumbarse. Fue una madura convergencia. Solos al principio, Santos y Cano abrieron hendijas al bloque que por tantos años impedía mirar hacia adelante, y poco a poco, con más que fe que certezas, se permitieron mirarse y hablarse hasta que se dieron cuenta de que no estaban solos. Y entonces echaron a andar. Inmarcesible la decisión de la guerrilla, que ni con el asesinato de Cano echó atrás su palabra empeñada en llegar a la paz. Tampoco Santos flaqueó frente a la hostilidad y el chantaje de Uribe.
Se comenzó así con vueltas y revueltas a resolver todas las trampas y minas quiebrapatas que la reacción sembraba desde el Congreso, desde la Procuraduría, desde los medios, desde los cuarteles. Se resistió a todo para firmar el mejor acuerdo posible entre dos partes enfrentadas durante 68 años, desde la 1 de la tarde de aquel fatídico 9 de abril.
El acuerdo de paz firmado esta semana es un viraje radical en nuestra historia, tanto como lo fue el desplome del cuerpo de Gaitán –un pueblo– sobre la acera de la carrera séptima. El país no será el mismo que hemos vivido durante siete décadas. Se abre la puerta para que ese pueblo, que fue obligado a la guerra, entre a crear la tan peleada democracia plena. Por primera vez existe un acuerdo sólido para que se arraigue una oposición civil y democrática al establecimiento. Si desaprovechamos este momento, el país seguirá ensangrentado y paralizado. Se está el último capítulo de una tragedia que comenzó el 9 de abril.
