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En los años 90, Nubeluz era uno de los productos más populares en la parrilla infantil en varios países de Latinoamérica, Colombia incluido. Sin rivalizar con el imperio del Chavo del 8, el programa conquistó audiencias de la mano de Xuxa, la presentadora brasileña quien arrancaba la jornada cantando: “Es la hora, es la hora; es la hora de jugar”. Siguiendo de cierta forma la canción original, hoy podríamos decir: es la hora, es la hora; es la hora de tributar.
El nombre del juego actual es reforma tributaria. Es de todo menos apropiado para la infancia y, de hecho, puede causar malestar en algunos adultos. Pero, con el comienzo de una nueva legislatura en el Congreso, es lo que hay.
La reactivación de actividades en el Congreso funciona para pasar revista a cuáles son las prioridades legislativas, o las tareas pendientes, de cara al último año de la administración de Gustavo Petro.
Mirar al horizonte económico es por estos días un ejercicio de observación de tormentas y nubarrones venideros; aunque, en justicia lo mismo se puede decir de, prácticamente, cualquier punto de la vida republicana.
Los grises y los rayos que asoman en el horizonte están atados a la crisis fiscal por la que atraviesa el país: un ejercicio en el que los gastos no están soportados por los ingresos, con un nivel de deuda (y de pago de intereses) que se antoja entre histórico y peligroso.
El panorama fiscal
Para 2024, el país vio una caída histórica en el recaudo tributario, de poco más de $12 billones, una baja de 4,3 % frente a la cifra alcanzada en 2023.
Este escenario llevó a una serie de recortes presupuestales, que buscaron ajustar la economía nacional a los límites impuestos por la regla fiscal, que de fondo trata de mantener en orden las finanzas del país: una especie de balance entre lo que llega a las arcas del Estado, el gasto y la deuda.
Si en este momento estamos hablando de una nueva reforma tributaria (que sería la segunda del gobierno Petro), es en buena parte por este panorama, pues al final de cuentas se necesitan recursos extra.
Para este año el escenario tributario tampoco pinta demasiado halagador y, por esto, el Gobierno ajustó su meta de recaudo rebajándole casi $18,5 billones frente a las metas presentadas a principios de 2025 mediante el Plan Financiero (el ajuste vino dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo).
En medio de este panorama, dos calificadoras de riesgo (Moody’s y S&P) ya rebajaron la nota del país en medio de advertencias por el deterioro de la situación fiscal; en la primera entidad aún se conserva el grado de inversión, mientras que en la segunda estamos en el segundo peor peldaño en la escala de calificaciones.
En la conjunción de factores entre problemas fiscales y necesidades de gasto es que se sitúa la idea del Gobierno de pasar una reforma tributaria, que, todo pareciera indicar, podría llegar después de la presentación del Presupuesto de 2026, hacia finales de agosto.
Durante la presentación del Marco Fiscal (MFMP), Germán Ávila, ministro de Hacienda, reconoció que es necesario aumentar los ingresos tributarios para movilizar recursos por un punto porcentual del PIB en 2026 y 1,4 puntos porcentuales del PIB entre 2027 y 2028.
Y es por aquí que llegamos a lo que sería la tributaria.
¿Qué cara tendría una nueva reforma tributaria?
En declaraciones durante la introducción del Marco, Ávila detalló que el Gobierno buscaría un recaudo de unos $19 billones (que podría extenderse hasta los $25, según el documento).
Sobre la reforma el ministro dijo en su momento que “no es un problema solo del Gobierno, compromete a toda la sociedad, a los gremios, al país entero. No es una alternativa que solo el gobierno deba manejar, sino todo el país entero su conjunto. Si el Congreso no la aprueba hay que preguntarse cuál es la alternativa que dará el Congreso”.
Uno de los elementos de los que ha hablado el Ministerio es el IVA, sin que esto signifique que vaya a haber un alza generalizada de este impuesto. La cartera ha hecho énfasis en las exenciones con las que arrastra este tributo.
“Resulta urgente abordar las ineficiencias del diseño del IVA, cuyo gasto tributario equivale a cerca del 5 % del PIB, afectando la sostenibilidad fiscal y perpetuando inequidades en el sistema impositivo”, se lee en el MFMP.
Para el Gobierno también “sería necesario evaluar una posible reducción de la tarifa efectiva del Impuesto de Renta para personas jurídicas, acompañada de una depuración de beneficios tributarios regresivos. De igual forma, el fortalecimiento del impuesto al carbono, la imposición permanente a los juegos de azar en línea y la creación de gravámenes ambientales sobre el uso de plaguicidas, emisiones de ruido y productos como los vapeadores podrían constituir fuentes adicionales de recaudo”, se lee en el documento de Hacienda.
Pero aquí hay un punto importante: pasar una reforma tributaria en el último año de Gobierno no es una jugada muy común (aunque algo parecido sucedió en la administración de Iván Duque, con salida de ministro de Hacienda incluida). Los problemas colaterales de modificar impuestos un año antes de elecciones es una de las tensiones que de entrada le dan una suerte de pronóstico reservado a la iniciativa.
Ahora, si el proyecto llega como parte del Presupuesto (como una ley de financiamiento), puede que la escala de la reforma sea algo más modesta.
En otras palabras, hay medidas que podrían ser de impacto inmediato y otras modificaciones al Estatuto Tributario que serían más estructurales, probablemente ya para otro Gobierno.
Entre las apuestas inmediatas se podrían contemplar cosas como el IVA permanente a los juegos de azar (algo que ya existe, temporalmente, para la emergencia en Catatumbo), modificaciones al impuesto al carbono e impuestos que buscan pegarle a la contaminación.
Claro, estos cambios no recaudarían los $19 billones de los que ha hablado el ministro Ávila, sino que aportarían entre $4 y $8 billones, de acuerdo con las cifras del MFMP.
Si se mira por este lado, la diferencia entre querer $19 billones, pero tener un horizonte de recaudo máximo de $8, podría ser la razón para que el Gobierno se la juegue por una tributaria más de fondo. ¿Qué camino tomará la administración nacional? Parafraseando al libro: en agosto veremos.
¿Cómo debería ser una reforma tributaria estructural?
Ahora bien, hay una especie de consenso en que el sistema tributario colombiano tiene la forma de un colador de pasta cuando se le mira desde la perspectiva de los beneficios y exenciones que tiene.
Según el Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, “a pesar de que en 2023 el recaudo tributario alcanzó el 16 % del PIB, el nivel más alto en la última década, casi la mitad de ese monto (49 %) se perdió a través de gastos tributarios, es decir, recursos que el Estado dejó de percibir por beneficios como exenciones, deducciones y tratamientos preferenciales. Esto significa que por cada 100 pesos que el Estado recauda, deja de recibir casi 50 por decisiones de política fiscal”.
Y uno de los puntos a tratar es, justamente, el reino del IVA, según argumenta la Red de Trabajo Fiscal: “Aunque el IVA es un tema tabú en las reformas tributarias, es necesario que este tributo sea revisado y que se evalúen la pertinencia y la necesidad de los beneficios tributarios, entre ellos las exclusiones y exenciones contemplados en la normativa actual”.
Otro de los puntos en los que se debería avanzar es en la reducción del impuesto de renta para las empresas. Este asunto, hay que aclarar, estaba contemplado en la Ley de Financiamiento que el Gobierno intentó pasar como parte del paquete de Presupuesto para este año, pero que se cayó en el Congreso (tanto la reforma fiscal, como el Presupuesto).
“Las personas jurídicas aportan alrededor del 80 % al recaudo tributario por concepto de impuesto sobre la renta. Por tanto, en cualquier reforma tributaria que se realice en Colombia es indispensable reestructurar este tributo. Además, es necesario mencionar que a estos contribuyentes se les ha prometido en repetidas oportunidades una disminución de la tarifa nominal”, dicen desde la Red de Trabajo Fiscal.
Uno de los asuntos que más suena en la discusión tributaria es cómo reducir la evasión y mejorar la gestión de la DIAN. Pero no sólo es un tema de darle más dientes y agilidad a la entidad, sino también de modernizar los engranajes de los procedimientos tributarios.
En 2024, el régimen que regula estos procesos cumplió 50 años, “lo que demuestra la necesidad de una reforma que permita que este sea más eficiente y equitativo para los contribuyentes y la administración. Una discusión con la DIAN o cualquier entidad territorial puede tomar hasta dos años y medio, lapso en el que continúan transcurriendo intereses de mora. Estos términos podrían reducirse sensiblemente, pues en la práctica algunas instancias de discusión son meramente reiterativas”, conceptúa la Red.
El Observatorio resume el escenario de esta forma: “No se trata simplemente de aumentar impuestos, sino de corregir distorsiones que comprometen la equidad y sostenibilidad del sistema fiscal”.
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