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Las disputas por el caso Hidroituango ya no solo transcurren en Colombia. Desde agosto pasado, el precandidato presidencial Sergio Fajardo, condenado fiscalmente por la Contraloría, viene informando sobre su caso a la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), en Austria, alegando que el ente de control fiscal colombiano, encabezado por Carlos Felipe Córdoba, mantiene “una cuestionable independencia” y “falta de garantías procesales” en su expediente, que fue llevado ante esa organización con el de otros procesados, como María Eugenia Ramos Villa, exsecretaria de Planeación de Antioquia.
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Intosai es un organismo de alta importancia para las contralorías del mundo, pues muchas de estas, entre ellas la colombiana, basan sus normas de control y vigilancia en los estándares internacionales de auditoría para entidades (ISSAI, por sus siglas en inglés) expedidas por la propia Intosai. Mientras esta queja avanza, está pendiente que la Contraloría resuelva la segunda instancia del billonario fallo que declaró con responsabilidad fiscal a 26 personas naturales y jurídicas, incluyendo firmas constructoras como Coninsa, Conconcreto y a Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia —al igual que Fajardo—, recientemente condenado penalmente por sus nexos con el paramilitarismo.
El Espectador conoció los argumentos que han esgrimido las partes, entre ellas, las del contralor Córdoba, quien le dijo a la secretaría general del organismo, con sede en Viena, que la Contraloría es hostigada políticamente y que los medios de comunicación han sido un instrumento de difamación, lo que ha impactado negativamente en su imagen. “La Contraloría General percibe una presión por parte de distintos actores políticos y económicos para deteriorar su imagen, lo que afectaría negativamente su independencia, incluso, pone en riesgo la seguridad de los funcionarios que hicieron la auditoría”, señala la Contraloría.
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Según Fajardo y la exsecretaria Ramos Villa, es “imposible que Córdoba sea un perseguido político, pues fue nominado por el partido actual de gobierno y elegido por unanimidad por el Congreso. Adicionalmente, es, por diferentes razones, muy cercano a los jefes de los partidos políticos en Colombia. En el caso del Partido Liberal, su presidente, César Gaviria, se ha esforzado por bloquear nuestro proyecto alternativo. Hay razones objetivas para afirmar que, cuando menos, la apariencia de imparcialidad de la Contraloría y de quien tiene que resolver el recurso se encuentra afectada gravemente”, dice un documento presentado por Fajardo y Ramos Villa el 22 de octubre de 2021 a Intosai.
Además citan notas de prensa en las que aparece Gaviria “en amistad evidente con el ponente de la sala fiscal, la cual es la encargada de resolver el recurso de apelación del fallo en el que nos encontramos involucrados. Nuestras propias Cortes, específicamente el Consejo de Estado, han objetado el instrumento que pretendió usar la Contraloría, bajo el liderazgo de Córdoba, para cumplir con el llamado de atención internacional de respeto al juez natural y de un mínimo de legalidad jurisdiccional de sus decisiones”, señala la reciente carta de Fajardo a Intosai, en la que remarca la cercanía que también tiene Córdoba con el fiscal general, Francisco Barbosa.
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Sobre las presuntas irregularidades en el proceso fiscal, Fajardo y Ramos Villa le contaron a Intosai que, por ejemplo, la Contraloría le dio cinco días para presentar la apelación del fallo de primera instancia que contenía 2.500 páginas. Sin embargo, un juez luego les otorgó diez días para hacerlo. También cuentan que “después del fallo, y por una tutela ante el Consejo de Estado, pudimos acceder a un informe de la Procuraduría que pedía que se investigaran las irregularidades sucedidas en la Contraloría, respecto del proceso fiscal de Hidroituango. De este informe, que igual contemplaba una posible causa del siniestro, nunca se hizo averiguación alguna por la Contraloría”.
El fallo fiscal
El papel que le achaca la Contraloría a Fajardo es “no haber ejercido en debida forma sus funciones de seguimiento y control a su delegatario en la junta directiva de Hidroituango [la exsecretaria Ramos Villa]”. Además, dice el fallo fiscal que Fajardo, en su calidad de gobernador de Antioquia, “a pesar de haber conocido las situaciones irregulares que se estaban presentando en Hidroituango, no puso su conocimiento y capacidades al servicio de Hidroituango, del departamento y del país, tomando acciones o dando instrucciones efectivas para contrarrestar o mitigar los efectos negativos de las mismas, bajo el control de tutela que le correspondía ejercer”.
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En cuanto a Ramos Villa, se le reprocha que, supuestamente, desechó en 2011 un informe que hacía seguimiento a las obras de la hidroeléctrica, “lo que se corrobora, ya que cuatro años después se propone retomarlo. Efectivamente se retoma en 2017 para ampliar los cargos para realizar las actividades de verificación propias del rol de Hidroituango”. A pesar de los evidentes y graves atrasos que se venían presentando con el contratista de los túneles de desviación, dice la Contraloría, “se omitió promover hacer uso de los mecanismos de apremio contemplados en el contrato, como imposición de multas por el incumplimiento de hitos”.
En estos momentos el balón está en el terreno del Consejo de Estado, quien tendrá que resolver una recusación presentada por la exsecretaria Ramos Villa contra el contralor delegado intersectorial, así como en contra de los funcionarios de la sala fiscal, el contralor general Córdoba y la procuradora general Margarita Cabello. Este recurso busca que el Congreso, por orden del alto tribunal, nombre a un contralor ad hoc que falle en segunda instancia el proceso de responsabilidad fiscal en el caso Hidroituango. Así las cosas, la recusación contra los funcionarios provocó que la Contraloría suspenda los términos del fallo de segunda instancia. Además de esta decisión en el ámbito nacional, los involucrados en este asunto guardan la expectativa de lo que pueda decir Intosai frente al caso.
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Por David Escobar Moreno
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