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Dos decisiones judiciales recientes sobre Seuxis Hernández, también conocido como Jesús Santrich, tienen a varios sectores de la opinión pública hablando de caos institucional. La realidad es que, si se leen con mesura, son más bien evidencia de que las instituciones están garantizando el debido proceso en una investigación que está en curso. Es momento de que el debate en torno a la paz deje de centrarse alrededor de este caso y se abandonen los tremendismos.
Primero fue la Sala Plena del Consejo de Estado. Analizando la situación de Santrich, los magistrados llegaron a una conclusión: el exguerrillero sigue siendo un congresista electo. El argumento fue que Seuxis Hernández no se pudo posesionar, el 20 de julio pasado, por una causa de fuerza mayor, que fue la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos. Como no ha sido vencido en juicio ni hay causal probada, la curul que obtuvo en el partido FARC sigue siendo de él.
Eso llevó a otra decisión, un día después. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dijo que, como según ese concepto Santrich sigue siendo congresista electo, obtuvo el fuero en el momento en que el Consejo Nacional Electoral lo certificó como parlamentario. Entonces, así no se haya posesionado, el juez natural sigue siendo la CSJ. La consecuencia es que el proceso que se adelanta en su contra debe darse en el alto tribunal, por lo que la orden de captura emitida por una jueza de garantías pierde su valor.
En síntesis: Santrich quedó en libertad, sigue siendo investigado, pero como tiene fuero ahora su caso lo lleva la CSJ. ¿Difícil de entender? Sí. ¿Se trata de una serie de problemas jurídicos que el país no había visto antes? También. ¿Es un caos institucional? Claro que no, todo lo contrario.
Lo que vemos es al Consejo de Estado y a la CSJ velando por el respeto al debido proceso, protegiendo así el Estado de derecho y nuestra Constitución. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene pendiente revisar su decisión sobre la extradición, a la luz de nuevas pruebas conocidas, y la Procuraduría ya le pidió a la CSJ que ordene su captura para ser escuchado en indagatoria por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, además de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Santrich, entonces, sigue a la espera de ser vencido en juicio o probar su inocencia.
Y sin embargo, se sigue empleando el caso Santrich como ejemplo de que la paz trajo impunidad y la justicia transicional ha saboteado el mecanismo de extradición. Ese discurso es irresponsable y, a la luz de los hechos, falso. Si se prueba que el exguerrillero delinquió después de los acuerdos, perderá todos los beneficios (incluyendo el fuero de congresista) y pagará ante la justicia colombiana. Incluso sigue existiendo la posibilidad de su extradición. Debemos celebrar que los tribunales, pese a la presión de los reflectores de la atención nacional, estén actuando con mesura.
Es momento de que los debates profundos sobre el país no giren en torno a Santrich. Dejemos que la justicia actúe.
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