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Diez meses completa la Contraloría sin su cabeza principal. El Consejo de Estado, el 25 de mayo de 2023, tumbó la elección de quien debía ocupar el cargo más importante de la entidad que se encarga de vigilar la ejecución de recursos públicos en todo el país. La decisión del alto tribunal dejó sin piso la decisión que había tomado el Senado, en agosto de 2022, cuando eligió al abogado Carlos Hernán Rodríguez como el nuevo contralor general, en reemplazo de Carlos Felipe Córdoba. La elección fue leída como la primera victoria del presidente Gustavo Petro en el Congreso, pues el ganador era la ficha del primer mandatario.
Sin embargo, hoy, casi un año después de que el Consejo de Estado tumbara la elección de Rodríguez, el proceso para definir quién debe reemplazarlo o si es él quien debe mantenerse como el contralor está más que embolatada. La última decisión en este tropezado proceso se conoció el pasado 6 de marzo, cuando la Corte Constitucional ordenó suspender la elección que adelantaba el Senado para elegir al contralor. Hasta esa instancia judicial llegó una tutela que presentó el propio Rodríguez, alegando que el Consejo de Estado había violado varios de sus derechos políticos cuando tumbó la votación con la que fue elegido.
Para la Corte Constitucional, es necesario interrumpir el proceso de elección en el Congreso, pues el Senado está buscando a una universidad que pueda adelantar el concurso público que se necesita para buscar candidatos para reemplazar a Rodríguez. El alto tribunal agregó que la decisión era necesaria “a fin de evitar que se adquieran compromisos contractuales del Congreso y, sobre todo, para evitar choques institucionales que deriven en mayores tiempos de interinidad en el cargo de contralor general”. La medida de la Corte estará vigente hasta que resuelva la tutela de Carlos Hernán Rodríguez.
Lo que sostiene el abogado es que la decisión que lo dejó sin posibilidad de llegar a la Contraloría le faltó análisis y, por lo tanto, fue equivocada. “Debido a esta falta de análisis, el Consejo de Estado anuló de manera indebida mi elección como contralor. Su decisión, adoptada con base en argumentos insuficientes porque desatendieron su propia jurisprudencia, afectó severamente mi derecho a ocupar cargos públicos, en tanto me retiró de un empleo al que accedí con el pleno de las exigencias previstas para el efecto”, explicó Rodríguez en la tutela.
En ese recurso judicial, el abogado agregó un dato más: una de las magistradas que tomó la decisión, Rocío Araújo Oñate, habría estado impedida debido a que su hermana, María Juliana Araújo, estaba vinculada a la Contraloría en el cargo de asesora del despacho. Sin embargo, la togada participó de la decisión que tumbó la elección de Rodríguez. Aunque el Consejo de Estado ya rechazó este cargo, ahora la Corte está revisando si realmente Araújo Oñate debió declararse impedida. Este último alto tribunal también está revisando con lupa la sentencia madre de este expediente.
Según ese fallo judicial, el Senado cometió una serie de errores con los que incumplió las reglas que debía seguir para elegir al contralor general. Por ejemplo, que el Congreso elaboró unas listas de aspirantes sin cumplir los estándares de equidad de género y paridad, y que debían ser aspirantes con los mayores puntajes de una prueba de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida. De acuerdo con el Consejo de Estado, el legislativo pasó por encima esos requisitos y elaboró hasta tres listas, desconociendo el debido proceso de los candidatos que estuvieron en esos primeros listados.
El alto tribunal agregó que el cambio en los requisitos que usó el Congreso para rehacer las listas variaron de manera grave los parámetros de evaluación de los participantes, una conducta que afectó la objetividad y legalidad del proceso electoral. “Lo que hace que la situación sea todavía más grave es que estos cambios tuvieron lugar después de que ya se conocían los resultados de la prueba de conocimientos y de la valoración de las hojas de vida efectuada por la Universidad Industrial de Santander, en claro desconocimiento de los parámetros que ha fijado la jurisprudencia”, explicó el Consejo de Estado.
Para rematar los graves errores del Senado durante la elección del contralor, el alto tribunal encontró otra embarrada, imperdonable para muchos, que ocurrió durante la votación que ganó Rodríguez. Según el reglamento, la convocatoria para los aspirantes y la elección deben cumplir con un tiempo determinado para que tengan validez. En este caso, el Consejo de Estado encontró que la Mesa Directiva del Congreso, en cabeza del exsenador Roy Barreras, no cumplió con los tiempos que exige la ley y, en pocas palabras, todo el proceso se resolvió a las carreras.
Con una perla adicional: la elección de Rodríguez ocurrió en sesiones extraordinarias, cuando estas “solo tenían por objeto el trámite de tres iniciativas y en ningún momento se hizo alusión al proceso de elección del contralor general”, dice el fallo de Consejo de Estado. El alto tribunal agregó que lo que hizo el Congreso fue completamente irregular, pero que lo más grave es que profesionales que sabían de procesos de elección modificaron los parámetros para armar las listas de aspirantes sin ninguna justificación. En todo caso, Carlos Hernán Rodríguez insiste en que fue una decisión sin análisis.
Todos estos argumentos los está estudiando la Corte Constitucional desde septiembre del año pasado. Un mes después de seleccionar la tutela en octubre de 2023, el alto tribunal suspendió los términos, por lo que no es claro cuándo se conocerá la tutela de fondo. El expediente está en manos de la magistrada Cristina Pardo y dos de sus colegas ya se declararon impedidos: Diana Fajardo y Vladimir Fernández. El 25 de enero pasado, en un antieditorial escrito por el propio Rodríguez para este diario, el abogado señaló que ha respetado las decisiones, pero que ha presentado acciones para hacer respetar sus derechos.
“He promovido las acciones jurídicas pertinentes, porque con base en el principio de confianza legítima acaté y respeté todos los parámetros dispuestos por los organismos competentes. Si se trata de que prevalezcan el mérito, la experiencia y la idoneidad para el desempeño de las funciones públicas, no considero justo que por vicios de forma intrascendentes se afecten mis derechos fundamentales, como mi buen nombre y reputación ética y profesional (…) Por último, en una democracia decisiones de esta magnitud requieren tiempo para su ponderación. La celeridad puede perturbar un juicio reflexivo”, escribió.
Mientras la Corte Constitucional avanza en el estudio de la tutela de Carlos Hernán Rodríguez, bajo los tiempos y protocolos del alto tribunal, en el mundo político la situación es otra. De hecho, varios partidos con representación en el Congreso están observando de cerca la elección del titular en la Contraloría, dado que esta entidad es la encargada de vigilar los recursos públicos y llevar a cabo la fiscalización del gasto público, lo que podría tener implicaciones directas sobre dirigentes locales y cercanos a los parlamentarios.
Después de que el Consejo de Estado anuló su elección en marzo de 2023, la nueva selección en el Congreso ha estado estancada durante al menos nueve meses. A pesar de las peticiones para acelerar el proceso, el Legislativo no ha establecido una nueva fecha para votar quién deberá liderar la entidad.
Según el presidente del Senado, Iván Name, la demora se debe a que están siguiendo todos los procedimientos y cada una de las etapas, e incluso han tenido que lidiar con algunos inconvenientes, como cuando se seleccionó a la Universidad Nacional en diciembre, pero esta se retiró del proceso días después para, supuestamente, evitar incurrir en un conflicto de intereses debido a contratos vigentes con la Contraloría.
El proceso iba a comenzar finalmente en el Capitolio el próximo martes, 12 de marzo, día en el que se llevaría a cabo la nueva elección de la universidad encargada. Sin embargo, fue cuando la Corte Constitucional ordenó suspender temporalmente el proceso mientras estudia la tutela presentada por Rodríguez, lo que llevó a la mesa directiva del Senado a postergar otra vez el proceso.
“Continuaremos cuando la Corte se pronuncie sobre la tutela. Debemos tener mucha prudencia y cuidado en el manejo de estos asuntos, para evitar que quienes estamos a cargo del proceso nos veamos sindicados. Personalmente, quiero decir que esto me tranquiliza”, comentó Name a medios radiales.
Pero, en medio de los señalamientos por la posible prolongación del proceso, el senador y presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, confirmó que en algún momento tuvo una reunión con Name a la que también asistió Rodríguez y el excontralor Felipe Córdoba -cercano a los conservadores-. Aunque no ofreció más detalles, esa cita sí se cumplió en medio de todos los ruidos al rededor del proceso.
A pesar de esos señalamientos, Name ha asegurado que no hay ningún tipo de dilación y que todo se ha realizado dentro del marco de ley. “Yo nunca congelé la decisión”, dijo. Por otro lado, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, también respaldó la decisión de la Corte de suspender el trámite para evitar que eventualmente hayan dos contralores electos y porque, por el momento, eso implicaría ahorrarse una plata con el contrato con la Universidad.
Pero, voces del Conservador han asegurado que la mesa directiva del Senado sí ha retrasado la elección para permitir que el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga continúe como contralor en funciones, pues sería ficha del senador y director del partido, Efraín Cepeda. Lo que también permitiría una mejor interlocución con esa bancada, de cara al trámite de las reformas del Gobierno.
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