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Pronto comprendieron las Farc, desde que comenzaron a crecer en los años 60, que necesitaban recursos si querían llegar a algún lado. Al principio vivían de una “economía de subsistencia”, que se apoyaba en las donaciones de simpatizantes, del Partido Comunista y de “la cacería de especies nativas”. Luego empezaron a barequear en busca de oro. “Esas minas de El Bagre (Antioquia) eran de nosotros”, contó uno de los históricos de ese grupo guerrillero, Ely Mejía Mendoza, alias Martín Sombra. Se apropiaron de minas de esmeraldas que terminaron en manos de Víctor Carranza. “Con eso nos sosteníamos y le llevábamos algo al Secretariado (que) era muy pobre”, agregó.
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Todos esos detalles están contenidos en un informe reservado que entregó la Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), titulado “Fuentes y mecanismos de financiación de las Farc-Ep”. En el reporte de 248 páginas, conocido por este diario, se pormenorizan los tres caminos que tomó esa guerrilla para obtener ingresos: el secuestro extorsivo con fines económicos, la extorsión y el narcotráfico. Con una conclusión aplastante: la justicia colombiana fue incapaz de seguirle el ritmo a las Farc para desmantelar sus “empresas”. Las investigaciones, siempre concentradas en responsabilidades individuales, nunca comprendieron el fenómeno como un todo.
Si algo quedó claro para la Fiscalía, luego de entrevistar a varios desmovilizados de las Farc, entre los que se incluye a Elda Neyis Mosquera, más conocida como Karina, es que el Secretariado de las Farc estuvo enterado de cada secuestro extorsivo que perpetraron los frentes de esta guerrilla. Y si la víctima tenía un perfil alto o una amplia capacidad económica, era el mismo Secretariado el que se encargaba de la negociación. “Si se hacía una retención y el monto era más de $500 millones, ya no negociaba el frente sino el Estado Mayor Central o el Secretariado”, declaró Karina en una versión libre. “Yo le enviaba plata a Pastor Alape”, aseguró Fabio Gil, desmovilizado del frente tercero.
Alape, hoy delegado del partido FARC ante el Consejo Nacional de Reincorporación, tuvo la tarea de entregarle a la ONU, en agosto de 2017, el listado definitivo de bienes y activos para reparar a víctimas de las Farc. En ese listado figuraban, entre otros, más de $16.000 millones en caletas. Según el documento de la Fiscalía, los excedentes de ganancias que las Farc guardaron en caletas superaron los $46.000 millones (cifra a la que llegaron con base en dispositivos electrónicos incautados en operaciones de la Fuerza Pública). Además, lo ofrecido para reparación es apenas el 0,44 % del dinero que, estima la Fiscalía, recibieron las Farc por secuestros extorsivos entre 1996 y 2012: $3 billones.
Este grave delito “se convirtió en una de las fuentes principales de financiación de la guerrilla”. Sin embargo, según el documento, no todos los frentes recurrían a él, pues no en todas las zonas del país había gente con suficientes recursos para pagar un rescate. Desmovilizados han manifestado que, por eso, muchas unidades pasaron a otros negocios ilícitos. “El secuestro cesó mucho en esa parte (Bajo Cauca antioqueño) porque ese frente empezó a entrar en zonas donde se movía parte de la droga, la coca, la minería ilegal (…) igual el secuestro ya era más riesgoso y era más involucrador porque se necesitaba más gente”, declaró un exguerrillero del frente 36 llamado Norberto de Jesús Morales.
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El primer secuestro extorsivo de las Farc del que se tenga registro lo cometió esa guerrilla en 1977, con un solo episodio. En los 22 años siguientes, esa cifra nunca subiría de 13. A partir de ahí, no obstante, el aumento comenzó a ser notorio: 24 casos en 1990, 70 en 1996, 287 en 1999 —año en que se creó la zona de distensión durante el gobierno Pastrana—. El peor año fue 2001, cuando la zona de distensión estaba aún vigente: 347 plagios. Casi uno diario. Según la Fiscalía, el propósito principal era “apoyar el crecimiento militar de la organización armada”. En ocasiones era la respuesta a una negativa a pagar una extorsión. En otras, era el punto de partida para una extorsión.
Ante el crecimiento de este fenómeno aumentó también el nerviosismo en el gobierno Pastrana, que trataba a toda costa de firmar la paz con esa guerrilla, al punto de dejar 42.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional libre de Fuerza Pública para poder negociar con ellos. “El tema del secuestro era prioritario”, le dijo a este diario Camilo Gómez, comisionado de Paz en esa época. “Espero que en la JEP lo traten como un crimen de lesa humanidad, no amnistiable. Las Farc son responsables de la mayoría de los secuestros que se cometieron en el país. Para el presidente Pastrana era una gran preocupación, por eso se diseñaron estrategias para acabar el fenómeno”.
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Por la vía del secuestro extorsivo, se lee en el informe, las Farc empezaron a tener un flujo de caja nunca antes visto. Al principio eran “secuestros directos”, cuyos blancos eran principalmente propietarios rurales ubicados en áreas de injerencia de los frentes guerrilleros. Pero, según la entidad, el punto “más sofisticado” de esta modalidad lo alcanzaron el 26 de julio de 2001. Ese día, cuarenta guerrilleros de la columna móvil Teófilo Forero secuestraron a 15 residentes de un lujoso edificio de Neiva: el Miraflores. Según Matacaballo, exintegrante de la Teófilo, “menos de $1.000 millones no pagaron (cada uno de los cautivos)”, una cifra abultada frente al costo de ejecutarlo, que habría sido de $250 millones.
Ese plagio colectivo fue particularmente cruel para los Lozada Polanco. La excongresista Gloria Polanco y dos de sus tres hijos fueron secuestrados y, con ella aún en cautiverio, las Farc acribillaron a su esposo, Jaime Lozada. “Las Farc se encargaron de secuestrar a lo ancho y largo del país a personas que trabajaban a diario por generar empresa y empleos. Se ensañaron sobre todo con la clase media. Muchos tuvieron que huir o quedar en bancarrota por este crimen que, me atrevería a decir, es el peor de todos. Rompe a las familias, las acaba de un solo tajo”, le dijo a este diario el representante Jaime Lozada Polanco, hijo de la pareja, quien vivió en carne propia este flagelo por tres años largos.
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Las Farc, en los años 90, agregaron dos modalidades: “pescas milagrosas” y asociación con bandas criminales. La primera obedecía, dice la Fiscalía, a una “racionalidad económica”: no se tenía que invertir en labores de seguimientos a las posibles víctimas. “La pesca milagrosa se hacía porque a veces no teníamos la información de sacarle algo grande a alguna persona (…) a veces por falta de plata”, declaró el desmovilizado Martín Francisco Puerta. La segunda surgió sobre todo en las ciudades, donde las Farc no estaban tan acostumbradas a moverse. Esas alianzas fueron autorizadas directamente por el Secretariado de las Farc, de acuerdo con exjefes guerrilleros como Karina.
“Para la guerrilla resultaba riesgoso llevar a sus integrantes a las grandes ciudades, donde no tenía presencia y sus miembros no podían actuar con la suficiente pericia que requería un secuestro urbano. Estos costos, además de los que implicaban las labores de inteligencia, eran reducidos gracias al asocio con bandas de delincuencia común”, explica la Fiscalía. “Una de las orientaciones que el Mono Jojoy dio a las Farc fue que se acudiera a las bandas, porque tienen más operatividad en las ciudades”, aseguró Karina en una versión libre de Justicia y Paz. El frente que ella comandó, el 47, según la Fiscalía, fue el que más secuestros cometió dentro de las Farc: 301.
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Gracias a la unión de Farc y bandas criminales, personas de sectores económicos urbanos empezaron a ser víctimas de secuestros extorsivos. Por ejemplo, el empresario Haime Levy fue retenido inicialmente por la banda Los Calvos en abril de 2000. Así, igualmente, fue secuestrado en febrero de 2001 Chikao Muramatsu, vicepresidente comercial de una compañía japonesa de autopartes. Los Calvos también tuvieron que ver en ese episodio. Tanto la familia del industrial como un funcionario de la Embajada japonesa reconocieron ante la justicia que en la negociación para liberarlo estuvo involucrado el Mono Jojoy —quien también controló la de Levy—. Muramatsu fue asesinado en cautiverio en 2003.
En conclusión, el secuestro extorsivo con fines económicos se convirtió en una “gallina de oro” para la guerrilla de las Farc, que supo aprovechar los recursos que este le dejó para crecer militarmente, incluso en una época en que, se suponía, le apuntaba a pactar la paz. Con este delito se presionó a empresas que operaban en zonas de influencia guerrillera, se transaron extorsiones, se destruyeron familias enteras. En los sistemas de información de la Fiscalía aparecen 6.162 registros por esta modalidad, pero el propio ente investigativo admite que en esta problemática el subregistro es evidente. Es decir, que la problemática fue mucho mayor de lo que se asoma en las cifras oficiales.
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