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“En la zona hay ocho teléfonos instalados que nos pagan $100 por minuto, el pago es trimestral, el promedio de venta al mes es de 4.000 minutos cada uno”. Esa información fue hallada en un documento del frente 7 de las Farc, que pertenecía al bloque Oriental. Para la Fiscalía, se trata de una de tantas evidencias que demuestran que, a la hora de buscar recursos para financiar su plan de llegar al poder, las Farc apuntaron para todos los lados. Especialmente con la extorsión. Sus víctimas, a quienes “invitaban” a “cotizar”, se calculan por cientos de miles. Aunque, la propia Fiscalía admite, solo hay 2.483 procesos de investigación abiertos por este delito en todo el país.
Esa información forma parte del informe reservado que envió la Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre “fuentes y mecanismos de financiación de las Farc-EP”, en el cual el ente investigativo explica que solo San Andrés y Providencia, Amazonas y Guainía se salvaron de este fenómeno. Al menos en papel, pues en esos tres departamentos no existen denuncias por extorsión. La dinámica de este delito se hizo más clara para la Fiscalía con la frase del desmovilizado de las Farc Danis Sierra Martínez, quien fue guerrillero por 18 años y llegó a ser el segundo al mando del frente 5, que operaba en el Urabá antioqueño: “Era mejor una gotica todos los días y no un aguacero y estar todo el tiempo seco”.
Es decir, para las Farc la extorsión reportó un flujo de caja que ni el narcotráfico ni el secuestro pudieron darle. Y, además, le permitió ahorrarse el ejercicio permanente de la violencia contra la población civil, lo cual, socialmente, era indispensable para ellos: del uso de la violencia “racionalizado” dependían las simpatías hacia los guerrilleros. “(La extorsión) le permitió (a la guerrilla) desplegar formas de extracción de recursos que no estaban vinculadas necesariamente al ejercicio directo y permanente de la violencia, lo que implicó menos costos para la guerrilla y favoreció su implementación como una de sus fuentes regulares de recursos”, señala el documento.
(Vea la primera entrega de este reporte: Así obtuvieron las Farc dinero para funcionar)
La extorsión, como se contó en nuestra primera entrega sobre este tema, podía relacionarse con el secuestro: como punto de partida, pues las víctimas a veces daban dinero a la guerrilla a cambio de no ser sometidos a cautiverio; o como resultado final de una negociación tras un plagio. Pero, más allá de su conexión con el secuestro, el delito de la extorsión se convirtió para las Farc en una especie de empresa independiente. Según la Fiscalía, su origen se remonta a la VII Conferencia Nacional Guerrillera en 1982, en la que las Farc establecieron un “Plan Estratégico” que incluía “la obtención de cincuenta y dos (52) millones de dólares para financiar la primera de las tres (3) fases que culminarían en la toma del poder”.
A partir de 1982, las Farc, dice la Fiscalía, comenzaron a ejercer la extorsión en contra de tres públicos distintos: funcionarios del Estado, personas del sector comercial e industrial y miembros de grupos dedicados a economías ilegales. Las Farc, por ejemplo, guardaban información en minucia de las contrataciones que se hacían en ciertas regiones, para saber cuánto dinero iban a ganar los contratistas y, de esa suma, pedir un porcentaje. “La plata siempre se recibió en efectivo, siempre me la entregaba(n) los mismos ingenieros”, le explicó a la Fiscalía el desmovilizado Fabio Gil Forero, encargado de las finanzas del frente 23, que operaba en el Magdalena Medio.
En 2014, tras la operación Himalaya, quedaron al descubierto, entre otros, archivos sobre propuestas de cobro de impuestos de frentes que operaban en los Llanos. Archivos que dejan ver que la extorsión iba desde lo más pequeño hasta lo más grande. “Cigarrillos Marlboro, Mustang, Mapleton, se cobrarán 5.000$ por decena el resto de cigarrillos se cobrarán 4.000$ por decena”. “1.000$ por galón en zonas productoras de coca y 10.000$ por cartón de aceites, grasas y valvulinas”. “En tierras ácidas como sabanas y otras se cobrarán 25.000$ anual por mata (de palma africana)”.
En esos mismos archivos se lee que “en las veredas habrá un impuesto de 5.000$ anual por cabeza de res que lo administrarán las juntas para beneficio de la comunidad”. Pero, en su mayoría, la información revelada por la Fiscalía muestra que el dinero recolectado por las Farc por esta vía fue para nutrir sus propias finanzas. Un documento del frente 4 indicaba que de las “contribuciones” no se salvaron ni los mototaxistas, que debían pagar un 3 % de cada viaje que hicieran. Aunque era mucho más rentable “gravar” al narcotráfico. Un documento incautado al frente 34, que se movía en el Magdalena Medio, indicaba que quien quisiera comprar base de coca en la zona debía pagar $500.000 por kilo.
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“Gravar” al narcotráfico, sin embargo, no fue tarea sencilla. El documento explica que requería mucha coordinación entre los frentes. Cuando no la hubo, el resultado fue que los narcotraficantes, por ejemplo, eran “invitados a contribuir” más de una vez, de lo cual se quejaban. Así lo reveló una comunicación interna que terminó en manos de la Fiscalía tras la operación Raudales, en 2014: “El 19 de julio llego (sic) un señor de Nombre Jaime a comprar 114 julos de coca, le cánselo (sic) 22 millones de pesos a la comisión financiera del frente Yari (…) el señor se queja, que por el séptimo (frente) estuvo retenido 8 días y por el paso le cobraron 5.700.000, pues el señor está arrepentido de traer plata por acá”.
El episodio con el hombre llamado Jaime terminó en una decisión de los comandantes guerrilleros: a un narcotraficante no se le podía cobrar dos veces por lo mismo. El tema, no obstante, siguió siendo objeto de debate dentro de las filas guerrilleras. Así lo evidencia otra comunicación interna, que conoció la Fiscalía tras la operación Plutonio, en 2016: “Hay que ejercer un control estricto con todo lo que tiene que ver con el movimiento de narcos y su mercancía (…) Ser muy serios en los acuerdos que se hagan (…) que nos evitemos, por irresponsabilidades de mandos que no están claros, generarnos enemistades y crearle condiciones al enemigo para que se organice contra nosotros utilizando los resentidos”.
“De ahí que el cumplimiento de unas reglas internas fuese indispensable para la práctica eficiente de la extorsión, incluso tratándose de sectores de la economía ilegal”, sostiene la Fiscalía, que añade otro ingrediente: para evitar choques con grupos ilegales que también recurrían a este delito, las Farc pactaron alianzas. En el Bajo Cauca Antioqueño, por ejemplo, con el Eln, “con el fin de evitar confrontaciones armadas y restablecer el orden extorsivo”. Aunque no siempre sus víctimas, como empresas y multinacionales, tenían dinero para pagarles —o querían hacerlo—. Por eso, dice la Fiscalía, “optaron por pequeñas extorsiones sostenidas en el tiempo o por imponer cobros a los contratos ejecutados por las empresas”.
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Las Farc, explica el organismo investigativo, se ahorraba el uso de la violencia con la extorsión. La amenaza de recurrir a ella y la “inteligencia” previa eran, sin embargo, cruciales para que la gente aceptara pagar. En una de las pocas denuncias que llegaron a la Fiscalía, una mujer reportó que la guerrilla le exigió un pago de $60 millones, en un solo pago. Las Farc no solo conocían sobre la actividad económica de su empresa, sino hasta el salario de sus hijos. En otra denuncia, el gerente de una cooperativa de transportes señaló que las Farc le pidieron cierta cantidad de plata a cambio de dejarlo circular por ciertas rutas y de no quemar sus vehículos.
“Hubo ocasiones en las que el no pago generó afectaciones a comunidades enteras. Un ejemplo es la acción ejecutada por las Farc-EP el 21 de octubre de 2001, en la vía que de Riohacha conduce al municipio de Maicao (Guajira), contra la empresa Promigas por no haber accedido a las exigencias de alias “Guillermo”, jefe de finanzas del Bloque Caribe. La guerrilla (provocó) una explosión de una válvula del gasoducto Ballenas-Barranquilla. Este atentado no solo generó daños a la infraestructura del sistema de interconexión de gas que surtía la Costa Caribe y a los empleados de la empresa, sino también causó la muerte y heridas a civiles, y la quema de las viviendas del caserío”, destacó la Fiscalía.
Pedían contribuciones también basándose en su famosa Ley 002: “Aplicaremos a fondo la Ley 002 a todas las empresas de nuestra área, a la infraestructura vial, acuática y aérea, oleoductos, poliductos, gaseoductos, acueductos, energía, comunicaciones, comercio, contratos, televisión, periódicos y revistas (…). De todas las fuentes financieras del área del bloque recaudar 150 mil millones de pesos”, escribieron los comandantes guerrilleros Timochenko y Gabino a los combatientes de las Farc y el Eln, respectivamente. Un archivo recuperado del Mono Jojoy tras la operación Sodoma, en la cual murió en 2010, indicaba que él tenía “una lista de ganaderos y finqueros, y las cuotas que entregaban ‘para la paz’”.
En resumen, para la Fiscalía, las Farc lograron expandirse militarmente no solo por los recursos que le dejó el secuestro, sino por el dinero que día a día les entraba a cuentagotas por cuenta de las extorsiones que realizaban. “La naturaleza estable de las actividades económicas legales objeto de extorsión facilitó aún más el ejercicio de la extorsión”, resalta el organismo investigativo. “Eran actividades en unos casos dependientes de activos como la tierra o el comercio y en otros de la ejecución en el tiempo de contratos con presencia en las regiones, lo que dificultó la denuncia y más bien creó las condiciones para mantener la extorsión en el tiempo”.
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