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El deterioro del patrimonio en Cartagena
El colapso del balcón de una casa republicana abandonada en la calle La Medialuna, ocurrido hace unos meses en uno de los barrios del centro histórico de Cartagena, no solo evidenció el deterioro de las edificaciones, sino que también resaltó la falta de atención a problemas más profundos que afectan la calidad de vida de los residentes de esta zona, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984.
Luego del accidente, las autoridades hablaron de una falta de mantenimiento en inmuebles antiguos, especialmente en aquellos desocupados, un riesgo para la seguridad de ciudadanos y visitantes. No solo se han caído balcones, sino también las fachadas y las casas completas. En menos de 24 horas, del 1 al 2 de agosto, se registraron la caída de un balcón y un techo en la ciudad amurallada. Según la alcaldía local, una división del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena ha liderado inspecciones para identificar estos problemas y aplicar sanciones a los propietarios que no realicen las reparaciones necesarias.
Transformación desmedida en Getsemaní y el centro histórico
Sin embargo, para los residentes de los barrios históricos, la falta de mantenimiento es solo parte de un problema más amplio. El colapso de ese balcón lo ven como un síntoma más de la transformación desmedida y mal planificada que ha sufrido la zona. En barrios como Getsemaní, el Centro y San Diego, los inmuebles patrimoniales han sido progresivamente intervenidos por intereses comerciales de alto impacto, lo que ha generado una alteración de la estructura física de estos espacios y del tejido social que tradicionalmente habitaba allí.
Miguel Caballero, director de la Fundación Gimaní, lo explicó de la siguiente manera: para los residentes, la declaración de Patrimonio de la Humanidad no ha traído beneficios palpables. En lugar de proteger tanto los bienes materiales como los inmateriales, ha impuesto una carga desproporcionada sobre los habitantes. Caballero señaló que no existen políticas distritales que apoyen a los residentes o sus propiedades históricas. Los trámites administrativos y los altos costos de mantener una vivienda catalogada como bien cultural hacen que vivir en el centro histórico sea insostenible para muchas familias.
“Antes de que la UNESCO declarara el centro histórico como patrimonio, este era un lugar muy poblado; hoy están cambiando a la gente que antes vivía en este lugar por sillas, mesas y camas, porque cuando sale una persona de una casa eso es lo que llega”, expresó Caballero. La presión económica, sumada al deterioro de las condiciones de habitabilidad y la llegada de comercios de alto impacto, ha forzado a muchos residentes a vender sus viviendas. Según el propietario de uno de los inmuebles en Getsemaní, los nuevos dueños, en su mayoría, son sociedades que transforman los espacios en bares, moteles o negocios que no respetan el estilo de vida residencial.
El incremento desmedido en los precios del metro cuadrado ha alterado la estructura social del centro histórico, reemplazando vecinos de toda la vida por turistas y actividades comerciales. “Hoy el centro está diseñado para quienes tienen plata. El turismo que nos está llegando es depredador y parrandero. No es el turismo cultural que llegaba antes, que visitaba Getsemaní o el Centro y que compartía con la gente tradiciones. No. Hoy solo vienen a rumbear. No hay regulación. El Gobierno ha sido muy permisivo con los negocios y sus intereses, pero estos afectan la vida en comunidad”, señaló.
Caballero concluyó con una reflexión sobre la necesidad de que las autoridades presten más atención al patrimonio material e inmaterial: “Es lo único que da sentido de pertenencia. Nos hemos aferrado para que no nos saquen”, dijo.
Por su parte, Isabela Restrepo, miembro del colectivo de residentes “Somos Centro Histórico de Cartagena”, aportó una visión complementaria. “Vemos resultados en la vida cotidiana gracias a las acciones de la alcaldía. Hoy se recupera la movilidad en andenes donde los escombros no lo permitían, y los propietarios han puesto las protecciones debidas. Pero a mediano y largo plazo, ¿qué va a suceder?”, se preguntó.
Restrepo señaló que el problema trascendió las normativas y se convirtió en una cuestión de enfoque sobre cómo se concibe el patrimonio. Mencionó que la comunidad lo percibe como una “camisa de fuerza” que se aleja de la realidad y solo resulta accesible para quienes cuentan con una alta capacidad económica. También cuestionó si los propietarios pueden restaurar sus inmuebles debido a los elevados costos, pues según el estado de deterioro de la propiedad, las cifras pueden ascender a miles de millones de pesos.
Finalmente, Restrepo afirmó que para los residentes del centro histórico resulta fundamental que la gestión del patrimonio se coordine con la agenda global y el cambio climático, y que se acepte el uso de materiales amigables con el medio ambiente, que también son más económicos. Subrayó la importancia de conectar el enfoque al patrimonio con el futuro: “El valor real de estos bienes depende de su utilidad social. La rigidez física no permite que se genere un bienestar colectivo. Debemos pensar en los centros históricos como activos colectivos que nos permitan sociedades equilibradas, donde prime el respeto por el vecino, la naturaleza y que nos ayuden a adaptarnos a la realidad climática”.
En este contexto, Mónica Orduña, arquitecta y directora de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, expresó que el ministerio es consciente de las afectaciones y variaciones que ha experimentado el Centro Histórico debido al proceso de desarrollo y transformación. Según Orduña, el ministerio ha dedicado un gran esfuerzo a acompañar al distrito en el desarrollo del plan especial de manejo y protección, que busca establecer una hoja de ruta con planes, programas y proyectos a mediano y largo plazo para promover espacios habitables y evitar desalojos.
Además, subrayó la importancia de generar nuevos puntos de atracción para los residentes y facilitar una convivencia respetuosa entre el patrimonio material e inmaterial. Sobre la coordinación establecida entre el Ministerio de las Culturas y las autoridades locales, declaró que: “Para el manejo y uso de suelos, el instrumento es el plan de ordenamiento territorial, que se encuentra a cargo de la entidad distrital. Lo que buscan estas mesas y el trabajo coordinado que se ha adelantado durante estos años es lograr la mejor armonización posible para que cultura y desarrollo puedan tener una misma conversación. Al final, esto se puede ver revertido en un territorio consolidado que permita garantizar la preservación de esas áreas residenciales que forman parte de los valores que hoy tiene la ciudad de Cartagena como sitio de patrimonio mundial”.
Según Evelyn Díaz, vocera del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), esta institución no registra datos sobre arreglos. Su gestión se enfoca en realizar visitas de control, y en función de lo que se encuentre, se inician averiguaciones preliminares o procedimientos administrativos sancionatorios. Los datos del instituto están relacionados con los procesos contra los propietarios que no cumplen con “el deber de conservar los bienes inmuebles del Centro Histórico”.
En relación con el control del patrimonio, la división del IPCC, declaró que ha intensificado las inspecciones. Según Lucy Espinosa, directora de la institución, se han realizado 419 visitas, que incluyen la supervisión de obras civiles, la evaluación de inmuebles en deterioro y la regulación de la publicidad visual exterior en locales comerciales. Estas acciones cuentan con el respaldo de varias entidades, entre ellas Gestión del Riesgo, Bomberos, Secretaría del Interior, Espacio Público y Control Urbano.
Las visitas buscan, según el IPCC, preservar tanto la estructura de las edificaciones como su valor cultural. De estas inspecciones, 104 se centraron en inmuebles en deterioro, con el fin de evaluar su estado estructural. Otras 255 visitas se realizaron a obras civiles, para asegurar el cumplimiento de las normativas de conservación establecidas en el distrito. Además, según sus reportes, indicaron que se llevaron a cabo 40 inspecciones en locales comerciales, enfocadas en la correcta ubicación de avisos publicitarios en zonas protegidas, y 20 visitas más en el marco de la campaña de regulación de la publicidad visual exterior.
Hasta la fecha, la División de Patrimonio Cultural, declaró que ha iniciado 27 procedimientos administrativos sancionatorios y 18 averiguaciones preliminares. De las 45 actuaciones en curso, 13 se relacionan con inmuebles en deterioro. De estas, 7 corresponden a procedimientos sancionatorios y 6 a averiguaciones preliminares, todas enfocadas a “salvaguardar la integridad del patrimonio cultural y arquitectónico del Distrito de Cartagena”.
Por Diana Camila Eslava
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