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A Colombia le deben respuestas sobre la posible intervención ilegal de dineros en las elecciones del 2014 entre Óscar Iván Zuluaga y el entonces ganador, Juan Manuel Santos. Las revelaciones recientes han despertado la frustración que causó el hecho de que, recién se dio a conocer este escándalo, los procesos terminaran estrellándose con vías cerradas de investigación. Las autoridades deben contarle al país lo que ocurrió.
El caso contra Esteban Moreno, David Portilla y Andrés Sanmiguel revivió la elección de 2014. Los tres serán imputados en agosto por enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, a través suyo y de la empresa Gistic Logistics Soluciones Integrales, Odebrecht entregó a la campaña Santos $3.894 millones, que intentaron justificar con contratos falsos del Consorcio Constructor de la Ruta del Sol (Consol).
El relato del empresario Sanmiguel, que se dio a conocer en La W, es escandaloso. En síntesis, culpa a Moreno y a Portilla del transporte de dinero en carros blindados que, supuestamente, irían a favorecer la campaña reeleccionista. Esto con el fin de que Odebrecht fuera favorecida en la contratación pública colombiana.
Todavía no hay respuestas claras. Los hechos que menciona la Fiscalía abren muchas preguntas y, especialmente, avenidas de investigación, pero los responsables están por definirse. Por eso, el ente investigador le solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) indagar sobre toda esta situación. ¿Podrá, ahora sí, ese tribunal explicar qué fue lo que ocurrió y cuáles fueron los alcances de los recursos en cuestión? Un primer obstáculo es la caducidad de los casos que involucran tanto a la campaña Santos como la de Zuluaga.
El presidente del CNE, Heriberto Sanabria, conformó una comisión de magistrados que revisarán todo el acervo probatorio para decidir si abren o no una nueva investigación en contra de la campaña de Santos. Sea cual fuere la decisión, es fundamental que los motivos que se invoquen sean explicados con transparencia.
Desde que estalló el escándalo de Odebrecht son varios los indicios que han surgido sobre la manera en que la multinacional intentaba influir en la política nacional. Hasta ahora, pese a los esfuerzos realizados por las autoridades, los procesos que se han llevado a término no han permitido entender bien cómo operó la empresa durante las elecciones del 2010 y del 2014. Las investigaciones que se dieron en el CNE tampoco llegaron a conclusiones que permitieran, por ejemplo, que las sospechas desaparecieran.
No se trata de un asunto menor. Solo con la declaración de Sanmiguel se está hablando de muchos recursos repartidos, además, de manera ilícita y con métodos deplorables. Eso es un ataque a la democracia y un pésimo ejemplo para un país que no ha encontrado la manera de derrotar el cáncer de la corrupción.
Más allá del ruido político que despierta este caso, lo importante es que las dudas no persistan. ¿La responsabilidad termina en Moreno, Portilla y Sanmiguel? ¿La campaña reeleccionista sabía de los dineros? ¿Por qué Odebrecht adoptó, precisamente, ese método para intervenir? ¿Le había funcionado en el pasado?
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