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En su discurso del 20 de julio, el presidente Duque condenó los asesinatos de líderes sociales y su compromiso de acabar “de raíz” esa tragedia, lo cual está bien. Pero afirmó que su Gobierno había reducido en 35 % esas muertes, gracias a su “Plan de Acción Oportuna (PAO)”, que es una tesis insostenible.
Esa afirmación de Duque proviene de un informe de su consejero de Derechos Humanos, Francisco Barbosa, que ha circulado en distintas versiones con la misma idea: hubo una reducción fuerte de los crímenes contra líderes sociales durante el gobierno Duque, que es posible atribuir al PAO.
Barbosa compara el número de crímenes contra líderes sociales entre agosto de 2017 y julio de 2018 (gobierno Santos) y entre agosto de 2018 y julio de 2019 (gobierno Duque). Y concluye que, como en ese período de Santos hubo 105 homicidios, mientras que en el de Duque hubo 68, entonces hubo una reducción de más del 35 % durante el gobierno Duque, que debe ser atribuida al PAO.
Barbosa basa su cifra en los informes de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh), que es una fuente seria e independiente, por lo cual su informe parece sólido. Pero, como lo han mostrado críticas como la de Colombia Check, Barbosa comete al menos cuatro errores garrafales.
Primero, el informe ignora otras fuentes que han llegado a resultados distintos, pues han concluido que la situación en el gobierno Duque es igual de mala o incluso peor a la de Santos, que era muy mala. Algunas de esas fuentes son oficiales, como la Defensoría del Pueblo, o centros investigativos serios, como la FIP o Cerac. Barbosa puede controvertir esas otras fuentes, pero no puede simplemente ignorarlas, sobre todo porque estamos frente a un fenómeno con alto subregistro, frente al cual los expertos internacionales, como Patrick Ball, recomiendan no basarse en una sola fuente, sino usar datos de distintas fuentes, con métodos como la llamada captura y recaptura, como se hizo en Dejusticia en 2017.
Segundo, Barbosa distorsiona la metodología de Oacnudh, pues no aclara que la cifra en el período Duque es provisional. Oacnudh distingue entre casos documentados o verificados y casos en estudio, que están en proceso de verificación. Oacnudh informó que hasta el 7 de junio había 26 asesinatos documentados de líderes sociales para 2019 y otros 50 en estudio. La tesis de Barbosa queda en el limbo, pues la cifra para el período Duque podría ser peor que para el período Santos si la mayoría de los casos en estudio resultan confirmados.
Tercero, los períodos analizados por Barbosa no son comparables, por cuanto en los meses de Santos hubo tres elecciones (Congreso y dos vueltas presidenciales), mientras que durante los meses de Duque no hubo ninguna. Todos los analistas serios saben que en nuestra violenta democracia, esos tipos de crímenes suelen aumentar en períodos electorales y probablemente por ello el primer semestre de 2018 fue tan terrible.
Finalmente, y como complemento de la razón anterior, la eventual reducción de asesinatos de líderes sociales (que dista de ser clara) no puede ser atribuida al PAO, pues no solo se están comparando períodos incomparables sino que, además, Barbosa confunde correlación con causalidad y no muestra por qué el PAO habría sido tan efectivo.
Que un solo líder social sea asesinado es ya inaceptable y por ello es terrible discutir estas cifras. Pero este debate es necesario, pues los errores de Barbosa no solo matan las conclusiones de su propio informe, sino que además implican muertes, ya que ponen al gobierno Duque a actuar con base en un diagnóstico equivocado sobre la magnitud y la dinámica de esta terrible matazón. Son cifras y errores literalmente mortales.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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