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En las toldas de la izquierda con asiento en el Congreso y liderazgo en algunas entidades departamentales, todas ahora bajo la autodenominación de progresismo, comenzaron a analizar a fondo jurídica y políticamente dos decisiones del Consejo de Estado que se conocieron casi que al tiempo y que tienen impacto directo sobre sus intereses como organizaciones que actualmente ostentan el poder desde la Casa de Nariño.
La primera línea de defensa ha sido acudir al relato de la posible persecución política desde escenarios judiciales, la cual se ha esbozado en las últimas 24 horas desde las redes de varios de sus militantes y que tiene el ingrediente de no polemizar de forma directa con el alto tribunal; y la segunda –que está en construcción– es cómo atender desde lo jurídico los fallos que dejaron sin personería jurídica a Fuerza Ciudadana y a la congresista María José Pizarro fuera de la vicepresidencia del Senado.
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Y en todo esto, por supuesto, está el presidente Gustavo Petro, quien dejó en el aire una presunta intención electoral detrás de las decisiones del Consejo de Estado, pese a que fue este mismo tribunal el que terminó ratificando en 2017 la legalidad de todos sus derechos políticos al tumbar decisiones de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez que lo dejaban por fuera del escenario que se construye con el voto popular.
“¿Por qué cuando éramos minorías y oposición nunca se falló a favor de estar en la primera vicepresidencia del Senado, y ni siquiera en las mesas directivas?, ¿por qué para quitarnos de las mesas directivas del Congreso si somos del Pacto Histórico y no de sus partidos constitutivos, pero para quitarnos las curules sí somos de los partidos constitutivos y no del Pacto Histórico? Creo que se deberían brindar estas claridades”, aseguró Petro.
¿A qué se refiere el jefe de Estado? A la decisión que determinó que la senadora Pizarro no hace parte de una minoría política en el Congreso y que, por lo mismo, no debería asumir la dignidad de vicepresidenta en el Senado. Y aunque la legisladora y el grueso de las colectividades que conforman el Pacto Histórico rechazaron la medida, el Consejo de Estado –al menos en esta instancia del proceso– no les da la razón.
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En efecto, el argumento jurídico es que, aunque Pizarro se postuló como congresista del partido MAIS –el que la avaló para ocupar la curul que actualmente tiene–, pues hace parte del Pacto Histórico, la coalición con más fuerza del Senado, lo que va en contravía de la naturaleza del cargo.
Según el alto tribunal, la situación contradice lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 5 de 1992, norma que rige el funcionamiento del Congreso. “Las minorías tendrán participación en las Primeras Vicepresidencias de las Mesas Directivas de Senado y Cámara, a través del partido o movimiento mayoritario entre las minorías”, señala puntualmente el artículo.
“Actualmente, soy la única mujer en las mesas directivas de las plenarias del Senado y la Cámara. También la primera mujer de la izquierda progresista en la historia del país en presidir el Senado. Hoy desde la vicepresidencia en la que continúo y mañana desde cualquier espacio defenderé mis convicciones, nuestro proyecto político y la agenda del cambio”, fueron las palabras con las que la Senadora rechazó el fallo.
Este punto es clave, porque cuando el presidente del Congreso, el senador de la Alianza Verde Iván Name, no ha estado al frente de las plenarias, es Pizarro quien asume las riendas de los debates para darle impulso a los proyectos pendientes, como la reforma pensional que no ha logrado avanzar y que la Casa de Nariño y sus aliados defienden en todo momento.
Además, Pizarro –tal vez una de las congresistas que más cerca está del corazón del presidente Petro– viene liderando los movimientos que se hacen para que las más de 13 colectividades que se han congregado en torno al Pacto Histórico decidan unirse bajo una sola personería jurídica para intentar mantenerse en el poder en el 2026 con candidatos al Congreso y a la Presidencia.
Y aunque ese proceso no ha tenido la celeridad que se esperaba, pues varias de esas congregaciones partidistas preferirían mantener su independencia administrativa, sí hubo más respaldo a la idea de apoyar el proyecto de acto legislativo que busca darle una nueva oportunidad al denominado transfuguismo. Lo que se busca es que, con esa iniciativa, los legisladores puedan cambiar de partido sin exponerse a sanciones; hasta el momento, el grueso de la izquierda ve con buenos ojos este paso, pero desde las colectividades más tradicionales, como el opositor Centro Democrático, la rechazan.
Una de las jefas de los partidos de izquierda que no le camina mucho a la unión con el Pacto es la senadora Martha Peralta, presidenta del partido MAIS –que en el papel avaló a Pizarro para su elección–, y quien dijo que en todo este contexto la decisión del Consejo de Estado es una “persecución política” que “no cesa”.
Y, además, refutó el argumento del alto tribunal de anular la designación señalando que Pizarro no hace parte de una minoría política, como lo ordena la Ley 5 en este caso. Dijo que “dentro del Pacto Histórico, MAIS es minoría, por lo que la Vicepresidencia debe defenderse hasta agotar todas las instancias legales; quieren debilitarnos y no lo vamos a permitir”. Otro que habló de persecución política fue el senador Iván Cepeda, quien señaló que el fallo priva al Pacto Histórico de tener representación en la mesa directiva del Senado.
“El Consejo de Estado nos tumbó el Presidente del Congreso, Roy Barreras, a varios congresistas, el último Alexander López Maya, y ahora anuló la elección de María José Pizarro como primera vicepresidenta del Senado. Siento un tufo de persecución al Pacto Histórico”, aseguró el representante Alirio Uribe. Por otra parte, el también representante David Racero dijo que “cuando quieren somos coalición y nos toman como bancada única para negar elección en vicepresidencia del Senado; cuando quieren somos partidos independientes y aplica doble militancia para sacar a nuestros senadores. Les falta decir que somos oposición”.
Y aquí entra en juego el otro fallo, el que le anuló la personería jurídica a Fuerza Ciudadana, partido que lidera el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo y con el cual se eligió al actual mandatario de ese departamento, Rafael Martínez.
El alto tribunal dejó sin efectos una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que le dio vida jurídica al partido al considerar que era un error considerar que Fuerza Ciudadana podría volverse partido al haber hecho parta de la coalición que en 2018 sacó más de 8 millones de votos en las presidenciales bajo el paraguas de Colombia Humana.
Según Caicedo, la decisión del alto tribunal fue sorpresiva y motivada por la demanda de una abogada que él calificó como “ultraderechista”. El exgobernador dijo que no entiende cómo el fallo argumenta que no es aplicable para su partido el punto sobre apertura democrática del acuerdo de paz de 2016 con las extintas Farc, que sirvió para darles personería a otros 15 partidos y que no se explica por qué no se tuvieron en cuenta los 15 años de existencia de Fuerza Ciudadana.
Caicedo, quien también enfrenta algunas indagaciones judiciales, aseguró que los candidatos de su partido han ganado distintas elecciones y han “sorteado por años tenebrosos montajes judiciales, que incluso nos han privado de la libertad, embargado o inhabilitado pero no hemos desfallecido”. En este punto reafirmó que les “robaron” la elección de la Alcaldía de Santa Marta, que en las urnas ganaron con Jorge Agudelo, quien al final no se pudo posesionar porque su candidatura fue revocada posteriormente en favor de Carlos Pinedo.
En todo caso, esta decisión que tocó a Fuerza Ciudadana y que, de mantenerse en firme, dejaría a Caicedo y los suyos imposibilitados de llevar candidatos propios en la contienda del 2026, tiene en ascuas a otras colectividades como En Marcha (del exministro Juan Fernando Cristo) y Soy porque Somos (de la vicepresidenta Francia Márquez), que enfrentan procesos con argumentos similares.
(“Su Gobierno va muy mal”: Name le exige a Petro respeto por el Congreso)
Lo que está por verse es qué tanta fuerza jurídica tienen los recursos que vienen en camino para intentar revertir las dos decisiones del Consejo de Estado que –en plata blanca– sí impactan en la izquierda, y de qué forma el relato político les da respaldo en momentos en que la oposición les muestra músculo popular en las calles con marchas y en el Congreso frenando los debates de las reformas. Petro y sus alfiles no se quieren quedar de brazos cruzados.
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