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El problema de las contralorías no está en las sábanas, en la falta de control previo, sino en que son el ratón cuidando el queso.
El sistema político colombiano está basado en el modelo clientelista, en que los políticos elegidos controlan las entidades públicas para nombrar sus cuotas políticas y determinar la inversión hacia sus áreas de influencia. La segunda herramienta más importante del clientelismo es la captura de los órganos de control fiscal, cuya función es vigilar y sancionar a los funcionarios públicos, que son en buena parte nombrados por los políticos. Es decir, los elegidos por los políticos vigilan el manejo del dinero público que administran los recomendados de esos mismos políticos.
Pero mientras la entrega de los cargos públicos a los políticos es velada, la de los órganos de control está determinada por la Constitución. La solución pragmática de la Asamblea Constituyente de 1991 fue quitarles a las contralorías el control previo con que arrodillaban a los funcionarios públicos y con el cual el contralor general manejaba la bancada más grande y corrupta del Congreso, pero mantener la elección de contralores en manos del Legislativo, introduciendo que las cortes intervinieran en la etapa previa de selección de candidatos. La explicación de por qué se cometió la ingenuidad de permitir que el ratón siguiera mal cuidando el queso es que el modelo de equilibrio de poderes está diseñado para controlar los abusos de poder. Desde la Fundación Liderazgo y Democracia hicimos un estudio comparado buscando fórmulas para despolitizar los órganos de control, y en realidad casi todas las democracias del primer mundo utilizan el sistema de repartir la selección de jefes de órganos de control entre las ramas del poder. Pero la fórmula institucional sirve cuando la administración pública es técnica e independiente de los políticos, y no sirve en el sistema clientelista que usa al Estado como botín electoral.
En esta misma columna, hace más de dos años planteé una campaña para despolitizar las contralorías: “Entidades de la sociedad civil y del sector privado acaban de reiterarles la solicitud al Gobierno y al Congreso de reformar las contralorías mediante algún sistema que garantice la independencia política y calidad técnica de los contralores y los funcionarios de las contralorías, lo que no es posible con el actual sistema de elección. Esas entidades son ANDI, Proantioquia, Fundación Liderazgo y Democracia, Transparencia por Colombia, Instituto de Ciencia Política, Asociación de Ciudades Capitales, MOE, Unidad de Acción Vallecaucana, Asociación Colombiana de Ingenieros, Funcicar, Fundación Corona, entre otras”.
El problema del proyecto de reforma al sistema de control fiscal no es que agiganta el poder político, institucional y económico de las contralorías. El problema es darles indirectamente todo ese poder a los políticos, que en muchos casos son los principales actores de la corrupción pública en Colombia. La verdadera solución sería introducirle el componente clave a la reforma: despolitizar las contralorías estableciendo un mecanismo técnico para elegir a los contralores.
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