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Así como la Fiscalía tiene grupos especiales para delitos como el narcotráfico, contra la administración pública y o de lesa humanidad, ahora deberá tener una unidad especializada en delitos contra niños, niñas y adolescentes. Así se lo ordenó el Consejo de Estado, que en segunda instancia falló una demanda que promovió la ONG Aldeas Infantiles. En la demanda se pedía el cumplimiento de los artículos 3, 4 y 6 de la Ley 2205 de 2022, que ordenaban su creación.
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La noticia la celebran las organizaciones que velan por los derechos de los niños y llega justo cuando la ciudad y el departamento están de luto, por los crímenes contra dos niños a manos de sus familiares: Dilan Santiago Castro y Jerónimo Angulo. Esto, sin contar con que, por poco absuelven a los responsables de desaparecer a la niña Sara Sofía, por posibles errores en la investigación que adelantó la Fiscalía, como lo advirtió la Procuraduría.
Estos y muchos otros casos de crímenes contra menores de edad, no solo dejaron en evidencia los retos de investigar este tipo de delitos, sino que en algunos quedó al descubierto la falta de pericia y de conocimiento de miembros del ente acusador a la hora de asumir estos procesos. Si bien, investigan a adultos como responsables de atentar contra la niñez, cuando la víctima es menor de edad, se requiere de habilidades especiales. De ahí que surgiera la necesidad de que la Fiscalía creara la unidad.
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“Gracias a la sentencia recién proferida por el Consejo de Estado, en respuesta a una acción de cumplimiento que interpusimos desde Aldeas Infantiles SOS Colombia, casos como el del pequeño de 3 años asesinado en Fusagasugá por su padrastro, podrán encontrar pronta y cumplida justicia. Esta sentencia le ordenó a la Fiscalía dar cumplimiento a la Ley 2205 de 2022, mediante la cual se establece la creación de la Unidad Especial de Justicia de Delitos Cometidos contra niños, niñas y adolescentes”, indicó Esteban Reyes Trujillo, director nacional de Aldeas Infantiles Sos Colombia.
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Según Reyes, el país necesitaba esta unidad para disminuir las altas cifras de impunidad que presentan estos delitos, y que en la actualidad sobrepasan la vergonzosa cifra del 94%. “La Ley 2205, además, ordenó acortar los tiempos de investigación y sanción, como quiera que los procesos se demoran hasta 8 años; un tiempo indignante y devastador para el desarrollo de un niño”.
Cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal señalan que el año pasado se presentaron 547 homicidios en niños, niñas y adolescentes, lo que equivale a casi dos por día. Asimismo, se registraron 18.051 casos de violencia sexual, lo que suma 54 casos diarios, y solo en Bogotá se registraron 3.167 exámenes médico legales por violencia sexual y 1.927 casos por maltrato infantil.
“Estas cifras solamente aluden a los casos formalmente registrados, pues para desventura de todos, el silencio y la ocultación son una manta muy usual para estos delitos, cuyas víctimas tienen barreras evidentes para alzar su propia voz”, agrega el directivo de Aldeas Infantiles.
La ley que obliga el Consejo de Estado a cumplir señala que la Fiscalía debe tener más fiscales, ampliar el cuerpo técnico judicial y contar con más investigadores especializados en estos delitos, con el fin de acelerar las investigaciones y facilitar la judicialización de aquellos que los cometan.
“En nuestra Constitución está reconocida la prevalencia de los derechos de la infancia y la adolescencia, la cual la Fiscalía no ha querido reconocer, bajo el argumento de que sus recursos están dirigidos a combatir todos los delitos y no los de un grupo específico. Pero desde Aldeas Infantiles SOS y desde la Alianza por la niñez colombiana luchamos diariamente por hacer real el interés superior de niñas y niños que, como sociedad, nos exige darles un trato prevalente”.
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Según Aldeas Infantiles, detrás de esta orden hay razones de fondo, ya que los niños y las niñas enfrentan más dificultades para hacer valer sus derechos —muchas veces ni siquiera saben que los tienen—, y porque mientras más tardan las investigaciones y estos procesos duermen en un archivo, “miles de niños y niñas crecen alejados de sus familias, en la incertidumbre absoluta, alimentando rencores e inseguridades”, dice Reyes.
La Ley 2205 nació de una acción de movilización social que se denominó #Soysuvoz, que buscó sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de prevenir y atender la violencia contra niños y niñas. “Con el aval de más de 50.000 firmas ciudadanas, quisimos llamar la atención del Estado para que respondiera con un sistema de justicia eficiente y eficaz en favor de la infancia, y propusimos esta Ley al Congreso de la República, que fue aprobada en mayo de 2022″.
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“La sentencia es un gran logro, pero aún queda mucho camino por recorrer. Desde Aldeas Infantiles SOS y desde la Alianza por la niñez colombiana seguiremos adelante con más acciones que conduzcan a erradicar este execrable delito”, concluyó Reyes.
Para cumplir, el Consejo de Estado le dio a la Fiscalía seis meses, contados a partir de la ejecutoria de la providencia, para que defina, reglamente, integre y ponga en pleno funcionamiento la una Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos Contra la Infancia y la Adolescencia –UEIDPCIA–.
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Por Alexánder Marín Correa
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