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Nunca antes en la historia de la presencia de Estados Unidos en Colombia una entidad pública había estado tan cerca de conocer los detalles más íntimos de las relaciones entre ambos países y del papel del primero en la guerra colombiana. Reportes secretos de la CIA, informes del Pentágono, cables diplomáticos con Washington y documentos inéditos de agentes de la DEA. Todos estos archivos hacen parte de un proyecto sin precedentes que logró la desclasificación de miles de papeles con información secreta que evidencian hasta dónde llegó la mano de Estados Unidos en la lucha contra las drogas y en otras dinámicas de la guerra, como las ejecuciones extrajudiciales, los vínculos entre empresas privadas y grupos paramilitares o confrontaciones armadas con las Farc.
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La Comisión de la Verdad tuvo acceso a miles de documentos desclasificados y los usó como insumos para el Informe final, cuyos hallazgos y recomendaciones fueron publicados esta semana. La responsable de esta recopilación de archivos es la organización estadounidense Archivo de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) y el cerebro detrás de este trabajo inédito es el investigador Michael Evans. El Espectador tuvo acceso a seis de los primeros documentos que salieron a la luz pública, tras el lanzamiento del primer documento del Informe final. La mayoría de ellos fueron desclasificados mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA), pero muchos otros, los más secretos, ni siquiera se habrían podido conocer con esa norma.
Ventana de oportunidad, tras muerte de Rodrigo Lara B.
El primero de los documentos en salir a la luz pública es de mayo de 1984. Aunque desde al menos una década antes ya era evidente que el principal interés de Estados Unidos en Colombia era el tema de las drogas, la cooperación entre ambos países no se había concretado más allá de diálogos políticos. El archivo desclasificado fue escrito en un momento de altísima tensión en Colombia. Los nexos de narcotraficantes con las esferas del poder se hacían más evidentes y los capos empezaron a cobrar sus primeras víctimas de alto perfil. Uno de ellos fue Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, asesinado por orden de Pablo Escobar el 30 de abril de 1984, tras denunciar públicamente que el capo no era el congresista que aparentaba, sino un narcotraficante.
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El magnicidio ocasionó revuelo nacional. El entonces presidente Belisario Betancur decretó el Estado de sitio y, casi de inmediato, firmó la Ley de Extradición con Estados Unidos. En medio de la conmoción por el asesinato de un ministro, a Washington llegó la noticia, acompañada de una propuesta: aprovechar la ventana de oportunidad, de un país convulsionado, para presionar a Betancur a aplicar medidas más agresivas para luchar contra el narcotráfico. El cable diplomático dice: “Golpear mientras el hierro está caliente y aprovechar el período de mayor indignación pública tras el asesinato de Lara (…) Es esencial que la asistencia del gobierno de los EE. UU., incluidos helicópteros, así como solicitudes de extradición, se brinden con la mayor brevedad y rapidez posible”.
Para Michael Evans, editor del proyecto de la NSA, este cable diplomático muestra cómo Estados Unidos usó con frecuencia “la influencia proporcionada por las crisis de seguridad en Colombia para presionar por operaciones antinarcóticos más agresivas, especialmente la fumigación aérea de cultivos de narcóticos”. El editor del proyecto agregó, en diálogo con El Espectador, que esta manera de actuar frente a los sucesos en Colombia ocurrió durante los años 80 y 90 y se basó, básicamente, en una premisa: aprovechar el revuelo y el dolor por un hecho violento para presionar al gobierno de turno. “El apoyo adicional del gobierno de los EE. UU. permitirá al gobierno de Colombia institucionalizar operaciones antinarcóticos de largo alcance que continuarán después de que disminuya la agitación”, concluye el cable.
La CIA sabía de alianzas entre Ejército y paramilitares
El segundo documento desclasificado es de la CIA. Fue escrito cuatro años después del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, cuando Estados Unidos tenía enfilados todos sus esfuerzos en dar con el paradero de Pablo Escobar y la lucha armada se tornaba cada vez más sanguinaria en las regiones. El tema principal del informe se centra en la participación de comandantes del Ejército en “una ola de asesinatos contra presuntos líderes de izquierda”, principalmente en Medellín y el Urabá. En concreto, los informantes señalan que detrás de esos asesinatos estarían hombres del comando de inteligencia del Ejército, conocida como el B2, que se habrían concertado con narcotraficantes y paramilitares. En esa época, el genocidio del partido Unión Patriótica estaba en pleno despliegue.
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Según los agentes, resultaba “poco probable” que esa coordinación ocurriera sin el conocimiento del comandante de la Cuarta Brigada, con sede en Medellín. Los informantes de la CIA fueron más allá con los detalles de estos vínculos ilegales. De acuerdo con el documento, los vínculos entre el Ejército y los grupos paramilitares resultaron en lo que se conoció como las masacres de Honduras y La Negra, ocurridas en marzo de 1988 en el corregimiento Currulao de Turbo (Antioquia). Con lista en mano, hombres sin identificar asesinaron a veinte trabajadores sindicalizados y simpatizantes de partidos de izquierda. Con nombre propio, el documento de la CIA señala que detrás de los crímenes estuvo Plinio Correa, jefe de inteligencia de la Cuarta Brigada.
Años después, la justicia investigó los hechos y condenó a hombres al mando del líder paramilitar Fidel Castaño, a un exalcalde, y a Hernán Giraldo, alias el Patrón, extraditado paramilitar que delinquió en el Magdalena. Las pesquisas judiciales nunca tocaron a miembros del Ejército ni tampoco a quienes la CIA también señaló en su informe de responsables: el Cartel de Medellín. “Si bien es posible que algunos de los individuos que llevaron a cabo los asesinatos sean miembros activos del B2, es más probable que la información de inteligencia se haya compartido con un grupo paramilitar privado, aunque el Ejército colombiano prefiere culpar de los asesinatos a la rivalidad entre el Epl y las Farc”, se lee en el documento desclasificado.
Crisis por amenazas a agentes de la DEA
Entre los archivos inéditos que consiguió la NSA a los que tuvo acceso la Comisión de la Verdad están los que hacen parte de lo que llamaron Colección Mark Bowden, una serie de documentos a los que tuvo acceso este periodista estadounidense para su libro Matar a Pablo Escobar: la cacería del criminal más buscado del mundo. En esa lista hay un documento que revela que, en 1992, la misión de la DEA en Bogotá sabía que los miembros de esa agencia en Colombia que tenían vínculos con Luis Meneses, más conocido como Ariel Otero —militar que se retiró del Ejército por sus nexos con paramilitares—, podían estar en peligro. Otero fue hombre de las entrañas de la Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y conoció de primera mano las movidas de esos grupos con narcos como Pablo Escobar.
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En el documento desclasificado, los agentes de la DEA señalan que saben que funcionarios de la entidad se reunieron cara a cara con Otero en al menos seis ocasiones. “Los agentes también tuvieron tres conversaciones telefónicas con Otero y recibieron cinco mensajes de fax de él”. El contacto con el líder paramilitar, que además ayudó a entrenar a hombres del Cartel de Medellín, habría sido clave para los esfuerzos de las autoridades de Estados Unidos y Colombia para dar con Escobar. Además de este jefe paramilitar, los agentes de la DEA tuvieron contacto con Henry Pérez, el predecesor de Otero en las autodefensas. Con él también sostuvieron reuniones. La relación permanente con ambos puso en alerta a la DEA, luego de los asesinatos primero de Pérez y luego de Otero.
La agencia antidrogas explicó en el documento, fechado el 4 de febrero de 1992, que supieron que Otero había sido torturado antes de su homicidio en Puerto Boyacá en enero de ese año, y que era posible que hubiera admitido haber proporcionado información a la DEA, incluyendo los nombres de sus contactos en la agencia. “Actualmente, no hay indicios de una amenaza real y las medidas de seguridad adjuntas se toman únicamente como precaución para garantizar la seguridad de los agentes”, concluye el archivo desclasificado. El cuerpo de Otero apareció con un aviso que decía: “Por traidor, ladrón y asesino” y aunque aún no es claro quién lo asesinó, las versiones apuntan a que habría sido el Cartel de Cali.
Las petroleras y la lucha contrainsurgente
Con la caída de Pablo Escobar, en diciembre de 1993, las autoridades estadounidenses enfocaron sus esfuerzos en Colombia en el tema de los cultivos ilícitos. Aunque la cacería de los narcotraficantes siguió estando entre sus prioridades, con el Cartel de Cali y el del norte del Valle, la proliferación del poderío de las Farc y el aumento de grupos paramilitares pasó a estar en la agenda del día. Llegaron las tomas guerrilleras a pueblos enteros, secuestros, masacres y, en 1998, la guerra no daba tregua. El recrudecimiento de los enfrentamientos entre todo tipo de grupos armados ilegales quedó en evidencia en el cuarto documento desclasificado: un informe de la Oficina de Análisis de Asia, el Pacífico y América Latina de la CIA.
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En el archivo de 11 páginas, el autor titula: “El aumento de la violencia guerrillera en la industria petrolera y su impacto en los intereses de Estados Unidos”. La conclusión general es que esa violencia privaba a “Bogotá de importantes ingresos fiscales y de divisas, expone a los inversionistas estadounidenses a mayores riesgos, reduce la demanda de exportaciones de bienes de capital de EE. UU. y daña los ecosistemas frágiles”. Más allá de los intereses, lo revelador del documento es que, desde 1998, la CIA reportó la presencia de lo que llamó “actores no estatales en el conflicto” y que al menos una empresa multinacional del sector petrolero estaba “proporcionando activamente información de inteligencia sobre actividades guerrilleras directamente al Ejército (colombiano).”
Según el reporte, parte de esa información se obtuvo “utilizando un sistema de vigilancia aerotransportado para exponer campamentos guerrilleros e interceptar comunicaciones guerrilleras (…) El Ejército explotó con éxito esta información e infligió unas cien bajas durante un operativo contra la guerrilla en Arauca en 1997”. Aunque no revela un nombre puntual, el informe de la CIA señala que otras empresas privadas pagaron a militares en Colombia por protección, “una práctica que muchas firmas quieren eliminar gradualmente para evitar ser vinculadas con abusos a los derechos humanos”, dice el archivo. Precisamente, la relación entre empresas privadas y grupos armados, estatales o no, ha sido, según expertos, una de las deudas más grandes en términos de verdad del conflicto armado.
El conteo de cuerpos y las ejecuciones extrajudiciales
Para la fecha del quinto documento revelado por la NSA, y esta semana por The New York Times, el Plan Colombia ya estaba andando. Concebido entre los gobiernos de Bill Clinton y Andrés Pastrana, su enfoque fue un programa para la lucha antinarcóticos, pero también para complementar una reforma militar que estaba en marcha en Colombia. Aunque el plan incluyó un compromiso directo con el respeto de los derechos humanos, el apoyo se tradujo en cuestiones económicas y militares que modificaron el curso del conflicto. Llegaron equipos de ofensiva aérea y sistemas de inteligencia de última tecnología, pero también entrenamiento para batallones de alta montaña y fuerzas de tarea conjunta.
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El programa militar estuvo a cargo del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom). En julio de 2003, el plan era todo un éxito. O así se lo hizo saber un alto funcionario del Pentágono a Donald Rumsfeld, entonces secretario de Defensa del gobierno de George W. Bush. En el documento, el alto funcionario del Pentágono señala que las tropas colombianas han tenido un buen entrenamiento y ahora desplegaban operaciones contra objetivos de alto valor y que, desde enero de 2003, el Ejército colombiano entrenado por Estados Unidos reportaba un alto número de muertos durante enfrentamientos armadas.
El hecho de que Rumsfeld calificara de exitoso el aumento en el número de guerrilleros muertos durante combates es un asunto problemático para el Archivo de Seguridad Nacional y Michael Evans. “El documento desclasificado muestra cómo las métricas del Pentágono para el éxito contra los insurgentes colombianos pueden haber contribuido al fenómeno de los falsos positivos”, señala la NSA. Una práctica que, según datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocasionó la muerte de 6.402 civiles a manos de las Fuerzas Armadas, casos que hoy investiga esa justicia especial. “Tanto nosotros como los colombianos podemos hacer más. La intensificación de (ilegible) con la ayuda de EE. UU. es clave para inducir deserciones de hombres de las Farc”, concluye el documento del Pentágono.
EE. UU. apoyó la captura de alias “Sonia”.
El sexto y último documento revelado esta semana por la NSA se refiere a una empresa que ha estado detrás de polémicas por, supuestamente, estar conformada por mercenarios. Se trata de DynCorp, firma contratada por el Departamento de Estado de Estados Unidos para cumplir con uno de los objetivos del Plan Colombia: fumigar los cultivos ilícitos. Aunque la empresa había aterrizado en el país desde 1994, en la fecha del informe desclasificado (febrero de 2004), sus funcionarios ya eran asiduos en aeropuertos y operaciones de aspersión aérea. Según el documento, un reporte anual sobre el trabajo de DynCorp en varios países, la empresa también estaba participando de operaciones militares con objetivos de alto valor, como líderes de las Farc. El informe señala que esas tareas no estaban descritas en su contrato.
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Aun así, la firma solía prestar apoyo médico para las operaciones y también para su planeación. Las misiones ocurrieron en Tumaco, Mitú, San José y Miraflores, entre otros lugares, y “los esfuerzos del contratista dieron sus frutos en la culminación exitosa de la misión”, dice el documento. El informe de evaluación destaca una de las operaciones de mayor éxito, al menos hasta 2004, que calificó como “excelente”. Sucedió en Cartagena del Chairá (Caquetá) en febrero de ese año y contó con el despliegue de ocho helicópteros de la Fuerza Aérea, 120 uniformados y personal de la Fiscalía. La operación dio con la captura de un objetivo de altísmo valor: Omaira Rojas, conocida como Sonia, jefa de finanzas del Bloque Sur de las Farc, bajo el mando de Fabián Ramírez.
En ese momento, la operación fue reseñada en medios nacionales como la segunda más importante de la guerra contra las Farc, solo después de la captura en Ecuador de Simón Trinidad. Según el archivo desclasificado, DynCorp también brindó su apoyo para la Operación Dignidad, una misión de magnitudes poco usuales: 600 soldados y más de 20 helicópteros, para retomar el control del municipio de Miraflores, que había estado bajo el control irregular de las Farc desde 1998. “Sus acciones en la planificación y el uso de la previsión en la planificación de la misión evitaron problemas relevantes durante esta misión y son una prueba más del progreso”, concluye el documento.
Estas revelaciones del NSA son apenas un abrebocas de lo que podrían contar los miles de documentos que tienen en el archivo de Colombia, que publicarán en su totalidad en agosto próximo. La Comisión de la Verdad tuvo acceso a todos ellos, pero con el lanzamiento de la biblioteca virtual, el acceso a los documentos será completamente libre. Un paso más, dice Michael Evans, para responder preguntas nunca antes resueltas sobre el impacto y la responsabilidad de Estados Unidos en la guerra colombiana.
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