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Los documentos desclasificados a los que accedió la Comisión de la Verdad fueron claves para entender el papel de Estados Unidos en el conflicto colombiano. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales hallazgos de esos documentos?
La Comisión de la Verdad es una oportunidad para que estos archivos ocultos por tanto tiempo hablen. Y para nosotros, en el Archivo de Seguridad Nacional, es un momento clave de muchos años de trabajo, buscando la desclasificación de los registros de seguridad nacional de EE. UU. Esperamos ser parte de una contribución a una paz duradera a través de la Comisión de la Verdad. Creo que uno de los principales patrones, en términos del papel de Estados Unidos en el conflicto armado, es la manera en que mi país utilizó su considerable influencia económica en sus relaciones y también en el fortalecimiento de la asistencia militar e intensificar la guerra contra las drogas.
¿Se refiere a lo que sucedió en la década de los 80?
Así es. Se aprovecharon de ciertas situaciones para intensificar las operaciones antinarcóticos, como la fumigación aérea de cultivos ilícitos, la extradición, el aumento de las operaciones contraguerrilla y operaciones antiterroristas. Un ejemplo de esto se ve en un cable del mes de mayo de 1984, en el que la Embajada de Estados Unidos describe los esfuerzos que considera debe implementar el gobierno durante ese contexto.
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Habla sobre el cable después del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla…
Así es. Lo que se evidencia allí es a la Embajada de Estados Unidos indicándole cómo aprovechar ese momento emocional para presionar a Colombia a ser más agresivo en la guerra contra las drogas. Esto es solo un ejemplo de lo que se ve a lo largo de los años 80 y 90: en ciertas situaciones, EE. UU. vio una oportunidad para aprovechar una especie de intensificación de las operaciones antinarcóticos en momentos claves. Usar la palanca que proporciona un desbordamiento emocional, como después del asesinato de Lara Bonilla o más tarde en los años 80.
Y ahora la Comisión criticó precisamente ese tipo de políticas que tomaron gobiernos en esa época…
Exacto. Fueron políticas, que la Comisión dice ahora, exacerbaron el conflicto como la fumigación o la extradición. Hubo mucha presión de Estados Unidos para que eso ocurriera. Por supuesto, ya sabemos cuáles son los resultados.
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Usted habla de otros patrones que se pueden evidenciar en los archivos. ¿Cuál otro identificó?
Hay otro muy representativo y es que EE.UU., durante mucho tiempo, sabía muy bien sobre los vínculos entre las fuerzas de seguridad del Estado y los paramilitares, las masacres y narcotraficantes. Por eso destaqué un informe de la CIA de 1988 que vincula a las Brigadas 10 y 4 del Ejército, sus comandantes y sus secciones de inteligencia B2 con varios actos de violencia paramilitar y la eliminación de la izquierda política, como el caso de la Unión Patriótica y las masacres de Honduras y La Negra. Estos son, como saben, casos extremadamente importantes y muy conocidos, y esto es algo que vemos una y otra vez en los archivos desclasificados. Es decir, Estados Unidos estaba siguiendo de cerca estos vínculos entre los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad colombianas.
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¿Y qué posición tomaron frente a ese problema?
Eso llevaría a un montón de compromisos en términos de lo que Estados Unidos estaba dispuesto a tolerar y el tipo de relaciones que formó con algunos de estos personajes indeseables en Colombia. En definitiva, mientras se expresaba preocupación por algunas de estas cosas, como las relaciones de estos grupos ilegales con el Estado, se hizo muy poco para disuadirlas.
Además de los archivos desclasificados, la NSA tiene en su poder documentos que donó el periodista Mark Bowden. ¿Qué puede decir de ellos?
Hay uno realmente interesante, y lo considero único, pues discute las posibles amenazas contra el personal de la DEA con sede en Colombia después de la muerte de Luis Meneses, también conocido como Ariel Otero, que fue el líder de las autodefensas en el Magdalena Medio. Y el motivo de la preocupación, según este documento, era que estos funcionarios de la DEA habían estado en contacto regular con Meneses y su predecesor, Andrés Pérez. Lo que dijeron los agentes es que había señales de que Meneses había sido torturado y por ello pudo haber hablado. Creo que el documento plantea un montón de preguntas acerca de las relaciones con otros individuos y grupos que EE. UU. trató de cultivar.
¿A qué se refiere?
Estados Unidos estaba tratando de cultivar fuentes o contactos con algunas de las figuras más infames de la historia. Entonces, ¿qué sabía Estados Unidos? ¿Cuál era la naturaleza de esas relaciones exactamente? ¿Cuál era la naturaleza de la cooperación con ellos contra Escobar y qué sabía EE. UU. sobre todos los actos ilegales en los que estas personas estaban involucradas, al mismo tiempo que los llamaban por teléfono y recibían mensajes de fax de ellos?
Justamente ese cable explica que los agentes consideraron “lógico” hablar con los enemigos de las personas que ellos buscaban…
Es otra versión de esta especie de “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. El tipo de vínculos que en su momento parecen lógicos. Y en retrospectiva miras hacia atrás y dices: Sabes que estaban trabajando con algunas de estas personas, que finalmente se convirtieron en algunos de los mayores carniceros y asesinos en Colombia. Entonces, ¿cuáles fueron esos compromisos? ¿Qué tipo de promesas se les dio a estas personas? ¿Con quién más estaban hablando? Y creo que eso plantea un punto interesante sobre este tipo de documentos.
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¿Por qué?
Porque esto solo es el principio, no el final. Pasa igual con el Informe Final. La esperanza es que la Comisión y el informe y la reunión de todas estas pruebas, sea una manera de crear esta especie de inventario de la verdad. Es como una hoja de ruta para saber hacia dónde debemos ir en el futuro. ¿Qué nuevas fuentes podemos encontrar sobre el conflicto y cómo podemos utilizar las conclusiones y las recomendaciones de la Comisión para conseguir más transparencia y más desclasificación de la información, no sólo de Estados Unidos, sino también de Colombia?
Una de las recomendaciones de la Comisión es que Colombia desclasifique sus informes de inteligencia, ¿qué opinión le merece?
Claro. Aunque hay muchas recomendaciones y muy importantes. No quiero minimizar la importancia de ninguna de ellas, pero para mí una de las grandes recomendaciones que hay es la de cambiar el período en el que los archivos de inteligencia son tratados como confidenciales en Colombia. Aunque se supone que son 30 años, en la práctica se vuelven 45. Deberían reducirlo a 15 años, es un plazo mucho más razonable. Especialmente a la luz de este informe que ahora ha develado mucha de esta otra verdad. Que los colombianos tengan la oportunidad de revisar, ojalá sus propios archivos, y no solo los que el Gobierno quiera liberar. También los archivos más sensibles. Conocemos la historia por los archivos de Estados Unidos. Conocemos la historia por haberla visto con nuestros propios ojos. Por eso creo que es una tontería, y daña la credibilidad del gobierno y de las agencias mantener ese nivel de secreto sobre sus archivos.
¿Podría mencionar ejemplos de cómo la insistencia de Estados Unidos en las políticas nacionales afectó al país?
Por ejemplo, las operaciones de fumigación cultivos ilícitos que expulsaron a la gente de sus hogares y crearon desplazamientos internos e inconmensurables impactos negativos en el medio ambiente. Estados Unidos las impulsó con mucha fuerza, a pesar de la resistencia que hubo a muchas de estas políticas que Estados Unidos quería imponer en Colombia en nombre de la guerra contra las drogas. Hubo una especie de externalización del problema de las drogas en nuestro país, pues no solo se le hizo frente a la demanda en los Estados Unidos, tratando de eliminar la oferta. Se externalizó la culpa y se culpó a los colombianos por lo que era esencialmente un problema en los Estados Unidos.
Otro de los temas que salió a la luz en los documentos desclasificados tiene que ver con la presencia de multinacionales petroleras en el país que terminaron inmersas en el conflicto. ¿Qué consideraciones podría compartirnos de este tema?
EE.UU. siempre vio problemas en el sector privado. Por ejemplo, el sector del petróleo. Hay un documento fascinante en esa colección que publicamos con las preocupaciones sobre cómo estas corporaciones petroleras multinacionales estaban siendo arrastradas más profundamente en el conflicto y para EE. UU. había una variedad de razones por las que estaba interesado en la seguridad en el sector del petróleo. No solo financiera, sino también en términos de tratar de asegurar la estabilidad de Colombia. Se habla de corporaciones multinacionales que llevaron a cabo sus propias operaciones de inteligencia. Formaron sus propios grupos paramilitares por contrato. Es algo generalizado.
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¿Esas preocupaciones coincidieron con el lanzamiento del Plan Colombia?
Tenemos información clave de 1998, cuando el Plan Colombia estaba a punto de arrancar y la idea era apoyar este plan de paz y de atacar los cultivos de droga. Pero había muchos otros intereses y otras preocupaciones. Una de ellas, creo, es una especie de privatización del conflicto. En zonas donde el Ejército colombiano y las fuerzas de seguridad colombianas estaban en retirada, había compañías petroleras y fruteras con grandes intereses económicos que operaban en partes muy peligrosas de Colombia. Allí se ve la forma en que el conflicto se privatizó y se entregó a los grupos armados ilegales.
Otro de los documentos más polémicos es el de un agente del Pentágono que expresa el “éxito” del Plan Colombia en el número de guerrilleros muertos en combate. Hoy, a la luz de lo que se sabe sobre las ejecuciones extrajudiciales, ¿qué opina al respecto?
Claro. Y a este tema es clave ponerle un contexto, pues eso sucede durante la presidencia de Álvaro Uribe y el presidente George Bush, y justo después del atentado del 11 de septiembre en Nueva York. En ese momento, en nombre de la lucha contra terroristas, se levantaron las restricciones que había sobre la asistencia en seguridad que entregaba EE. UU. Se suponía que esta asistencia estaba muy limitada y solo era para operaciones antinarcóticos, porque podría estar involucrada en violaciones de derechos humanos. Hubo un esfuerzo por proteger realmente las formas en que se utilizaría la asistencia de seguridad en Colombia, y mucho de ello se debió a la dinámica de las preocupaciones del Congreso estadounidense y de Estados Unidos sobre involucrarse en otro Vietnam. Por eso el éxito que resultara del Plan Colombia debía ser claro.
Y eligieron hacerlo según el número de muertos…
Eso es lo que revela el documento. Pero, ¿cómo se mide realmente, por ejemplo, el progreso contra los cultivos de narcóticos? Pues resulta que es muy difícil. Se puede medir el número de hectáreas destruidas, pero también hay que medir el número de nuevas hectáreas cultivadas, y todas esas dinámicas resultaron ser muy difíciles para Estados Unidos. Por eso Terminaron midiendo el éxito de una manera muy cruda. Esto sucedió puntualmente para medir la lucha contrainsurgente ante el Departamento de Defensa de Donald Rumsfeld. Pues la respuesta fue contar los cuerpos.
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¿Alguien lo refutó?
Asesores militares del más alto nivel explícitamente le dijeron que el conteo de cuerpos no era una buena manera de medir el éxito, que se necesitaba un abordaje más holístico. Pero al año siguiente comenzamos a ver documentos en el despacho de Rumsfeld de reportes sobre logros contra las Farc y eran todo sobre bajas en combate. Yo no tengo formación militar, no sé si así se haga frecuentemente, pero ahora sabemos que esta práctica de contar cuerpos llevó a más de 6.000 muertes documentadas de personas a manos de militares que estaban intentando cumplir metas para impresionar a sus superiores. Y todas eran civiles. Creo que esto ilustra cómo opera EE. UU. en sus relaciones como el aliado mayor, que además tiene todas las cartas y toda la ventaja. Ciertamente, EE. UU. no es la única parte responsable del conflicto en Colombia, pero es muy fácil ver los vínculos entre las políticas estadounidenses y la exacerbación de la violencia.
¿Cuál es su perspectiva sobre lo que realmente sucedió con plan Colombia?
El Plan Colombia cambió y evolucionó. En un comienzo, lo vendieron como algo que Andrés Pastrana y sus asesores idearon, pero realmente respondía a la presión de Estados Unidos y una fórmula para que el gobierno estadounidense se sumara al proceso de paz. Pero lo que realmente les interesaba era poder fumigar cultivos de Coca en Putumayo y Caquetá sin restricciones. No querían otra cosa que no fuera eso. El programa fue cambiando porque ese objetivo no podían lograrlo si a donde iban a fumigar había presencia de las Farc. Era muy peligroso. Había todo un elemento de seguridad y eso se volvió la guerra. Para mí, ese fue el problema del Plan Colombia: operaciones de seguridad vinculadas a fumigación y, cuando se rompe el proceso de paz de Pastrana, comienza otra fase.
¿Cuál?
Es el momento en el que llega el presidente Bush, Donald Rumsfeld y Colin Powell en el Departamento de Estado. Todos de la misma mentalidad: que restringir las operaciones solo a operativos antinarcóticos era ridículo y su plan fue llevar el conflicto al siguiente nivel. Por supuesto, después del 11 de septiembre, las cosas cambiaron en términos de terrorismo. Colombia sacaba a relucir el argumento en reuniones con EE. UU. de: ustedes están experimentando terrorismo, nosotros sabemos de terrorismo, lo hemos experimentado por 30 años, somos expertos, trabajemos juntos. De ahí es que el término se volvió contraterrismo. Así, el Plan Colombia, que había comenzado como algo dirigido hacia la paz y que pudiera llevar al fin del conflicto, terminó volviendo el conflicto muchísimo más violento.
Usted ha tenido la oportunidad de trabajar con otras comisiones de la verdad. ¿Qué le impactó más de la colombiana?
Yo empecé en un cargo junior apoyando a mis colegas con la Comisión de la Verdad de Guatemala y fue una experiencia fascinante, pero esta es la primera vez que me veo involucrado de forma tan directa con una comisión así, que viene de un esfuerzo tan ambicioso. Para mí, fue una experiencia personal mucho más profunda, pero aún es muy temprano para hablar (de impacto). En Guatemala, un hallazgo de la Comisión fue un documento extraordinario sobre escuadrones de la muerte, el cual los militares trataron de bloquear y de destruir y todavía se usa en juicio contra exmilitares o funcionarios del Gobierno. Así que, en el caso colombiano, no lo sé aún. Falta ver a dónde lleva el camino. Uno espera que el informe de la Comisión inste al Congreso a mover las investigaciones, o a que se pidan más archivos aún clasificados. Colombia tiene uno de los sistemas de justicia transicional más ambiciosos que hayamos visto, en términos de tamaño y alcance y tiene la oportunidad de ver las complejas dinámicas con las guerrillas, los carteles de droga, las multinacionales, lo público. Es su oportunidad de entenderse como un todo, no solo el rol de unos cuantos. También me parece muy importante el enfoque sobre la niñez o de género, eso hace 20 o 25 años no se conocía. Mi esperanza es que esta comisión promueva más transparencia.
¿A qué se refiere con más transparencia?
A peticiones para desclasificar información. Ojalá que también lleve a más gente que ha permanecido en silencio, a contar sus historias o a revelar documentos que se han guardado. Esa es la esperanza. Ya veremos qué pasa en los siguientes dos, cinco, diez años. Creo, de todas formas, que este será uno de los mayores pronunciamientos sobre el conflicto. La gente recurrirá a este informe para atacar la impunidad y encontrar justicia. No verdad: justicia.
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¿Puede darnos un adelanto de lo que se va a conocer en materia de víctimas?
Hay toda una base de datos de documentos. Cables de la Embajada de Estados Unidos, archivos de la CIA, mucha información del Pentágono, documentos que remiten al inicio del conflicto, años cuarenta, cincuenta, sesenta. Muchos documentos fascinantes de ese período que en el Archivo de Seguridad Nacional conseguimos de bibliotecas presidenciales o por solicitudes hechas con base en la Ley de Libertad de Información que muestran, por ejemplo, cómo surgió el DAS, o la importancia de Estados Unidos en operaciones de contrainsurgencia como el Plan Laso. Habrá mucho más, es todo lo que puedo decir. Hablamos de unos 20.000 documentos, así que no me puedo adelantar, pero algo que hicimos para resaltar ciertas cosas fue crear tres documentos anexos. Uno sobre vínculos entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad. Otro sobre cómo el narcotráfico pasó de ser un crimen ordinario a ser un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, cuando estaban los presidentes Reagan y Bush.
¿Hay algo sobre la fumigación?
Sobre el debate de la fumigación en los años ochenta. De cómo Betancur se resistía a usar un químico llamado Paraquat en el que los Estados Unidos insistía (…) y cómo compañías que producían estos químicos buscaron protección legal en Colombia anticipándose a los problemas que podrían tener por los efectos de la fumigación. Sumergirse en esa discusión es fascinante. El diablo está en los detalles. En general, para mí fue un privilegio trabajar en esto con la Comisión. Es algo que recordaré el resto de mi vida.
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