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El coronel (r) Publio Hernán Mejía, con dos condenas a cuestas por permitir asesinatos en la modalidad de “falsos positivos” en el Cesar, era un hombre libre hasta ayer 11 de mayo. Justamente, en su último día antes de volver a ser prisionero, ejerció su derecho a la libertad de expresión y, junto a centenares de miembros de la Fuerza Pública retirados, se tomó la Plaza de Bolívar en Bogotá. Rechazó, al igual que el general (r) Eduardo Zapateiro, las reformas del Gobierno de Gustavo Petro. Ahora, por decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), será capturado y regresado a una guarnición militar.
(En contexto: JEP ordenó capturar al coronel (r) del Ejército Publio Hernán Mejía)
En 2017, Mejía solicitó someterse a la JEP, ofreciendo una verdad novedosa del conflicto armado. Ese mismo año lo aceptaron y la justicia ordinaria le concedió el beneficio de la libertad condicional, a cambio de contribuir a la verdad, a la no repetición y a la reparación de las víctimas. Fueron alrededor de seis años en los que Mejía vivió como un ciudadano sin cuentas pendientes ante la ley, al punto que se lanzó a la presidencia para las elecciones del año pasado y para ello montó un canal de YouTube, con el cual ampliar su discurso. “Primero la Patria”, una cuenta que hoy le cuesta la libertad.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos fueron las organizaciones que alertaron a la JEP que, ese Publio Hernán Mejía público, no estaba cumpliendo con el denominado régimen de condicionalidad. Es decir, que si bien disfrutaba de los beneficios de la justicia transicional, estaba haciendo poco o nada para garantizar la no repetición. Prueba de ello era el video “A Colombia no se amenaza”, en la que, hablando del paro nacional, Mejía señaló: “no estamos ante una manifestación ni a una protesta pacífica, estamos ante una guerra planteada por el comunismo, por el globalismo con el apoyo de las FARC, del ELN”.
Luego de ello, Mejía siguió con su discurso, contrario a lo que se esperaría de alguien que busca la paz y la no repetición del conflicto armado: “la presencia de una emboscada internacional contra Colombia estaba cantada. Hoy más que nunca renovamos el juramento, dentro de la constitución y la Ley para defender a Colombia al precio que sea. En pie veteranos de Colombia, en pie las reservas y reservistas, adelante los gremios, los campesinos, la gente de bien, los reservistas que un día pagaron servicio para acompañar y de ser necesario apoyar a la fuerza pública en este reto contra el terrorismo disfrazado hoy de protesta pacífica”.
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Para la JEP, con sus palabras, Mejía hizo una convocatoria directa al levantamiento de la ciudadanía, ante una supuesta amenaza. Incluso, invita a personas conocedoras en el manejo de armas y que saben de prácticas militares, para que lo sigan en sus ideas “al precio que sea”. De otro lado, la JEP rechazó que el coronel (r) Mejía establezca categorías de ciudadanos como “de bien”, lo que significaría un escenario previo al ejercicio de la violencia. Sus letras traían explícitas estigmatizaciones, expresiones de odio, amenazas, afectación a la confianza cívica y negación de la democracia.
Otro de los videos analizados por la JEP, fue el de “Apoyemos a María Fernanda Cabal”. De cara a las elecciones presidenciales de 2022, dijo públicamente lo siguiente: “Queridos compatriotas, veteranos de tierra,mar y aire, reservas integrantes y familiares de la fuerza pública: son angustiosos momentos de inmensas conmociones los que vive la patria, de mentirosos, de fanfarrones, de oportunistas y terroristas en las candidaturas (…) Colombia como nunca exige las decisiones de sus ciudadanos, no hay más tiempo, la libertad todavía es un bien del cual gozamos y debemos preservarla al precio que sea, ahora es el momento de inclinar la balanza”.
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Asimismo, el discurso de Mejía pudo evidenciarse en el video, “Gamolanes con Dinero y mentira”. Se despachó contra quienes entonces eran candidatos y hoy son los líderes del Ejecutivo: “Petro y Márquez no ganarán las elecciones y ellos lo saben muy bien, pero están preparando el más brutal movimiento de violencia y destrucción bajo el pretexto de que le robaron las elecciones de nuevo. Ya elaboran pancartas, preparan bombas, alistan, primera, segunda y varias líneas más, incluyendo en ellas al ELN, a los indígenas, entre otros grupos armados, y así darán inicio a otra oleada de terror inolvidable y destructora par el país”.
En otro de los videos que ya no están colgados en internet, pero que sí fueron analizados por la JEP, Mejía habla de su anterior precandidatura presidencial en una entrevista. Aseguró que en el órgano de justicia transicional ha tenido la oportunidad de presentar su defensa y de tratar de preguntarles a las víctimas. Ellas, dijo Mejía, no aparecieron porque “no existen”. Y que el colectivo de abogados (al parecer el José Alvear Restrepo) es enemigo natural “de las fuerzas militares y el Estado”. También dijo que se le ha vinculado con falsos positivos, sin aclarar las condiciones de tiempo, modo y lugar. Todo cuando, por ello, tiene dos condenas y un juicio en la JEP, que podría darle 20 años de prisión.
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Tras analizar cuatro videos, la JEP concluyó que el contenido de los discursos de Mejía fue ilegítimo en el contexto de una campaña presidencial, pues solo contribuyó a acentuar la estigmatización y la discriminación contra los manifestantes en el paro nacional. Y que hizo lo mismo con diferentes actores políticos, a quienes señaló de terroristas y determinadores de la destrucción. A la JEP, además, le pareció un contrasentido que Mejía estiviese libre gracias al sistema de justicia, pero que en declaraciones públicas diga que el Acuerdo de Paz le entregó “el país al terrorismo”.
“Así las cosas, a partir de los diferentes elementos materiales probatorios recaudados dentro del trámite de verificación, concluye la Sección que se ha podido constatar que el compareciente Publio Hernán Mejía Gutiérrez ha incumplido el régimen de condicionalidad. Concretamente, en su obligación de no repetición, pues se reitera, los escenarios de campañas políticas no constituyen espacios en los que se puedan asumir posiciones como las de ‘todo vale’, contrario a ello, en virtud de dicha creencia, debe contribuir a mantener una cultura de respeto a los derechos humanos y restaurar la confianza pública”, concluyó la JEP.
Al final, la Jurisdicción explicó que el coronel (r) Mejía cometió una alta violación al régimen de condicionalidad, por lo cual será privado de su libertad en una guarnición militar. Allí deberá seguir pagando su condena a 19 años de prisión, por vincularse con paramilitares al punto de patrullar en conjunto, cuando era comandante del Batallón La Popa al inicio de los 2.000. Asimismo, la JEP adelanta un juicio en su contra por la muerte de 75 inocentes presentados como bajas en combate por el Ejército, entre ellos tres indígenas kankuamos. Alcanzó, ayer 11 de mayo, a despedirse de la vida en sociedad, justamente ejerciendo su derecho a la libertad de expresión contra el presidente Petro.
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