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“Lo que han hecho en todos estos años es desarmar a la población civil de sus herramientas de progreso y entregar los beneficios de esta nación a un puñado muy pequeño de privilegiados”, dijo el senador del Partido Verde Iván Marulanda en un emotivo llamado a sus colegas de las comisiones terceras del Congreso para que tumbaran la Ley de Crecimiento Económico (antes Ley de Financiamiento, pero que siempre fue reforma tributaria).
Afuera la calle bullía de protesta e indignación por las múltiples injusticias. Pero la mayoría de los congresistas no escuchó ni a Marulanda ni al clamor social. Y es casi seguro que el proyecto pase tal cual, ahora que Cambio Radical, antes opositor, acordó con el gobierno Duque darle los votos que necesita para volverla ley. (¿Obró el milagro la mermelada ministerial?).
Dice una carta al Congreso presentada por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, y suscrita por decenas de expertos, que el proyecto les rebaja casi $9 billones de impuestos a los empresarios nacionales y extranjeros y apenas $1,7 billones a los ciudadanos de a pie. Y no es que el Estado colombiano esté de gangas. En realidad, anda mal de plata: le creció la deuda pública en $60,6 billones en 2018 y el déficit fiscal viene en subida.
Lo que pasa es que la dupla Duque-Uribe cree que el crecimiento sólo lo traen la gran hotelería en pueblos pequeños, los macroagroindustriales, los constructores masivos, las madereras del gran marañón, las megainversiones en cualquier cosa. No es clara “la razón detrás de la entrega de los alivios tributarios a las megainversiones, ni los criterios utilizados para escoger la naturaleza de las inversiones”, dijeron los expertos del Observatorio, que además anotaron que los $9 billones equivalen a dos veces el presupuesto total de las universidades públicas.
Y digo yo que si el duribismo considerara el capital humano, por ejemplo, como motor de crecimiento económico sostenido, duplicaría los cupos en las universidades públicas, en lugar de rebajarles impuestos a transnacionales y conglomerados. O si se diera cuenta de que quienes más empleo y alimentos producen son los pequeños y medianos empresarios y campesinos, sacaría una norma tributaria que más transparentemente los favorezca y no necesiten de abogados carísimos para interpretarla a su favor.
Los subsidios no son para sacar a nadie de pobre, como rebajar aportes a salud para los pensionados de salario mínimo. Aunque las exenciones para la “economía naranja” exigen inversiones menores, no será fácil para un grupo cultural innovador levantar $150 millones, que es el mínimo para conseguir beneficios. Y devolverles el IVA después de 2021 a los hogares de estratos bajos es una jugada tan difícil de implementar, como atractiva para los corruptos y demagogos (un cheque a cada hogar pobre justo al arranque de la próxima campaña electoral para presidente).
La idea de la senadora Guerra de tres días de compras sin IVA va disfrazada de caridad cristiana, pero parece guiño a los comerciantes para que salgan de inventarios por cuenta del erario público.
En suma, para el oficialismo, los impuestos en Colombia son una palanca poderosa para la bienaventuranza de los grandes megaempresarios porque de ellos es el crecimiento económico (y el reino de los cielos). A los demás nos queda celebrar que nos pensionamos con un salario mínimo porque en 2022 sólo nos quitarán el 4 % para darnos salud, agradecer las dádivas en formato de devolución del IVA para saber a quién hacerle campaña en 2021 y alegrarnos porque las rebajas del Black Friday del 2020 las pagaremos con el IVA que nos cobran todos los otros días.
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