Tímidos pero importantes pasos anticorrupción

No todos los empleados públicos deberán dar a conocer su declaración, pero sí estarán obligados “los sujetos que administren, gestionen o desempeñen recursos públicos o lideren cargos de elección popular”, como explicó la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, una de las líderes que más han impulsado los proyectos anticorrupción. La norma incluye al presidente, los congresistas, los alcaldes y gobernadores, concejales, diputados y ediles.

Con esta información disponible, los ciudadanos, periodistas y organizaciones podrán hacer una vigilancia de los recursos que cada funcionario tiene e investigar en caso de que haya dudas sobre su procedencia. La divulgación de la declaración era algo que solía ocurrir en elecciones importantes de manera voluntaria, como en las presidenciales, pero que sea norma garantiza que deba cumplirse en todos los niveles de la gobernanza. Más transparencia es una buena noticia.

Por supuesto, si alguien tiene la intención de ocultar dineros mal habidos, esta norma no lo va a evitar. La lucha anticorrupción tiene muchas aristas. Pero se trata de una práctica que les va a dar más mecanismos de juicio a todos los electores.

La otra ley sancionada es la que elimina el beneficio de casa por cárcel para los corruptos y también inhabilita a las empresas que incurran en actos de corrupción para futuros contratos estatales.

La eliminación de la casa por cárcel busca tener un papel disuasorio, pero su verdadero efecto es simbólico. Les dice a todos los colombianos que los delitos cometidos desde la administración pública se consideran gravísimos y tendrán encima todo el peso de la ley. Es otra manera de decir, a nivel estatal, que los recursos públicos son sagrados. Un mensaje que todos deberían escuchar.

También es interesante que la ley elimina la posibilidad de reclamar indemnización cuando los contratos estatales se pierden por actos de corrupción. El caso de Odebrecht, con todas las ridículas vueltas que ha dado, nos enseñó que no pueden existir vacíos legales que protejan a las empresas que le roben al Estado. La ciudadanía está cansada de las historias donde se descubre corrupción y no parecen haber mayores consecuencias.

El Congreso y el Gobierno Nacional todavía están en deuda con el clamor de los colombianos por más normas anticorrupción, que sean eficaces y ayuden a combatir el problema. Que este primer paso no sea el último que se dé.

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