Hacia una mejor relación entre autoridades y ciudadanía

En vísperas de las marchas convocadas para el martes de la próxima semana, se ha dado en el país un debate sobre el uso del Esmad. La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Policía “suspender de manera inmediata el uso de la escopeta calibre 12 y su munición de impacto dirigido (…) por falta de capacitación a los miembros de la unidad sobre el manejo de esa arma”. Según el Ministerio Público, el uso de esa arma, con la que se causó la muerte de Cruz, “representa un serio peligro para la comunidad”.

El lamentable caso de Cruz es evidencia del peligro que representa el arma; la pregunta es si el Esmad ha tenido el entrenamiento suficiente para garantizar la seguridad de todos los marchantes incluso cuando se emplean este tipo de armas. La respuesta, según la Procuraduría, es que no. Preocupante.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se expresaron en contra de la escopeta y dijeron que en su ciudad no se usaría. Más allá de la discusión sobre el arma, lo importante es si el Estado va a poder responder mejor (y con menos violencia) a las manifestaciones venideras.

No se trata, por supuesto, de limitar por completo el actuar de las autoridades. En el pasado hemos visto el vandalismo de algunos criminales que se aprovechan del caos de las protestas. Pero sí es una cuestión de que la relación entre la mayoría de los ciudadanos y la Policía no puede estar mediada por la tensión constante.

En Bogotá, la alcaldesa López anunció un protocolo de cuatro pasos para responder a las manifestaciones, en el cual el Esmad será el último recurso. Primero intervendrán madres gestoras de paz, luego la Personería, la Veeduría y organizaciones de derechos humanos, después la Policía con casco y bastón. Solo si todo lo anterior falla, entrará el escuadrón antidisturbios. Se trata de una apuesta por confiar en los ciudadanos, pero también por entender que la fuerza del Estado no empieza ni termina en las bombas lacrimógenas.

Ya el año pasado en el país se vieron múltiples marchas que transcurrieron de manera pacífica. Barranquilla, salvo por un par de incidentes lamentables de ataques a periodistas, fue un muy buen ejemplo. Los nuevos mandatarios deben ver que el reto que les presentan las manifestaciones es encontrar la manera de resguardar la paz a pesar de todo. Si 2020 va a ser, como parece, un año de marchas, no puede ser también uno en el que los abusos de las autoridades contribuyan a incentivar la violencia.

Es momento de reconstruir la legitimidad y la relación entre la Policía y los ciudadanos. Para honrar la memoria de Cruz y para seguir construyendo nuestra democracia, el Estado tiene que ser mucho más cuidadoso de lo que ha sido en el pasado.

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