¿Qué hacer con las opiniones cargadas de violencia?

Samuel Ángel, un autoproclamado defensor de la “familia”, empezó una campaña en internet para recolectar firmas pidiendo la destitución de González. Las razones expuestas no eran las credenciales de la nueva secretaria de la Mujer, sino una sarta de insultos y actos de violencia simbólica. En pocos párrafos, Ángel y sus simpatizantes caen en la peor transfobia, y dejan en evidencia que en “su ciudad” solo admiten personas que sean idénticas a ellos. No deja de ser extraño que un grupo inspirado en la protección de los valores se sienta tan cómodo insultando y queriendo vulnerar a otro ser humano.

Tal vez lo más frustrante de esto es que los insultos contra González son los mismos que las personas trans tienen que experimentar a diario en Colombia. Por la discriminación, se trata de una población con una expectativa de vida reducida, con serias dificultades de acceso al mercado laboral y a los servicios de salud, y condenada a ser perseguida por personajes como Ángel. Ante eso, el rechazo de todo el país debe ser al unísono.

Por fortuna, el alcalde de Manizales y quien nombró a González, Carlos Mario Marín, no reversó su decisión. Se trata de una lógica sencilla: las únicas críticas válidas contra González, si es que las llega a haber, vendrán cuando ya haya podido adelantar su gestión; todo lo demás parte de la transfobia y la discriminación.

En una carta a La Patria, Ángel pidió espacio para que “respetuosamente, o nos deje hacer una columna de opinión en su diario o nos haga una entrevista sobre el tema”. En respuesta, Nicolás Restrepo Escobar, director del periódico, dijo que las “posiciones discriminatorias no tienen cabida en nuestras páginas” y reiteró su apoyo a la Alcaldía y a González.

Se trata de un debate interesante y difícil, al cual El Espectador no ha sido ajeno. Si bien es claro que cada medio tiene la opción de aplicar los criterios que desee para publicar (o no) contenido en sus páginas, a los medios también nos recubre un deber de proteger la libertad de expresión. ¿Nos equivocamos al no prestarles tinta ni espacio digital a quienes utilizan las palabras para violentar a grupos minoritarios?

No tenemos una respuesta definitiva, pero sí varias preocupaciones. Fiscalizar los discursos siempre implica una decisión subjetiva y llena de sesgos: alguien decide qué es discriminatorio y qué no. ¿Quién debería tener la potestad de hacer tal elección? ¿No sería mejor, tal vez, permitir que todas las posiciones sean expresadas y que el debate público se encargue de emitir juicios sobre lo dicho? Rechazar lo que dice Ángel, como lo hemos venido haciendo, no significa negar que se trata de una opinión en medio de tantas. Sí, una manera de pensar peligrosa y dañina, pero en todo caso protegida (hasta ahora) por la Constitución.

Cuando desde estas páginas hemos emitido críticas, por ejemplo, a organizaciones cristianas, nos han tildado de violentos, teofóbicos y de utilizar un discurso de odio. ¿Tendrían derecho, en ese caso, a buscar que se silencien nuestras ideas? Seguimos reflexionando.

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