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El pobre desempeño de Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha implicado una rápida erosión del prestigio y la credibilidad que había alcanzado esta entidad. Tres muestras de ese deterioro: la petición de renuncia de Acevedo por varias organizaciones de víctimas, que han solicitado además la devolución de sus archivos, que habían dejado en custodia del CNMH; la expulsión del CNMH de la importante Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, y la dura carta contra Acevedo suscrita por 63 intelectuales de la talla de Alain Touraine y Edgar Morin.
Frente a esta crisis del CNMH, no deberíamos quedarnos en el debate sobre la responsabilidad y posible renuncia de Acevedo, que es importante pero insuficiente. Deberíamos debatir también la reforma del CNMH.
El problema es que el CNMH no es, a pesar de su nombre, una institución nacional sino gubernamental, pues es un establecimiento público adscrito a la Presidencia, por lo cual, aunque goza de cierta autonomía administrativa y presupuestal, depende del presidente. Su director es nombrado y removido libremente por el presidente, como si fuera un ministro.
Esta naturaleza jurídica del CNMH es un error, pues, aunque la historia no es una ciencia exacta y pueden existir controversias honestas y razonables sobre el pasado, es inaceptable que cada presidente pueda usar el CNMH para rehacer el pasado. Como lo argumenté en otra columna, esta visión estalinista es inaceptable en una democracia, pues es divisiva y desconoce el derecho de las víctimas a que se esclarezca y preserve, hasta donde sea posible, la verdad de las atrocidades.
Este defecto sobre la naturaleza jurídica del CNMH pasó inadvertido antes, porque Santos nombró como director a una persona de la independencia y calidad profesional y humana de Gonzalo Sánchez, quien ejerció ese cargo en forma impecable. Pero hoy ese defecto se hizo claro con el controvertido nombramiento y desempeño de Acevedo.
El CNMH, aunque sea estatal, debería ser autónomo e independiente del Gobierno, por ser una institución encargada de establecer y preservar la memoria de la barbarie del pasado. Debería entonces tener un estatus semejante al de otras instituciones, que son estatales y públicas, pero que están dotadas de autonomía, porque cumplen una función que no debe quedar en manos del Gobierno. Existen muchos ejemplos: las universidades públicas, que están dotadas de autonomía, por obvias razones; los bancos centrales, que son independientes para evitar que el Gobierno manipule electoralmente la moneda; o la BBC, en el Reino Unido, que es un medio público de comunicación que no depende del gobierno para que no se convierta en una máquina de propaganda. En todos esos casos, existen mecanismos para asegurar la autonomía de esas instituciones, como que nunca su director sea de libre nombramiento y remoción por el presidente.
Un ejemplo notable en el caso de la memoria es el prestigioso Museo de la Memoria en Chile, que es estatal, pero no depende del gobierno. Su consejo directivo, que nombra su director, es autónomo, ya que está integrado esencialmente por académicos y organizaciones de derechos humanos.
El CNMH debería tener una estructura y naturaleza jurídica semejantes a esas instituciones, que son públicas, pero no gubernamentales. Y es el momento de discutir y adoptar esa reforma, teniendo en cuenta que el Congreso tiene que debatir, por orden de la Corte Constitucional, la mejora y prórroga de la Ley 1448 (Ley de Víctimas), que precisamente fue la que creó el CNMH.
*Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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