¿Quién gana al deslegitimar a la ONU?

La manera en que se contesta a las críticas importa. En las palabras que se emplean, el tono y la actitud de un presidente de la república se envían cientos de mensajes sobre su talante democrático, su respeto al disenso, su apertura a los debates a partir de la lógica. Cuando la respuesta a un informe negativo es buscar deslegitimar al interlocutor, se abre la puerta para que la polarización y los populismos sigan lastimando a las instituciones nacionales e internacionales. Eso es lo que parece estar pasando en la controversia reciente que involucra a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Al presidente, Iván Duque, no le gustó que la misión de la ONU en el país publicara un informe cuestionando la falta de protección a los derechos humanos. Cuando la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos presentó su informe anual, el mandatario contestó con una frase problemática: hay “una intromisión en la soberanía de un país cuando se dice que la Policía debe pasar al Ministerio del Interior”.

El descontento del Gobierno con el informe de la ONU no empieza ni termina ahí. Mientras que la Oficina denuncia que en 2019 hubo 36 masacres en Colombia, la cifra más alta desde 2014, y además llama la atención sobre los efectos perversos de la falta de presencia estatal, la respuesta oficial ha sido desacreditar la fuente, declararse indignado por la falta de equilibrio en lo dicho y cuestionar de manera sutil las intenciones de los investigadores del organismo multilateral.

Lo mismo ocurrió con el relator especial de la ONU para los Derechos Humanos, Michel Forst, a quien no se le permitió la entrada al país en el 2019 para actualizar su informe. Esta semana, mientras Forst presenta ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sus hallazgos sobre el asesinato de líderes sociales y la falta de respuesta de las autoridades, el Gobierno viene adelantando una narrativa en contra que, básicamente, se resume en que sus esfuerzos no han sido bien evaluados. No sobra, de paso, la pregunta: ¿cómo evaluar los esfuerzos si desde la administración se les bloquea el trabajo a miembros de la ONU?

Más allá de la discusión sobre los avances del Gobierno en la protección de los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz, que son, cuando menos, cuestionables, lo más preocupante en toda esta situación es el populismo y la polarización. Tan pronto el presidente habló de “soberanía”, el ala más radical del Centro Democrático salió a desacreditar a la ONU, atacando su legitimidad y acusándola de tener agendas cercanas a la izquierda global. No es casualidad que estrategias similares se hayan usado en otros países donde los informes de la ONU han causado incomodidad por contradecir narrativas oficiales, incluyendo a Venezuela.

No se trata de que el Gobierno se quede en silencio ante los relatos críticos, pero sí que no patee la mesa cuando algo no le gusta. La ONU ha sido una aliada fundamental a lo largo de los años en la construcción de la institucionalidad colombiana, así como en el avance de los procesos de paz y la recuperación del dominio territorial por parte del Estado. Quitarle la legitimidad es aislar al país y permitir que los discursos extremistas sean los que definan la política colombiana.

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