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Aterrados, viendo por lo que están pasando italianos y neoyorquinos, con hospitales atestados y millones de familias en zozobra, muchos gobiernos, incluido el nuestro, han optado por la estrategia más brutal para frenar en seco el contagio: ordenar la cuarentena casi total por 20 días o más, arriesgándose a producir la peor depresión económica en un siglo. La situación para los países como Colombia, donde la mitad de la población es cuentapropista y la protección social es esquelética, es más dramática.
Por eso, después del 13 de abril, cuando termine la actual cuarentena, aquí es indispensable que se discuta públicamente, con la más detallada información pública y la participación de los más sabios, cuál puede ser un plan que mejor nos proteja de la pandemia, al menor costo económico y social.
Por ahora la cosa va mal. La información oficial es ínfima y es generalizado el espíritu autoritario. Sólo en Bogotá y apenas hace una semana, nos dijeron que han tomado 1.681 pruebas, y de esas 183 tenían el virus, y apenas 19 necesitaron hospitalización. Pero del resto del país no sabemos números de pruebas solicitadas, ni tomadas, ni respuestas de EPS, ni ciudades de pacientes hospitalizados, ni cómo las UCI responden a la urgencia.
Nos dicen que compraron kits para 50.000 pruebas, pero no dicen dónde los van a repartir o con qué criterio. Anuncia el ministro de Salud, orgulloso con razón, que consiguieron comprar 1.500 respiradores en un mercado mundial desabastecido, pero no sabemos de dónde vienen, ni cuándo llegan, ni a qué precio compramos, ni cómo se van a distribuir, ni cómo es el plan de respuesta hospitalaria al eventual crecimiento de casos.
De la mitigación del impacto social sabemos aún menos. Dice el ICBF que “se fortalecerá la canasta familiar para que no haya desnutrición infantil”, pero no revela a cuántos niños de los 11 millones que estudian realmente les llegará la nutrición que ya no reciben en la escuela. Un niño se muere de desnutrición en Colombia cada día. ¿Cuánto empeorará?
Un estudio de las universidades EIA de Medellín y Rosario de Bogotá dice que cinco millones de trabajadores formales y 9,8 millones de informales no pueden teletrabajar. Sus ingresos caen en esta pausa si es que no bajan a cero. Y dice que recibe algún subsidio oficial apenas una de cada cinco familias que dependen de la economía informal.
Como a casi todo el mundo, la epidemia nos agarró sin estar preparados y la única salida de afán para atajar el monstruo fue el #QuédateEnCasa. Eso lo entendimos y lo acatamos, aun los que tienen más que perder.
No obstante, insinúan alegremente las autoridades que van a extender la estrategia de la cuarentena uno o dos meses más. Así sin más, sin abrir la discusión a la academia y a los expertos, sin dar información pública detallada, sin un plan aún hoy de qué sigue. Están aferrados a su caballo autoritario, haciendo de cuenta que sus mentirillas tranquilizantes son verdaderas.
Si así actúan, se estrellarán contra la realidad.
Nadie tiene respuestas fáciles ante el enorme problema. Por eso se requiere transparencia y debate. No se arreglan las cosas pretendiendo que nuestra red de seguridad social cubre a todos los vulnerables y no está ya llena de venas rotas. Tampoco haciendo de cuenta que un crédito bancario para pagar nómina, como el que ofrecen, salvará a empresas pequeñas y medianas, luego de un cierre de tres meses.
Tienen en sus manos, señores del Estado, una responsabilidad histórica mayúscula. Súbanse a la altura. Abran la información y la discusión pública y busquemos juntos una solución sensata y realmente solidaria.
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